Cámara Nacional de Casación Penal

RECUSO CON CAUSA

Señora Presidente de la

Comisión de Disciplina y Acusación

del Consejo de la Magistratura

del Poder Judicial de la Nación:

Alfredo Horacio Bisordi, Presi-dente de la Cámara Nacional de Casación Penal, con domicilio constituido en mi público despacho, Avda. Comodoro Py 2002, Piso 1°, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, me presento en el expte. N° 71/07 y digo:

I) OBJETO

Con sustento en lo dispuesto por los arts. 12 y 14 del Reglamento de esa Comisión -aprobado por resolución N° 98/07 del Consejo- vengo a recusar a los consejeros Carlos Miguel Kunkel, Santiago Montaña, Nicolás Fernández, Diana Beatriz Conti, Marcela Losardo y María Laura Leguizamón, a quienes previa vista en los términos del art. 13 del mismo Reglamento, pido que se los separe del trámite de las presentes actuaciones por razones de parcialidad derivadas, en unos casos, de enemistad manifiesta con el magistrado firmante del presente escrito o por haberse demostrado, después de iniciada las actuaciones, que resultan incapaces de conducirse en ellas con un mínimo de objetividad.

El artículo 14 de la ley 24.937 -modi-ficada por la ley 26.080- establece que la misión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura (en adelante la Comisión) es, en lo que aquí interesa, la de proponer la acusación de los magistrados a los efectos de su remoción.

Con esas miras, el reglamento respectivo (en adelante RCDA) ha dotado a la comisión de las necesarias facultades de investigación preliminar (Titulo III) y de promoción, mediante potestad de abrir el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento (art. 22).

Ningún proceso se inicia ante la Comisión sino por denuncia de cualquier persona o Tribunal de Superin-tendencia que tuviere conocimiento de un hecho u omisión imputable a un Magistrado del Poder Judicial de la Nación que pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción (arts. 2° y 3° RCDA). Es decir, la Comisión carece de facul-tades para proceder de oficio.

Tampoco puede intervenir en las investiga-ciones preliminares que se sustancien a partir de una denuncia el consejero a cuyo respecto existan motivos que recomienden su abstención por falta de imparcialidad. En efecto, el principio aparece consagrado en el art. 14 del RCDA, en cuanto establece que, ademas del deber de excusarse cuando se hallare comprendido en alguna de las causales de recusación mencionadas en el art. 12, el consejero podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en las actuaciones por razones de parcialidad que deberán ser expresamente invocadas.

Sin perjuicio de la taxatividad con que el art. 12 del RCDA administra las causales de recusación, la interpretación armónica de ambos preceptos debe conducir, con toda evidencia, a admitir que el acusado -para quien en definitiva se instituye la garantía- pueda señalar aquellas otras causas que impongan al consejero abstenerse de conocer en las actuaciones por razones de parcialidad, cuando éste sea remiso en reconocerlas.

Una inteligencia diversa, corre el albur de contradecir los parámetros que para casos de sustancial analogía ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar las cláusulas convencionales. Dicha interpre-tación es, según pacífica doctrina de la Corte Suprema, obligatoria para el Estado Nacional, so pena de incurrir en un supuesto de responsabilidad internacional.

Así, en el mentado caso del Tribunal Constitucional (sentencia del 31 de enero de 2001), la Corte transnacional dijo que “si bien el artículo 8 de la convención americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Por lo demás, el Alto Tribunal Americano ha dejado establecido “que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”.

Agregó el Tribunal Internacional que “de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función juris-diccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.

Asimismo, consideró la Corte Interame-ricana que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su desti-tución. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”. “En cuanto a la posibilidad de destitución de los jueces, los mismos Principios disponen: Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario”. “En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa”.

Por último, y en lo concerniente al ejercicio de las atribuciones del Congreso -en nuestro caso el Consejo- para llevar a cabo un juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte Interamericana enfáticamente ha destacado “que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”.

Tengo para mí que los procedimientos ante la Comisión están alcanzados por las pautas reseñadas, ya se considere a ésta como órgano instructor, ya como órgano acusador; fatigar un trámite que contempla las formas sustanciales de la acusación, defensa y prueba (arts. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 del RCDA), destinadas a que los consejeros puedan formarse una opinión fundada sobre el mérito de la denuncia, carecería de todo sentido si acaso pudieran conducirse -pese al clamor de los acusados- sin un mínimo de objetividad, entendida como ausencia de prejuicios manifiestos. La misma objetividad que es consubstancial a la vindicta pública en el proceso penal, en tanto manifestación genuina de su actuación en defensa de la legalidad (arts. 1° y 25 de la ley 24.946).

Entiendo que los consejeros recusados, por las razones que expondré más adelante, se han conducido hasta el momento en forma tal que justifica su apartamiento, en tanto sus manifestaciones públicas hacen presumir de manera fundada que a la hora de decidir habrán de ceder a pasiones o preocupaciones contrarias a la ponderación del caso con arreglo a derecho.

La falta de aplomo y delicadeza que cabe exigir a quienes tienen a su cargo la elevadísima misión de ejercer el control republicano de la conducta de los jueces amenazan con convertir a este proceso en un cínico acto de linchamiento, por supuesto, un poco institucional.

II) MOTIVOS, NÉSTOR KIRCHNER, los montoneros y la concentración de poder con miras a alcanzar la suma del poder público o de consumar el delito de traición a la patria, en los términos del art. 29 de la Constitución Nacional.

II.a) El conocido y respetado profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires Marcelo A. Sancinetti tiene dicho:

“... Como se sabe, poco tiempo después de asumir el gobierno argentino el actual presidente Néstor Kirchner, él expresó en forma pública que la Cámara de Diputados debía acusar ante el Senado a varios de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que éstos fueran destituidos; su aspiración se centraba en particular en la expulsión de los jueces Nazareno, López, Vázquez y Moliné O’Connor.

Detrás de este pronunciamiento se ocultaba el propósito del gobierno, al parecer, de excluir de la Corte Suprema a los jueces sospechados de ser hostiles a los lineamientos políticos del gobierno, especialmente respecto de la cuestión que por entonces se presentaba como tema crucial de la economía, a saber: la convalidación del así llamado sistema de ‘pesificación’, por el cual el Estado había resuelto alterar la moneda en que se expresaban las deudas entre el Estado y los particulares y las deudas de los particulares entre sí; las antes expresadas ‘en dólares’ se convertían en deudas ‘en pesos’, una moneda devaluada a comienzos de 2002. La Corte Suprema debía decidir si esta alteración estatal de las relaciones comerciales era constitucional o no.

... Cuando ello ocurrió, en algunas embajadas extranjeras circulaban memoranda que registraban con preocupación el interrogante de si el presidente Kirchner no pretendía de ese modo configurar una Corte Suprema que respondiera a sus indicaciones políticas. De hecho, ya un requerimiento del presidente de la Nación a la Cámara de Diputados para que acusase a jueces de la Corte constituía una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Pues tales acusaciones deben surgir del conocimiento espontáneo de hechos graves de mala conducta o comisión de delito, no como consecuencia de peticiones del poder político, motivadas a su vez en el propósito de facilitar el reconocimiento judicial de sus políticas de gobierno.

Ante la presión del Poder Ejecutivo, tres de los jueces más cuestionados presentaron su renuncia o bien inmediatamente después de formulada la acusación o bien cuando ésta era inminente. La coerción estatal se ejercía de hecho sobre el ánimo de los jueces del siguiente modo: un juez destituido por mal desempeño en juicio pierde sus derechos jubilatorios propios del sistema judicial -muy preferente en comparación con el sistema jubilatorio de otros oficios-, mientras que a un juez a quien se le acepta la renuncia mantiene su derecho a una jubilación. Más allá de ello, la mera admisión de que, en caso de renunciar se procederá a la destitución, infunde por sí sola, por el carácter ignominioso de la medida, un temor digno de ser tenido en cuenta. Para muchas personas es preferible la renuncia, antes que un escarnio público. Otro juez de la Corte, Moliné O’Connor, resolvió esa encrucijada moral en sentido contrario al de los jueces que renunciaron, afrontando el juicio y exponiéndose a la destitución, que efectivamente ocurrió, en diciembre de 2003".

“... Una vez que se produjo la acusación contra el juez Boggiano, también éste recibió fuertes presiones del gobierno para que presentase su renuncia. Pero el juez entendió -de modo acaso paralelo al rechazo de Sócrates a la invitación de Critón de huir de su celda mortuoria hacia el extranjero- que debía sostener su inocencia en juicio, aun a sabiendas de que el gobierno le adelantaba el resultado adverso de la sentencia, lo cual efectivamente ocurrió a fines de septiembre de 2005...”.

