Nuevas denuncias contra Boudou
Piden investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito y por sus acusaciones; hay otra causa pendiente
Los problemas judiciales para el vicepresidente Amado Boudou  amenazan con multiplicarse. A la causa en la que se lo investiga por  supuestas negociaciones incompatibles con su cargo, se sumaron otras dos  denuncias  : una por enriquecimiento ilícito, que esta semana cobrará un nuevo  impulso, y otra, presentada tras las acusaciones que formuló anteayer en  el Senado, por los supuestos delitos de sedición, incumplimiento de los  deberes de funcionario público y coacción.
La última presentación fue del dirigente Juan Ricardo  Mussa, un denunciante habitual, que recayó en el juzgado federal de  Marcelo Martínez De Giorgi.
Mussa pidió que se cite a testimoniar al presidente de  la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; al dueño de Boldt, Antonio  Tabanelli; al procurador general de la Nación, Esteban Righi; a los  miembros del estudio de abogados García, Labat, Musso y Righi, y a  Héctor Magnetto, CEO de Clarín, todos aludidos por el vicepresidente en  sus denuncias públicas. "Boudou, en una inusual forma, amenazó,  coaccionó y violó prohibiciones e incompatibilidades castigadas en la  ley de ética pública y en el Código Penal", señaló Mussa.
La otra denuncia de enriquecimiento ilícito lleva ya un  mes. Recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y el fiscal a cargo es  Jorge Di Lello. La presentación fue realizada por el abogado Alejandro  Sánchez Kalbermatten y el periodista Cristian Sanz.
El juez Lijo le remitió la denuncia al fiscal, que  antes de pedir alguna medida de prueba requirió que se certificara en  todos los juzgados federales de Comodoro Py si había alguna causa  similar. Se realizó esta medida, en particular con la causa que está en  manos del juez Rafecas para determinar si son objeto de investigaciones,  además del caso Ciccone, los bienes de Boudou. Apenas se reanude la  actividad judicial la semana próxima, y con la certeza de que no hay  otro expediente, el fiscal analiza impulsar la nueva denuncia por  presunto enriquecimiento ilícito, dijeron fuentes judiciales a LA  NACION. Para ello prepara requerir una batería de medidas de prueba,  muchas de ellas previstas por la propia Procuración General de la Nación  en un manual de políticas y procedimientos para investigar casos de  enriquecimiento ilícito.
La denuncia reúne las informaciones que se fueron  publicando sobre las sociedades comerciales en las que participa el  vicepresidente y otras vinculadas con personas que serían de su  conocimiento.
Además, pide que se investigue  la compra de su  departamento de Puerto Madero, allanado el miércoles último, y la  supuesta adquisición de  "terrenos en el exclusivo country del Partido  de la Costa, denominado Costa Esmeralda".
También solicitó que se indague sobre "su participación  accionaria directa o indirecta" en las sociedades investigadas en el  caso Ciccone. La denuncia menciona a los titulares de esas sociedades y  la forma en que se entrecruzan sus nombres en otras empresas. La  denuncia se refiere a "suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas  bancarias locales, como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés,  American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de  empleado público".
Además, Boudou tiene otra causa abierta en el juzgado  de Claudio Bonadio por problemas de papeles con un auto que era de su  propiedad.
Los cargos
- Negociaciones incompatibles. La investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas, junto con el fiscal Carlos Rívolo, en relación con el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone. Quieren saber si el vicepresidente se interesó en el asunto para favorecerse él o a terceros. También se investiga si hubo lavado de dinero por parte de los empresarios.
 
- Enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tiene esta causa desde hace un mes. El fiscal Jorge Di Lello analiza pedir medidas sobre el patrimonio del vicepresidente, una vez que certifique que no se investiga otra denuncia similar.
 
- Coacción y sedición. La denuncia recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por las últimas denuncias del vicepresidente contra el juez Rafecas, empresarios y funcionarios.