POR DECRETO, DESIGNARON AL ORGANISMO RECAUDADOR AL COMANDO DEL TRASPASO DE BIENES
Perdonan las deudas de Ciccone con la AFIP a cambio de la expropiación
Es el esquema de compensación que impulsa el Gobierno para indemnizar a los accionistas, y que nadie conoce.
Salida. El ministro Lorenzino fue interventor en la ex Ciccone. Ahora esa tarea la hará la AFIP. / MARIO QUINTEROS
Mediante un decreto publicado ayer en el
boletín oficial, la presidenta Cristina Kirchner dispuso que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comandará de ahora en más el proceso de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica. El titular ese organismo, Ricardo Echegaray, está imputado
en la causa judicial que busca determinar si se cometieron delitos
desde el Estado para beneficiar a los ex dueños de esa misma compañía. A
esto se suma que la Justicia aún no determinó quiénes eran los accionistas mayoritarios que manejaron la imprenta hasta su estatización.
Hasta
ayer, manejó el proceso expropiatorio el Ministerio de Economía, de
Hernán Lorenzino, donde mantiene influencias políticas el principal
imputado de la causa Ciccone, el vice, Amado Boudou.
El decreto, en el artículo 4, determina que la millonaria deuda que la ex Ciccone tenía con la AFIP se tendrá en cuenta para descontar de la “compensación” económica
que los aún desconocidos accionistas mayoritarios le podrían reclamar
al Estado por la quita de su imprenta. Y agrega que se dispondrá “la
suspensión respecto del pago de las obligaciones impositivas, aduaneras y
de la seguridad social, sus intereses y sus multas” que hasta ahora acarreaba la ex Ciccone con el propio Estado.
Los ex dueños de la empresa, entonces, no deberán responder ante el fisco
por haber incumplido los pagos de una moratoria excepcional que había
obtenido gracias a resoluciones, justamente, de Boudou y Echegaray. A la
vez, también podrían quedar desligados de otra operación irregular: manejaron la compañía sin depositarle a sus empleados la mayor parte de sus aportes previsionales.
La
sociedad que controlaba la ex Ciccone hasta su estatización era The Old
Fund y estaba dirigida por el amigo y ex pariente político del socio de
Boudou, el millonario José María Núñez Carmona.
Alejandro Vandenbroele consiguió que la AFIP le otorgara a su compañía moratorias por un total de 240 millones de pesos.
A
pesar de haber obtenido en abril del 2012 un contrato estatal para
imprimir 410 millones de billetes de cien pesos, la ex Ciccone discontinuó los pagos a la AFIP y también a la ANSeS.
Esas deudas se tendrán en cuenta ahora para compensar a los ex accionistas que podrían reclamar una indemnización tras la expropiación de la empresa.
Lo
llamativo es que sólo impulsan ese reclamo los integrantes de la
familia Ciccone, que controlaban el 30% de la imprenta que llevaba su
nombre.
Los accionistas mayoritarios que integraban The Old Fund no hicieron ninguna presentación en la Justicia sobre este punto.
La tasación de la imprenta podría alcanzar los 200 millones de dólares, calcularon ante Clarín
fuentes del caso. El Estado le quitó la compañía a The Old Fund justo
cuando dejaba de ser rentable y empezaba a ser acosada por las deudas
con el fisco.
El decreto presidencial publicado ayer fue oportuno.
El juez comercial que tramita la quiebra de la ex Ciccone, Javier
Cosentino, había convocado a una audiencia al ministro de Economía y ex
interventor de la ex Ciccone, Hernán Lorenzino, para que intente evitar un nuevo quebranto de la empresa generado por las deudas impagas a la AFIP, según informó el diario La Nación.
La decisión oficial de suspender las “obligaciones impositivas”
que tenía la compañía, impediría ese nuevo desenlace financiero. El
funcionario y el juez acordaron una entrevista para el martes próximo.
El decreto presidencial ordenó también que el Tribunal de Tasación de la Nación evalúe el precio de los bienes que posee la ex Ciccone, a la vez que le da potestad a la Casa de Moneda sobre la planta gráfica y sus obreros.