“... Tal como surge ya a primera vista, si el Poder Legislativo destituye jueces de la Corte por el criterio jurídico que éstos consagran en sus sentencias, desaparece la independencia del poder judicial. Los jueces ya no pueden dictar sentencias conforme a su leal saber y entender; quedan expuestos al riesgo de ser destituidos o tener que presentar sus renuncias, si sus decisiones no conforman al poder político.

Sin embargo, la destitución por el dictado de una sentencia sólo debería ser admisible, en un Estado de Derecho, en caso de prevaricación, es decir, de quebrantamiento consciente del derecho, o si la decisión judicial es objetivamente inadmisible según todos los métodos imaginables de interpretación jurídica” (v. “Juicios Políticos a jueces de la Corte Suprema de Justicia en Argentina”, ponencia presentada por el doctor Sancinetti al Coloquio de becarios y premiados de la Fundación Humboldt en Argentina, Buenos Aires, 14 a 16 de octubre de 2005).

En la aludida ponencia se trata, de inmediato, la violación a la garantía de imparcialidad del tribunal y se recuerda que “hay que tener presente ante todo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado, en el conocido ‘caso del Tribunal Constitucional contra Perú’ del año 2001, que son aplicables a los juicios de remoción de magistrados de tribunales constitucionales los mismos principios que la Convención Americana consagra como garantías de la persona humana en el proceso penal.

Como garantía procesal específica cuenta la exigencia de que el acusado sea oído ante un tribunal independiente e imparcial (art. 8, párr. 1, CADH).

Por la exigencia de ‘tribunal indepen-diente’ se alude a la independencia del poder político, como presupuesto del juez imparcial. Llevado ello a juicios públicos ante el Senado de la Nación, esto significa que los legisladores, al actuar como jueces, no pueden regirse por instrucciones partidarias, sino por su recta conciencia individual.

En lo que hace a la garantía de imparcia-lidad en particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos elaboró desde sus primeros fallos una distinción entre imparcialidad subjetiva y objetiva.

Se da una violación a la imparcialidad en sentido subjetivo, cuando el juez antes del juicio o del dictado de la sentencia manifiesta una animadversión personal contra el acusado o se expresa de tal manera que demuestra abrigar ya la idea de que el acusado es culpable. Hay una lesión a la imparcialidad en sentido objetivo, cuando el desempeño de cierto rol anterior por parte del juez levanta sospechas fundadas de que él ya se ha formado prejuicios de culpabilidad, especialmente cuando ha intervenido en una etapa previa del mismo procedimiento, p. ej., si debió asumir funciones de acusador o de juez instructor contra el mismo acusado.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina han asumido la doctrina del Tribunal Europeo en punto a la garantía de imparcialidad”.

Memora en seguida el doctor Sancinetti que, en el caso del juez Moliné O’Connor, hay un ejemplo que “atañe al presupuesto de que el juez sea independiente del poder político. Se trataba en particular de la recusación que la defensa dirigió contra la esposa del presidente de la Nación, la senadora Fernández de Kirchner, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales y que en ese carácter tuvo determinante injerencia en el trámite del juicio y en la sentencia condenatoria. La cuestión no era del todo fácil de responder jurídicamente. ¿Sería suficiente causal de recusación el hecho de que el cónyuge de una jueza que integra el tribunal es el presidente de la Nación y él ha hecho pública su pretensión de que el acusado sea declarado culpable?. Cualquiera que sea la respuesta que se le dé a ese interrogante desde el punto de vista formal, de cualquier modo es indudable que no era previsible que la esposa del presidente, que llegó y se desarrolló en política como su pareja, diera de pronto un voto contrario a la pretensión manifestada por su marido como presidente de la Nación”. También recuerda el autor referido otro ejemplo, “dado por la recusación que dirigió la defensa contra el senador Gioja quien, según informó un medio de prensa escrito, había manifestado al comienzo del juicio lo siguiente...: ‘... A Moliné lo tenemos que suspender ahora porque fue el turro que nos tuvo agarrado de las bolas con el ‘corralito’ durante el gobierno de Duhalde. Este era un caso que ya no planteaba el menor atisbo de duda. Quien se expresa así no satisface el patrón del juez imparcial en ningún sentido imaginable”.

En adelante, señala Sancinetti que, en el caso del juez Boggiano, pese a que se había procedido a fraccionar artificialmente la acusación con el fin de dificultar arbitrariamente la defensa del inculpado y a que se mantuvo la intervención de jueces que habían actuado en el juicio del doctor Moliné O’Connor, en contravención a lo decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Rojas Morales contra Italia”, pues su opinión se hallaba contaminada por aquella anterior intervención; el Senado también rechazó el apartamiento. Lo hizo “invocando su doctrina de que, por el hecho de que no existe un juez subrogante que pueda ocupar el lugar de un senador que sea separado del caso, no puede ser aceptada ninguna recusación.... En todo caso, lo errado del rechazo sistemático del Senado a toda recusación del acusado reside en que con esa doctrina se parte de la base de que, en razón de que el Estado no tiene resuelto cómo proceder cuando la integración del tribunal está viciada, es lícito seguir adelante en violación a la garantía de imparcialidad, aun cuando esta violación sea grotesca”.

Sobre la base de tales consideraciones; el profesor Sancinetti -cuyas apreciaciones comparto y hago propias- concluye en que “estos juicios políticos son una prueba palmaria de que Argentina está muy lejos del modelo ideal del Estado de Derecho. Sólo poder y arbitrariedad pueden fortalecerse con tales prácticas. La pretensión de un Poder Judicial independiente está, por el momento, excluida. Esta afirmación, tan categórica, podría llegar a valer, acaso, en el supuesto de que el recurso extraordinario del juez Boggiano no tuviera éxito. Porque de cualquier modo sería ya difícil de anular el efecto intimidatorio sobre los demás jueces, que puede derivar del enjuiciamiento en sí ya concluido, de que puede serles riesgoso fallar las causas judiciales sólo según su leal saber y entender” (op. cit.).

Como se aprecia, en el caso de la “renovación” de la Corte Suprema de Justicia el presidente Kirchner, con clara injerencia en el Poder Legislativo, violatoria del principio republicano de la separación poderes, instigó a los Diputados a acusar y al Senado a destituir a los jueces, los hizo objeto de presiones e intimidaciones de todo tipo en aras de conseguir su renuncia (amenazas coactivas, según el art. 149 bis del Código Penal), obtuvo así la dimisión de tres de ellos y destituyó a otros dos después de un pseudo juicio en el que se vulneraron garantías procesales básicas de los magistrados imputados, y fue llevado adelante por la mujer del presidente y otros legisladores que dócilmente se someten a cualquier directiva del titular del Poder Ejecutivo.

Es cierto que el presidente Kirchner hasta ha reconocido, no sin desparpajo, que este atropello institucional resulta justificable y saludable. Ante un reciente y tibio comunicado, emanado de la Corte Suprema de Justicia que él mismo designó, que le advirtió que debía guardar “mesura y equilibrio” en el control republicano de los jueces, el aludido Kirchner, mediante una reacción primaria, casi animal, dijo: “soy así. No he venido aquí a sentarme de presidente a velar por una formal división de poderes” (ver diario “Ámbito Financiero”, edición del 29 de marzo de 2007, pág. 11). Confiesa el presidente, de este modo, que no va a velar por la República, que prefiere la dictadura a la que sometió a sus comprovincianos de Santa Cruz y a la que quiere someter a todos los habitantes de la Nación Argentina. Véase que ese mismo día también dijo, a las claras y maquiavélicamente, que el fin justifica los medios: “ahora cuando dicen que mis dichos son una desmesura, gracias a esa desmesura por ahí tenemos una nueva Corte Suprema...” (v. Diario “Clarín”, ed. del 28-03-07; “La Nación”, del 29-03-07), tribunal que, valga recordarlo, tiene el barniz de la independencia de criterio, pese a que convalidó las tropelías de los juicios políticos más arriba referidos y la “pesificación obligatoria” como método de despojo de los sufridos argentinos. A más de lo expuesto, cuando Kirchner verificó que en los asuntos importantes la “nueva” Corte podría reunir cuatro votos concurrentes que apoyaran sus necesidades políticas mandó a su mujer a reformar la ley de composición del Alto Tribunal de modo que con ese número se obtuviese mayoría y se resolviese como él pretende. Esa reforma se produjo y, entonces, a Kirchner no le preocupa ya la Corte, sin perjuicio de que, cuando ésta le pidió un poquito de medida y equilibrio en el tratamiento de la independencia del Poder Judicial, con su natural crispación y grosería les recordó a sus miembros que estaban ahí porque él los había puesto.

II.b) Una vez que el presidente Kirchner consiguió tener la Corte que él quiso, decidió pasar a la ofensiva para disciplinar al segundo tribunal federal en importancia: la Cámara Nacional de Casación Penal.

Para conseguir su propósito advirtió que la integración del Consejo de la Magistratura, tal como la había heredado, podía dificultar aquel fin. Nuevamente recurrió -como primer paso- a sus amanuenses del Congreso -cuyo ariete es siempre su mujer- y sin mayor esfuerzo modificó la ley y obtuvo una integración inconstitucional de dicho Cuerpo del Poder Judicial en el que, de trece miembros, cinco son de su partido político (cuatro legisladores y su propio representante), número que le permite iniciar cualquiera de sus batallas con perspectivas de éxito.

El incipiente tirano a nivel nacional -ya lo fue en su pago chico, en el que en estos días comienzan a verificarse elocuentes síntomas de la lógica resistencia civil a la opresión de tantos años de kirchnerismo- ha decidido poner a prueba su novel ingenio echando a los jueces del tribunal nacional de casación penal. La excusa: el atraso que ahí registrarían las causas fenecidas al amparo de decisiones tomadas por la Corte del presidente Alfonsín que él ordenó restablecer, orden que, humillando todos los principios básicos del derecho penal liberal, apoyó el actual tribunal de garantías constitucionales, “su” Corte.

La maniobra fue iniciada el 10 de enero de este año por una mujer cuyos dichos -como más adelante se verá- parecen ser los de un descontrolado y que bien podría calificarse como un camaleón político, que exhibe el típico furor de los conversos: la diputada, ahora hiperkirchnerista, Diana Beatriz Conti.

Ese día, la Conti -a cargo de la feria judicial del Consejo de la Magistratura- desempolvó un expediente iniciado por el ex-consejero Beinusz Smukler -hace cuarenta años solía atenderlo, en mi calidad de “pinche” en el viejo Juzgado Federal N° 1 de esta Capital, en su calidad de abogado de la Federación Juvenil Comunista- en el que los Fiscales Generales ante la Cámara de Casación informaban, sin pena ni gloria, el estado de las causas contra represores ilegales de guerrilleros y terroristas de la década del 70.

Con esa actuación, la Conti -persona de escasa prudencia y modestos conocimientos técnicos, a punto tal que allá por 1988 u 89, siendo yo Secretario Penal de la Corte Suprema y ella Secretaria de la Sala de Zaffaroni en la Cámara del Crimen, me llamó telefónicamente y con su insoportable tonito, mezcla de soberbia e ignorancia, me espetó: “Bisordi, cuando yo concedo un recurso extraordinario, ustedes lo declaran mal concedido; y cuando lo deniego, ustedes hacen lugar a la queja. Dígame cómo es eso, a lo que le contesté que no podía darle un curso de recurso extraordinario federal por teléfono, menos cuando no sabía siquiera a qué casos se refería. Ante mi respuesta, la Conti me dijo: bueno, en adelante voy a denegar todos los recursos y listo. Le dije: doctora, siga haciendo prevaricar a sus jueces, si quiere- mandó abrir un nuevo expediente.

El siguiente paso fue concertado con periodistas del Boletín Oficial de la República Kirchnerista -el diario Página 12-, conducido en estos temas por el ex jefe de inteligencia de la organización “Montoneros”, el asesor presidencial Horacio Verbitsky -alias “el perro” o “capitán Zalazar”- quienes el 12 de febrero de 2007 “denunciaron” con bombos y platillos -ver el artículo “Un cuello de botella donde la justicia va en Cámara lenta”- atrasos en la Cámara de Casación en las causas tramitadas por violación a los derechos humanos, “denuncia” que movió de inmediato (el 19 -02-07) a Diana Conti, valida de ese recorte periodístico, a solicitar una urgente reunión del pleno de la comisión que preside, en la que se aprobó un pedido de informes a la Cámara que presido, el que fue evacuado en tiempo y forma.

El diario “Ámbito Financiero” (edición del 9 de abril de 2007, pág. 12), en su artículo “Cómo nació ataque a la Casación”, con buena información relata que “en la respuesta se especifica que la mayoría de los expedientes ingresaron a ese tribunal después de junio de 2006 y que un elevado porcentaje lo hizo en el transcurso de 2007. Por ejemplo, la Sala IV -la más cuestionada de todas- registró el ingreso de 23 causas en 2005, más 53 en 2006 y 29 en lo que va de 2007 por violación a los derechos humanos en la década del ‘70. El discurso presidencial -escrito en esta parte por la Conti, según me fue confiado en el Consejo- durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso llamando la atención a la Cámara de Casación para que se pronuncie sobre los juicios a militares fue la otra parte de la tenaza para ir comprimiendo la salida de los magistrados a los que se aludió sin nombres y apellidos. El 9 de marzo (fecha de elevación del informe solicitado por Conti) los doce miembros (debió decir trece) de la Cámara de Casación acordaron que se buscara una entrevista con el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Pablo Mosca, y se le explicara personalmente el contenido del informe que se le había girado a la diputada Conti. Un relator de ese encuentro le dijo a este diario que Mosca se sintió avergonzado por ese pedido de informes (esto es exactamente así, pues hasta me pidió perdón por el atropello y lo propio hizo un asesor, que fue presidente del Colegio de Abogados de Junín, con el doctor Javier Carbajo, Secretario General de la Cámara). El abogado suele padecer de esos atropellos. La dupla Conti-Carlos Kunkel, el otro comisario del kirchnerismo en la Magistratura, suelen manejar el Consejo por arriba del Consejo. Esa metodología ya molesta en la Corte Suprema y algunos jueces han recomendado que se asegure un mayor contacto presidente/presidente. Es decir, Ricardo Lorenzetti-Pablo Mosca” (esto es exactamente así, tanto el doctor Lorenzetti -en mi visita a su despacho, junto con los doctores Juan E. Fégoli y Pedro Rubens David- como Mosca -en la reunión durante la cual le entregué la respuesta al pedido de informes de Conti- se mostraron fastidiados y preocupados por la prepotencia y autonomía con la que se manejaban los “operadores” del presidente Kirchner en el Consejo, prometiendo que se reunirían para acordar un método de trabajo y de relaciones que impidiera a esos “operadores” cortarse solos).

Sea como fuere, no se sabe qué se hizo con el informe producido por la Cámara que presido, o si al menos fue alguna vez evaluado. Lo que sí es claro que “cuatro días antes del 31 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de 61 sobrevivientes de aquella época reclamaron la destitución de Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi”. Estos “sobrevivientes” actúan como asociados de Kirchner y sus operadores políticos en el Consejo de la Magistratura, a tal punto que, con gran despliegue periodístico, el día en que presentaron su denuncia fueron recibidos por la Consejera Diana Conti, en su despacho. Esta última, con premura, juzgó que la denuncia era “muy sólida” (ver Diario “La Nación”, del 22-03-07, información titulada: “Crece la tensión entre la Cámara de Casación y el kirchnerismo”). Ebria de poder, Conti afirmó: “Yo no tengo ensañamiento con ninguno de estos jueces, pero si renunciaran nos ahorrarían trabajo. No son jueces imparciales”. Y como si estuviera ebria -esta vez, por otras razones, dado el flaco favor que hizo al gobierno la inopinada confesión- se sacó el antifaz y dijo: “No hay un objetivo político global de ir por todos”. “En una cámara, con renovar una parte así, todo se renueva. Se renuevan las discusiones, los votos. No queda el anquilosamiento de votos estereotipados”. Con lo que reconoce que el objetivo real de su sucio trabajo es “renovar” los criterios con los que se resuelve en la Cámara; ya se verá más adelante porqué. Finalmente, continuó con la “pantalla” y sostuvo: “Conozco cómo resuelven, sus pensamientos y sus convicciones: en estos temas de derechos humanos están jugando parcialmente. Yo creo que tienen que dar un paso al costado, sería un buen gesto de su parte”. Hasta el “Boletín Oficial” del Estado kirchnerista reconoce que “La diputada Conti, que lidera la Comisión del Consejo que promueve los juicios políticos, recibió ayer la denuncia. Después de leerla, aseguró que ‘aporta en concreto situaciones de clara reticencia de los jueces de Casación para avanzar. En algunos casos -remarcó- se advierte favoritismo ideológico por los represores” (“Página 12", 20-3-07, “Un juicio contra la política del cajoneo”).

El siguiente acto de esta tragicomedia fue el discurso de Kirchner en la Perla (Córdoba), el 24 de marzo de 2007. Ahí, con su acostumbrada e incontenible pirotecnia verbal, el aprendiz de déspota -no ilustrado, por cierto- que nos gobierna y con el exclusivo propósito de quedar bien con los deudos de quienes en la década del ‘70 tuvieron, al menos, más coraje que él -en esa época sólo se refugió en un lugar apartado de su provincia e hizo buena letra- en un ambiente de adictos que siempre lo estimula a decir cualquier cosa, dejó de lado todo freno inhibitorio y se sinceró sobre el alcance de su embestida contra la Cámara Nacional de Casación Penal. Dijo ahí el presidente Kirchner: “Quiero decirle a la justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé que va a proceder, que basta, por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren; ¿cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la justicia? ¿qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados hace años juicios que deberían estar en marcha? ¿quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?”. Pero después, justificándose ante los deudos de los guerrilleros que combatieron en la década del ‘70, expresó: “La traba que tenemos es que la justicia está lenta. Yo les puedo asegurar que empujo y empujo, pero algunos se hacen los distraídos” (v. Diario “La Nación”, del 25-03-07, “Kirchner cuestionó a jueces y a fiscales”; Diario “Página 12", del 27-03-07, “Hay demoras muy notorias en las causas sin aparente justificación”; Diario “Clarín”, del 25-03-07, “Aniversario del golpe: presión presidencial. Kirchner acusó a jueces penales de frenar los juicios contra represores”; Diario “La Prensa”, del 25-03-07, “Kirchner pide celeridad en los juicios sobre derechos humanos”).

Frente al incalificable y torpe atropello del presidente Kirchner a la independencia del Poder Judicial, me ví en la necesidad de responder condignamente el ataque.

En una entrevista radial -“Testimonios en América”- y luego en otra que me hizo el diario “La Nación”, se reproduce fielmente mi pensamiento sobre el conflicto producido: “El presidente de la Cámara Nacional de Casación... es terminante cuando afirma que nunca, en toda su carrera, vio un gobierno que se entrometiera de forma tan explícita en la tarea de los jueces como el de Néstor Kirchner. ‘Por este camino vamos hacia la suma del poder público’, asegura el titular del más alto tribunal penal de la Nación. ‘El presidente ordena por televisión cómo deben resolver las causas los jueces para que se consideren acreedores a continuar en el ejercicio del cargo’ dijo Bisordi a La Nación, con un tono más resignado que molesto. Anunció, no obstante, que no piensa renunciar y que se va a quedar ‘para poner en evidencia procedimientos que utiliza el Gobierno para quedarse con los tribunales que, según su criterio, no son adeptos’.

-Kirchner responsabilizó a Casación de frenar causas de derechos humanos. ¿Qué le responde?.

-El Presidente pidió que se aceleraran los juicios para que se condenara a los imputados de delitos que comportan violaciones a los derechos humanos. No está pidiendo un juicio para que se determine la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino para que directamente se los condene. Considera que los hechos están probados por fuera de los expedientes judiciales. Se trata del ejercicio de funciones judiciales por una autoridad de la República que no tiene competencia para eso.

-El Consejo de la Magistratura ‘va a proceder’, dijo Kirchner.

-Es una nueva muestra de que el Presidente considera que la mayoría política que el Gobierno cree tener en ese órgano va a resolver de acuerdo con lo que él considera, y constituye una renovada muestra de interferencia en la actuación libre que debe tener ese órgano. El Presidente ahora ordena por televisión a los jueces cómo deben resolver las causas para que se consideren acreedores a continuar en el ejercicio del cargo. Nunca he visto en un presidente una intromisión en la labor de los tribunales como ésta. Al menos, nunca tan explícita. Nunca he visto que el Presidente hubiera pedido y asegurado la remoción de jueces.

-El ministro Aníbal Fernández dijo ayer, dirigiéndose a usted: ‘Váyase; hágale un bien a la patria’. ¿Va a renunciar?.

-Yo pienso, contrariamente al señor ministro, que le hago un bien a la patria quedándome y dejando en evidencia procedimientos que utiliza el Gobierno para quedarse con los tribunales de justicia que, según su criterio, no son adeptos. Yo soy una persona sin ningún tipo de militancia política. Tengo 40 años de servicio en el fuero penal y no se me cuestionan la idoneidad ni la honestidad ni la contracción al trabajo. Tampoco se me puede imputar influencia alguna en la demora que pudieran tener algunos de los procesos.

-¿La Cámara de Casación piensa tomar alguna medida?.

-No puede. La remoción de jueces es tarea del Consejo de la Magistratura y ante él tendremos que ejercer nuestra defensa. Allí tendremos el juicio, que concluirá según la voluntad del Presidente o según la independencia de criterio de sus miembros.

-Usted denuncia una embestida. ¿Qué rol juega la Corte?.

-Creo que la Corte Suprema de Justicia será, o debería ser, la que, en definitiva, se expida acerca de este punto de afectación de la independencia del poder que ella encabeza, aunque debo recordar que también el alto tribunal fue intimado a resolver con urgencia el caso de los indultos concedidos a ciertos jefes militares que habilitan su procesamiento posterior y, según la voluntad del Presidente, su castigo en juicios que están abiertos.

-La denuncia ante el Consejo dice que tienen 29 casos pendientes, 17 desde antes de 2006 y uno, la reapertura de la causa ESMA, desde 2003, ¿Cómo lo explica?.

-En cuanto al más antiguo, es el primero que se interpuso en la megacausa ESMA y estuvo pendiente durante tres años de planteos de recusación de todos los miembros de la Cámara y luego de varios de los conjueces nombrados en sustitución de éstos. Finalmente, cuando hubo un tribunal de conjueces que no fue cuestionado por los querellantes -los mismos que hoy denuncian la demora- desestimó el pedido de recusación de los miembros de la Sala IV, que sólo entonces estuvieron en condiciones de imprimirle trámite a la causa....

¿Qué opina de la denuncia presentada ante el Consejo?.

-Es una denuncia redactada por el Gobierno. Yo no tengo dudas, después del discurso del Presidente, de que salió de allí. Ignoro por qué se eligió este momento, porque no tengo conocimiento de las razones políticas; pero de los cuatro denunciados, tres no tenemos edad para jubilarnos, de manera que por ese motivo habrá querido el Poder Ejecutivo apartarnos. Los demás (excepto Ángela Ledesma) están todos en condiciones de jubilarse. Destituir a cuatro constituye una suficiente amenaza para los demás para que vayan haciendo efectiva su jubilación y dejar sus puestos para que el Gobierno los cubra con jueces de su confianza.

-¿Ve el clima para una renuncia masiva en Casación?.

-No creo. Cada juez sabrá que hace una contribución a la salud de la República, contrariamente a lo que piensa el Presidente y su vocero habitual, el ministro Fernández, soportando en forma resignada, pero firme, este nuevo ataque a las instituciones” (v. Diario “La Nación”, del 27-03-07, “La relación con la justicia: entrevista de La Nación con el titular del máximo tribunal penal. ‘Vamos hacia la suma del poder público’”; ver, en similar sentido, Diario “La Prensa”, del 27-03-07, “Alfredo Bisordi le contestó a Kirchner sobre demoras en los juicios contra militares. Dura reacción del titular de la Cámara de Casación Penal”, pág. 3).

A partir de mi justificada reacción, una persona relacionada profesionalmente -según me consta- con el diputado Carlos Miguel Kunkel -el señor Rodolfo Álvarez- me citó a una reunión -celebrada en el mismo lugar en el que se había desarrollado otra a la que más adelante me referiré- durante la cual me hizo saber que Kunkel me aconsejaba renunciar, porque en caso contrario la SIDE -con la conducción del kirchnerista señor Larcher- tenía reservada para mí una campaña de intimidación, apriete y desprestigio, además de que la agrupación “H.I.J.O.S.” haría un “escrache” violento en mi domicilio particular, prometiéndome graves daños en el vecindario y hasta el incendio de mi casa.

La persecución iniciada por mis enemigos políticos -algunos de ellos se proponen intervenir en la instrucción del juicio político y formular acusación en mi contra-, sumada a las tensiones que genera el sometimiento a esta tremenda injusticia reagravaron mi antigua y delicada patología cardíaca de base, previa generación de un pico de hipertensión arterial, al que contribuyó la situación de stress. Comprobada la dolencia, se me otorgó licencia por treinta días (v. Diario “La Prensa”, del 30-03-07, “Bisordi tiene problemas cardíacos y presentó un certificado ante sus pares. El presidente de la Casación se tomó licencia por 30 días, pág. 3; Diario “Clarín”, 30-03-07, “Casación: tras la embestida oficial, Bisordi pidió una licencia”, pág. 3; Diario “Ámbito Financiero”, 30-03-07, “Enfermo y con licencia, juez ya planea impugnar a juzgadores”, pág. 11; Diario “La Nación”, 30-03-07, “Pidió licencia el juez que criticó Kirchner”, pág. 5; Diario “Página 12", 30-03-07, “A cuarteles de invierno”, págs. 4/5; Semanario “Perfil”, 1°-4-07, “Bisordi no volvería a su puesto”, pág. 3).

Un día antes ya se había comenzado con la campaña de amedrentamiento. Al salir de mi casa rumbo al consultorio médico, desde un automóvil apostado a 40 metros dos sujetos -más el que manejaba- me sacaron fotografías mediante cámara con teleobjetivo y me filmaron. Cuando quise averiguar de quiénes se trataba, el vehículo y sus ocupantes se retiraron rápidamente. Debí, por tanto, denunciar el hecho en la Seccional más cercana -Comisaría 47a.- donde se inició un sumario por presunta intimidación, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 8, el que dispuso una custodia policial permanente en mi domicilio. Luego, se sucedieron algunas entrevistas con el señor Álvarez, más arriba mencionado, cuyo objeto ha sido transmitirme los aprietes del diputado Kunkel para que renuncie. Y más tarde fui seguido hasta una institución financiera de la Avda. Córdoba al 1400, lugar en el que, según me informó mi custodia personal -el sargento 1° Ramón Casco- personal que parecía ser de inteligencia nos sacó fotografías. Finalmente, el sábado 21 de abril ppdo. comenzaron a distribuirse en las cercanías de mi domicilio volantes de la agrupación “H.I.J.O.S.” -ellos amén de mostrar mi imagen, infunden toda una serie de descalificaciones personales y profesionales: se me trata, expresamente, de genocida; “por las calles de Villa Pueyrredón camina un cómplice del genocidio, Alfredo Bisordi.... (él) es uno de los responsables de perpetuar la impunidad de los genocidas. Porque sus fallos los dejan libres y porque su inacción paraliza los juicios...”- convocando al prometido “escrache” a mi domicilio particular (Condarco N° 4863, Cap. Fed., teléfono 4571-6125), del que tomé noticia por los diarios que informaron la audiencia concedida por el Consejo de la Magistratura el 12-04-07 a mis denunciantes, en la que hubo una manifestación, panfleteada y pegatina de afiches referentes al mencionado “escrache”. Así, el diario “La Nación”, del 13-04-07, informaba: “Afuera, los esperaban -al abogado Yanzón, a Graciela Daleo, Marcelo Conti y a las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Tati Almeyda- los jóvenes de la agrupación Hijos, dos de ellos disfrazados de embudos con trajes de papel. ‘Somos la Cámara de Casación’, decían” (edición del 13-04-07, bajo el título: “Amplían denuncia contra los camaristas de la Casación”).

Aunque podría escribirse mucho más, creo que las líneas precedentes son bastantes para poner al descubierto que este juicio político contra miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal es otra operación sucia del presidente Kirchner, en la que participan los llamados organismos de derechos humanos -una de sus principales bases de sustentación política- y que ejecutan sus subalternos en el Consejo de la Magistratura. La arquitectura de esta nueva operación es, como se habrá visto por comparación, muy similar a la que concluyó con la “renovación” de la Corte Suprema. Es de esperar que, en este caso, no cuente con la complicidad de otros miembros del órgano de acusación y juzgamiento, pues de aquellos subordinados sólo cabe aguardar que una vez más hagan realidad el conocido lema: “al enemigo, ni justicia”.

II.c) Hay otra serie de elementos de juicio -a los que me voy a referir puntualmente en lo que sigue- que persuaden en el sentido de que el tema derechos humanos es sólo una “pantalla”que encubre los reales motivos del Presidente Kirchner al emprenderla contra la Cámara de Casación que presido.

II.c.1) La renuncia de la doctora Amelia Lidya Berraz de Vidal

Esta magistrada, integrante tradicional de la Sala IV del tribunal se casación, donde se encuentran radicadas las causas contra militares supuestamente atrasadas, no fue “nominada” en el juicio político, pese a que, salvo en la llamada “Plan Condor” -en la que se excusó por amistad con el coronel Bernardo Menéndez, vecino de su consorcio y, por ello, la reemplazó el doctor Eduardo Rafael Riggi, el otro juez “nominado” por el Gobierno y sus adláteres- había sido tan responsable -o irresponsable, según resulte de la investigación- de los atrasos y de las excarcelaciones alegadamente indebidas.

Nadie se explicaba en la Cámara porqué Amelia había sido dejada “afuera”.

Sin embargo, al informar y comentar acerca de su renuncia -producida el 10-04-07 y rápidamente aceptada, pese a que los denunciantes sostienen “que varios de los hechos denunciados alcanzan a la totalidad de los magistrados de ese tribunal, tal como se verá más adelante“- el diario “Ámbito Financiero” (v. artículo titulado: “Se jubila Berraz de Vidal tras las críticas de Kirchner. Primera baja en cámara penal clave”, escribe Dante Marín, pág. 9 de la edición del 11-04-07) dice lo siguiente: “La presión política que ejerció Néstor Kirchner sobre los jueces de la Cámara de Casación tuvo su primer efecto: la renuncia de Amelia Berraz de Vidal. La camarista le anunció ayer al ministro de justicia, Alberto Iribarne, que abandonaba su cargo para jubilarse. La dimisión se hará efectiva a partir del 1° de junio. La salida de Berraz de Vidal anticipa un éxodo de jueces del tribunal de casación. Deja, además, a la Casa Rosada en condiciones de instalar en la cuestionada Cámara a un hombre o a varios hombres de su preferencia ideológica. En el acto por el golpe de 1976, el 24 de marzo, el Presidente había apuntado contra los miembros de la Cámara, acusándola de demorar presuntamente las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. El gobierno aceleró de este modo un proceso que germinó en enero en el Consejo de la Magistratura de la mano de Diana Conti. La diputada, líder de la comisión que echa y nombra jueces, avanzó sobre la Casación con una auditoría que tenía como fin demostrar que los camaristas habían congelado durante cinco años las investigaciones relacionadas con el terrorismo de Estado. Esta estrategia fue respaldada luego con una denuncia de organismos de derechos humanos que acusaron a cuatro camaristas de ‘demorar’ y ‘entorpecer’ esas causas.

En la denuncia, apuntaron contra los jueces de la Sala IV de la Cámara, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Capolupo. También contra el presidente del Tribunal, Alfredo Bisordi, quien terminó pidiendo licencia médica por 30 días después de un electrizante intercambio de opiniones con el jefe de Estado.

Bisordi había acusado al gobierno de pretender ‘darles órdenes a los jueces por televisión’.

En Casación siempre sorprendió que Amelia Berraz no hubiera integrado la lista de los jueces denunciados. La camarista era miembro de la Sala IV, popularmente conocida como la ‘Sala Militar’, integrada por Gustavo Hornos y Ana María Capolupo. Habría firmado la mayoría de los expedientes en los que se le otorgó la excarcelación a los militares.

Según afirman sus compañeros de butaca salió de esas causas con un argumento bastante curioso: alegó que era vecina de un miembro de las Fuerzas Armadas. En rigor, la renunciada jueza tenía un argumento de mayor peso si lo que pretendía era desvincularse de las investigaciones por violaciones de derechos humanos (cosa que logró). Su consorte, es un coronel del Ejército.

Respaldo

Los detractores de la jueza aseguran que no integró la lista de los acusados porque habría contado con el respaldo del propio gobierno. Le atribuyen buena relación con Eduardo Farah, el juez platense recientemente ascendido a camarista federal subrogante en la estratégica Sala I de Eduardo Freiler y Gabriel Cavallo.

Tras la pelea Bisordi-Kirchner, la magistrada fue marginada y culpada de que el Presidente hubiera elegido a la Casación para entablar una disputa que el resto de los camaristas no querían tener. Incluso Bisordi recibió esos reproches.

Ese habría sido el motivo principal que llevó a la integrante de la Sala IV a presentar su renuncia al cargo para acogerse al beneficio de la jubilación.

‘Con seguridad la renuncia será aceptada por el Presidente’, aseguraron fuentes del gobierno. Antes remitirán la dimisión al Consejo de la Magistratura para verificar que la jueza no tenga causas pendientes.

La renuncia de Berraz tiene otros componentes: su jubilación ya estaba acordada. Por edad, sólo faltaba que se acogiera al retiro. En rigor, de los doce jueces que componen la Cámara de Casación, ocho están en su misma situación. La Constitución dispone que los magistrados cuando cumplen más de 75 años tienen que pedir al Senado que les renueve el acuerdo para seguir ocupando su butaca. Ese método quedó frenado cuando el juez Carlos Fayt presentó una demanda judicial en contra de la cláusula impuesta en la reforma de la Constitución del 94 por inconstitucional. El veterano juez obtuvo un fallo favorable y conservó su puesto.

Sólo cuatro jueces no están en esas condiciones: Bisordi, Riggi, Hornos y Ángela Ledesma. Llamativamente, los tres primeros tienen pedido juicio político”

Al leer la información y su comentario recién transcriptos, de inmediato vino a mi mente un hecho que me consta y que abona la tesis de que Berraz de Vidal fue sacada de la lista de denunciados por Farah, lo que demuestra una vez más que este juicio político es otra espuria operación del actual gobierno, ejecutada en connivencia con sus socios de las organizaciones de derechos humanos y sus operadores destacados en el Consejo de la Magistratura.

Paso a referir tal hecho. Asistí al juramento del doctor Santiago Schiopetto como Secretario de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal a cargo del doctor Carlos Miguel Cearras, celebrado en el 5° piso del edificio de Comodoro Py en marzo de este año.

Después del acto se sirvió un vino de honor durante el cual el Fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, doctor Raúl Plée, comentó -en mi presencia y en la de la fiscal Graciela Mónica Sterchele, madre del funcionario que había jurado, del nombrado doctor Cearras y de los fiscales federales doctores Evers y Rívolo- que Eduardo Guillermo Farah -el que, a mi propuesta, fue empleado de la Sala I de la Cámara de Casación y luego ayudante de la Cátedra de Derecho Penal I, a mi cargo, en la Universidad Católica Argentina- había sido nombrado juez subrogante en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en reemplazo del renunciado Horacio Raúl Vigliani. Farah tiene como cargo efectivo el de juez federal en lo criminal y correccional de Mar del Plata -Juzgado N° 3-, al que accedió por concurso y a cuyo juramento, en aquella ciudad, asistí dada la amistad que a él me unía. Sin embargo, rápidamente había sido promovido a juez subrogante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta Capital, a cuyo juramento también asistí, por haberme enterado del acto. En esa ocasión y posteriormente noté actitudes elusivas del doctor Farah respecto de mí, a punto tal que no me invitó a su juramento en la Cámara Federal, pues a esa altura ya era yo una de las presas del kirchnerismo en su voraz carnicería judicial.

Todo esto encuentra su explicación, según lo relatado por el Fiscal Plée ante calificados testigos, en que Farah superó, en la competencia para acceder a la Cámara Federal porteña, al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de esta ciudad, doctor Guillermo Montenegro, el mismo que, seguramente por una razón legal plausible pero con una velocidad no acostumbrada en nuestros tribunales, giró por incompetencia a la justicia santacruceña la causa por la malversación de caudales públicos atribuida a Néstor Carlos Kirchner al extraer del país fondos públicos de su provincia para, supuestamente, resguardarlos del “corralito” financiero del ministro Cavallo, en épocas del Presidente Fernando De La Rúa. El juez Montenegro -valga anticiparlo- es también el magistrado que ha entablado una cuestión de competencia con el juez de lo Penal Tributario Javier López Biscayart por el denominado “Skanskagate”, conflicto en el que Kirchner prefiere -obviamente- que gane el primero de los nombrados.

Pues bien, el fiscal Plée -de conocida amistad con Montenegro, quien fue Secretario de su Fiscalía N° 2 de Casación-, contó que la rápida y ascendente carrera de Farah es impulsada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el que se habría conectado por intermedio del doctor Javier Fernández, uno de los auditores generales de la Nación junto con la esposa del aludido ministro, la contadora Minichillo. Fernández supo ser una persona muy vinculada al menemismo (sobre todo a los ex jueces de la Corte Rodolfo Barra y Adolfo Vázquez), pero ahora parece que es el nexo entre De Vido y los jueces, a punto tal que él y Farah -Plée dixit- son cortejados por algunos de ellos y por oros funcionarios para conseguir ascensos, prometiendo a cambio indulgencias al “cajero de Kirchner”, según ilustrativa metáfora de una figura opositora de peso.

Atando cabos, no es difícil advertir que la relación Farah-De Vido habría tenido sus consecuencias en la trama del juicio político a los miembros de la Sala IV de la Cámara que presido, tal como lo comenta “Ámbito Financiero”, pues la exclusión de la doctora Berraz de Vidal tiene como probable una sola explicación: la intercesión de Eduardo Farah ante Kirchner-De Vido, lo que demuestra inequívocamente quiénes son los verdaderos autores de escritorio del pedido de enjuiciamiento y qué se persigue con éste. Abona esa intercesión el hecho de que Farah fue secretario interino del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 cuando Berraz de Vidal era su titular, y además fue autor del proyecto de prisión preventiva de Amira Yoma, decisión que favoreció -negociación mediante- el ascenso “per saltum” de Berraz de Vidal a la Cámara de Casación y, después, el nombramiento de un reemplazante en su juzgado que finalmente sobreseyó a la cuñada del ex presidente Carlos S. Menem.

II.c.2) La corrupción administrativa en el gobierno de Kirchner y la necesidad de asegurar la impunidad de sus funcionarios.

Hace poco, Daniel Juri expresaba su punto de vista en el diario “Clarín” (edición del 28-03-07, pág. 3) sobre “Los poderes” del siguiente modo: “Quienes miran con simpatía a Néstor Kirchner suelen hablar de su vehemencia. Los que no tanto, hablan de sobreactuación. Sea una u otra actitud, el sistema impone una clara división de poderes. Por su responsabilidad institucional, Kirchner debería dejar de lado las actitudes ‘vehementes’ o ‘sobreactuadas’. Es cierto que muchas causas que involucran a genocidas duermen un sueño injusto en los Tribunales. Pero el desafío de un estadista es buscar salidas que no vulneren al Estado. ¿Qué diría Kirchner si algún juez pidiera la renuncia de algún ministro sospechado de corrupción?. ¿Lo aceptaría?. Porque, en este contexto, todo parece posible”.

En el mismo periódico (edición del 1° de abril de 2007, pág. 33) el columnista Eduardo van der Kooy ensaya una medida respuesta al interrogante planteado por su colega Juri. En el comentario editorial titulado: “Una versión empeorada de Kirchner” sostiene que cuando el Presidente se muestra “hostil, destemplado y combativo”, “se propone invariablemente una puja de poder. Así actuó cuando en el alba de la gestión resolvió descabezar a la Corte Suprema. De esa manera también confrontó con empresarios que desafiaron algunas de sus decisiones sobre política de precios. Así suele tratar, además, a los opositores ni bien se convierten en escollo para el avance de sus proyectos.

La embestida de la semana pasada dejó al Presidente enfrentado con el Poder Judicial. ¿Un conflicto de poderes?. Todavía no lo es. Kirchner disparó un lenguaje, inconveniente, contra la Cámara de Casación e, incluso, contra la Corte Suprema que él mismo moldeó. Hubo palabras, no hubo decisiones ni hechos. Pero esas palabras alcanzaron para encender las alarmas. Es el clásico estilo de amedrentamiento presidencial.

El Presidente sostuvo que los miembros de la Casación demoran los juicios a los ex represores por la violación de derechos humanos. Advirtió además a la Magistratura que si eso ocurre deberá intervenir. En verdad, ya intervino y reclamó informes exhaustivos sobre las causas.

Esas palabras entraron, sin dudas, en colisión con el artículo 109 de la Constitución reformada que pone fronteras precisas a la intervención del Presidente en el campo judicial. Pero una dimensión tienen esos dichos y otra la imagen de esos mismos dichos. Kirchner habló desde una tarima dejando trasuntar, por instantes, algún inquietante descontrol.

Esa actitud explica, pero jamás justifi-caría, el comportamiento de un par de kirchneristas de la Magistratura. Carlos Kunkel lanzó una ofensiva contra la Casación que enseguida amainó. Diana Conti pareció llegar demasiado lejos. Es probable que la diputada sea recusada si entiende en la causa contra cuatro de los magistrados de la Casación.

La furia presidencial detonó la reacción de toda la justicia. Existe un malestar perceptible en la Corte contra Kirchner por dos razones: sus críticas a la Casación la dejaron en una encerrona; asoma recurrente el fastidio presidencial cada vez que los jueces dictan fallos sorpresivos y, a juicio suyo, de inconfundible sentido político.

Ricardo Lorenzetti, el jefe de la Corte, fue quien impulsó la necesidad de una intervención ante el cariz que adquiría la disputa. Sólo uno de los jueces -Raúl Zaffaroni estaba ausente- advirtió sobre las consecuencias políticas que podría acarrear esa irrupción. En efecto, todas las Cámaras de justicia del país se pronunciaron a favor de la Corte. Kirchner también se dio el gusto de meter otro estiletazo. Pero el resguardo institucional pesó, esta vez, más que la conjetura política”.

Luego de algunas referencias equivocadas sobre mi paso por la Corte -salvo las peleas con Enrique Petracchi, que existieron y que volvería a tenerlas en iguales circunstancias- van der Kooy agrega: “Los hombres de la Corte no atinan a adivinar cuánta intencionalidad hay en la Casación para frenar los juicios contra ex represores. Aunque están convencidos de que, cuanto menos, se han dado una estrategia equivocada. Es cierto que los abogados defensores de los ex militares plantearon infinidad de recursos de apelación que traban los juicios. Es cierto también que la Casación, en lugar de enredarse con todos ellos, pudo haber impulsado siquiera uno para aventar suspicacias y exhibir voluntad política. Un montón de papeles comenzó a moverse en las últimas horas, pero la refriega ya está en desarrollo.

En este punto cabría una precisión. Puede que los jueces de la Casación se hayan demorado por la complejidad de las causas que tienen entre manos. Puede, además, que esa demora obedezca a razones de procedimiento. Si así fuera, cabrían tal vez reproches menores.

Otro sería el cantar si el retraso respondiera a razones políticas. Los jueces de la Casación no están obligados a compartir la política de derechos humanos del gobierno de Kirchner. Esas diferencias son bien comprensibles. Pero ninguno de ellos podría apartarse tampoco de los dictados de la ley que, en esa materia, sentó como precedente la propia Corte Suprema con la declaración de inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final.

Lo peor no es únicamente el conflicto que crispa a las instituciones y enrarece el clima político. Lo peor es, quizá, que estas cuestiones se mezclen con la campaña electoral. Lo peor sería, además, si el Presidente hubiera elegido su choque con la justicia como tema para alzar con frecuencia a la tribuna. La justicia no tiene buena ponderación en la sociedad y una confrontación podría engrosar la cosecha de votos en octubre. Pero esa intención del Gobierno no podría aceptar una lectura uniforme.

Kirchner volvió a machacar con la necesidad de remozar una justicia que todavía exhibe demasiadas rémoras del menemismo.

Por ese motivo cargó contra la Casación. Todos sus miembros fueron designados durante la década del 90. Y esas designaciones motivaron el alejamiento del entonces ministro León Arslanián.

Pero el Gobierno no muestra el mismo entusiasmo para remover magistrados de aquella época que se disciplinaron ahora con mansedumbre en torno a las urgencias oficiales.

¿Se trataría sólo de una distracción electoral?. Hay que dividir las aguas: es difícil discutir la convicción con que el Presidente abordó la política sobre derechos humanos que le vale un reconocimiento internacional del cual carece en otros planos; existen más incógnitas, en cambio, sobre el perfil de la justicia que imagina”.

Elocuente también en el sentido de que los atrasos en los casos de derechos humanos encubren la real intención de manejar una composición adicta de la Cámara de Casación, es el editorial del Diario “La Nación”, del 1°/4/07, intitulado: “Mesura y concordia”. Ahí se dice: “... Curiosa-mente, la celeridad que el jefe del Estado le ha reclamado al máximo tribunal en materia penal para castigar a los imputados de delitos contra los derechos humanos no se la reclama a los juzgados federales en los cuales no avanzan por ahora las numerosas denuncias de corrupción contra funcionarios del actual gobierno nacional. Tampoco se la exige a sus colaboradores para que se ejecuten las sentencias de la Corte que, desde hace bastante tiempo, ordenaron un significativo ajuste de los haberes jubilatorios.

La desmesura presidencial ante los miem-bros de la Cámara de Casación invita, asimismo, a preguntarse si no será todo parte de un operativo dirigido contra quienes, en el futuro, deberían abordar uno de los escándalos más preocupantes de la etapa kirchnerista, como el caso Skanska, que hoy se ventila en tribunales inferiores...”.

El articulista Joaquín Morales Solá, bajo el título: “Kirchner, o el elogio de la desmesura”, comenta -en la misma edición de “La Nación”, pág. 25- que después del discurso de Córdoba, “el Presidente instruyó a... Aníbal Fernández y a Carlos Kunkel para que continuaran con la ofensiva contra la Cámara, ellos ya haciendo uso y abuso del léxico barriobajero que cultivan. Ninguno de los tres percibió que se estaban metiendo con la elegancia de un rinoceronte en territorios de otro poder del Estado”.

Después de describir la reacción de la Corte mediante su comunicado en el que reclamó al Presidente “mesura” y “equilibrio”, éste “olfateó que los jueces se le estaban sublevando. ¿Cómo?. ¿Justo con él, que nombró a la mayoría de la Corte?. El siempre oportuno atril le sirvió para recordarle a los jueces que estaban ahí por obra del Presidente. Casi mete al país en un conflicto de poderes. No lo hubo porque la Corte decidió mascullar su enorme malhumor, sin decirlo en público.

Diana Conti, que milita ahora en el kirchnerismo fundamentalista, acusó al tribunal de usar los métodos de la Corte menemista. Conti fue secretaria de Estado delarruista en tiempos de la Corte menemista y la acató; jamás pidió su relevo. Las conversaciones políticas tienen el límite del pudor. La Corte no es eso. Se puede acordar o no con ella, pero está lejos de ser la Corte que designó Menem.

En ese discurso contra la Corte, Kirchner señaló que no lo extorsionarían con casos de corrupción. Resulta llamativa esa advertencia, porque no hay ninguna causa judicial que lo investigue al Presidente. Hay, en cambio, varios expedientes que están investigando a colaboradores suyos ¿Ha decido el Presidente convertirse en escudo político de sus allegados más íntimos?. No sería, en tal caso, el mismo presidente que prometió trasparencia desde el día que llegó al poder”.

Otro destacado columnista (Sergio Crive-lli, en la edición de “La Prensa”, del 1°-4-07, pág. 15) escribía: “Los altos índices de popularidad han entonado a Néstor Kirchner, que ya no se calla cuando algo no le gusta. Así como en el mensaje al Congreso el 1° de marzo se había despachado a voluntad contra sus adversarios y críticos, durante la semana que acaba de terminar volvió a apuntar los cañones contra quienes se oponen a sus deseos. Esta vez le tocó a un tribunal penal que no promueve la revisión de la guerra sucia con la rapidez y en la dirección que les gustaría a los organismos de derechos humanos. Tuvo lo suyo la Corte Suprema, que había pedido prudencia ante el volumen que iba tomando la polémica, y también recibió parte de la artillería un diario que imputa al Gobierno tendencias absolutistas”.

Fernando González expresó su punto de vista en “Clarín” (edición del 29-03-07 -día siguiente al que Kirchner respondió a la Corte- pág. 3) de esta forma: “Ya no quedan dudas de que el Presidente se siente cómodo peleando con los integrantes del Poder Judicial. Lo hizo al comienzo de su gestión, cuando arremetió en público para cambiar la Corte de color menemista. Avanzó contra los jueces federales y redujo a su favor la composición del Consejo de la Magistratura. En los últimos días, Kirchner puso en la mira a aquellos jueces de la Casación de los que se siente más alejado ideológicamente...”.

Queda claro para todos, pues, que el supuesto retraso de las causas contra militares y policías es una excusa para modificar la composición de la Cámara Nacional de Casación Penal con miras a asegurarse Kirchner, o sus colaboradores venales, la impunidad de los presuntos delitos de corrupción administrativa de éstos.

Los interrogantes que más arriba deslizan conspicuos periodistas fueron develados por los hechos posteriores a sus agudos comentarios, especialmente con lo sucedido en el escandaloso asunto “Skanska”, del que se desprende una millonaria coima en dólares pagada en el ministerio a cargo de De Vido para obtener la licitación de estratégicos gasoductos.

De la lectura de los diarios recientes resulta, por ejemplo, lo siguiente: “Como anticipó Clarín el sábado, el ministro (por Aníbal Fernández) decidió denunciar a Javier López Biscayart luego de un cruce por el traslado de un detenido del caso Skanska. El juez entendió que la vida de esta persona, Adrián Félix López, corría peligro y dispuso mudarlo de una cárcel del Servicio Penitenciario a otra de la Policía; para esto declaró inconstitucional una decisión administrativa de Aníbal Fernández que limita el alojamiento de presos en dependencias policiales. La Policía se negó a recibir a López, que terminó -medio día después de empezado el trámite- en una celda cedida por el Gobierno de la Ciudad.

Para el ministro del Interior, lo ‘avasallante’ resultó la actitud de López Biscayart de insistir con dejar a su detenido en la Superintendencia de Investigaciones, cuando cierta normativa lo prohíbe. Por carta, el mismo viernes, Fernández le avisó al juez que lo denunciaría ante el Consejo; el lunes cumplió.

Los consejeros aún no le dieron curso a la denuncia. En este órgano avanza otro pedido de juicio político contra la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal; estos jueces, sospechados de gravísimas demoras en causas sobre derechos humanos, también deben intervenir en el caso Skanska.

Fernández rechazó las acusaciones en su contra (diputados de distintos partidos pedirán en el Congreso su destitución por haber denunciado el lunes ante el Consejo de la Magistratura a López Biscayart, uno de los jueces que investigan el presunto pago de sobornos en obras públicas impulsadas por el área de Planificación): ‘Hice lo que tengo que hacer, nada más’.

López Biscayart empezó investigando una evasión fiscal que, a partir de varios indicios, derivó en una causa por presunto cohecho en la construcción de un gasoducto. Lo mismo investiga el juez federal Guillermo Montenegro. Skanska ya confesó que pagó ‘comisiones indebidas’; serían 17 millones de pesos (v. diario “Clarín”, edición del 18-04-07, pág. 10, nota titulada: “Skanska: el ARI y PRO piden el juicio político a Aníbal Fernández”).

La maniobra, calificada por Elisa Carrió como “el intento por avasallar el Poder Judicial más escandaloso de los últimos años. Peor que en el menemismo”, justificó una editorial de “La Nación” (edición del 20 de abril ppdo.) que, bajo el título: “Desconfianza en la Justicia”, vincula este caso con el de la Cámara de Casación.

En efecto, en ese lugar puede leerse: “Es cierto que la justicia debería obrar con mayor celeridad y transparencia para ser más creíble ante la sociedad, pero también lo es que los ataques y la manipulación desde el Poder Ejecutivo erosionan su poder y confiabilidad.

Cabe recordar las reiteradas críticas contra la Cámara de Casación Penal, acusada de supuesta demora en causas judiciales asociadas con violaciones a los derechos humanos. Muchas de aquellas dilaciones se explican por las presentaciones de los mismos querellantes, que exigían marginar a jueces de la Casación de esas causas y concluyeron obstaculizando el trabajo regular de los jueces cuestionados.

Juristas y magistrados han considerado una intolerable injerencia y una amenaza para la independencia judicial el reclamo del presidente Kirchner para que el máximo tribunal penal actúe de determinada manera y su exhortación al Consejo de la Magistratura para que sancione a los miembros de ese cuerpo. Hasta la Corte Suprema de Justicia le solicitó al primer mandatario ‘equilibrio y mesura’. No obstante, y a pesar de las críticas recibidas, las presiones se completaron con el pedido expreso del ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que determinados jueces de la Casación presentasen sus renuncias.

El método utilizado para disciplinar a los magistrados mediante el sistemático recurso de hablar peyora-tivamente de ellos ante la opinión pública ha comenzado a dar sus frutos. El presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, pidió licencia por enfermedad y la jueza integrante de ese cuerpo Amelia Berraz de Vidal presentó su renuncia, aunque aclaró que su decisión estaba motivada en su deseo de acogerse a la jubilación ordinaria.

Sin embargo, nunca se había llegado tan lejos en la presión contra los jueces que afectan los intereses de la administración nacional como cuando el ministro del Interior denunció en el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, quien investiga el caso Skanska, presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno en el contexto de la ampliación del gasoducto del Norte.

La sospecha de que los fondos abonados por una compañía sueca habrían sido utilizados para pagarles a funcionarios es un hecho gravísimo que la justicia deberá dilucidar para trasparentar el manejo de los recursos administrados por el Estado. La causa fue iniciada en 2005 ante la sospecha de una operación de evasión impositiva millonaria, por la cual está detenido uno de los socios de una empresa considerada fantasma y luego viró hacia la investigación del pago de presuntas coimas.

La presión ejercida sobre la justicia encaja con la reforma del Consejo de la Magistratura, organismo encargado, entre otras cuestiones, de seleccionar candidatos a juez y acusar a los magistrados por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento. La reforma rompió el equilibrio establecido por la Constitución Nacional al eliminar la representación de los partidos minoritarios, lo cual posibilitó una impropia injerencia de la clase política en el mencionado consejo.

Un país no puede depender del humor del gobierno de turno, sino de la consolidación de sus institu-ciones al servicio de la Nación. Por eso, resulta indispensable que el poder político abandone sus intentos de manipulación y presión sobre la justicia, uno de sus pilares fundamentales, con el fin de contribuir a que la sociedad recupere la confianza en su accionar, que necesariamente tiene que ser independiente, eficiente y honesto”.

Estas advertencias sensatas e indispu-tables no han hecho mella en el ánimo de los atropelladores del gobierno de Kirchner, tal como resulta de la nota aparecida en “Perfil” (edición del 22-04-07) bajo el título: “Caso Skanska. Acosado por el gobierno, el juez sigue la ruta de los sobornos”, con la siguiente síntesis: “Con la evidente intención de apartar a Javier López Biscayart de la causa, la Casa Rosada, sus hombres en la Magistratura y sus medios cautivos coordinan acciones oscuras contra el magistrado. Mientras avanza un pedido de juicio político en su contra, una ex pareja del juez salió a revelar supuesta historia de maltrato. Así, el kirchnerismo dejó en claro que no solo persigue a jueces ‘lentos’ sino, sobre todo, a jueces enemigos”.

Ya en el texto de la nota se lee: “El jueves la suerte del juez desmejoró decididamente: recibió una cédula firmada por Diana Conti en la que le informaban que tenía en trámite un pedido de juicio político nacido el 22 de mayo de 2006. Ese mismo día fue alertado por una de sus ex parejas, que había sido contactada por ‘agentes de inte-ligencia’. Lo mismo habría sucedido con otras mujeres. La actitud habitualmente rígida de López Biscayart se endureció un poco más y, ya con firme sospecha de que se iniciaba una campaña sucia en su contra, la que quizás intentaba afectarlo en su honor, se le escuchó decir: ‘Todo lo que tengo para dejarles a mis hijas es el apellido, y es ahí en donde me quieren afectar’.

Como fondo de pantalla de la cuestión judicial, aparece la inminente decisión de la Cámara de Apelaciones sobre quien deberá seguir investigando el posible cohecho, si López Biscayart o el juez federal Guillermo Montenegro. Hay versiones cada vez más poderosas que sostienen que la Cámara dividiría la investigación: López Biscayart se quedaría con la evasión tributaria y Montenegro con el posible cohecho”.

A este último respecto habrá que estar atento a dos cuestiones: la primera, la operación que pueda realizar el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sobre el camarista Penal Económico Carlos Alberto Pizzatelli, su antiguo compañero de trabajo en la Cámara Federal en 1976, cuando colaboraban -como relatores- a redactar las sentencias que confirmaban el rechazo de los habeas corpus de los desaparecidos y que suscribían los camaristas en la Sala I de esa Cámara; y la segunda, si como consecuencia de tener que decidir en favor de la competencia de Montenegro es favorecida en el Consejo de la Magistratura con el primer puesto de la terna de aspirantes a la Cámara Contencioso Administrativo Claudia Caputi, la mujer de otro de los jueces que deben fallar, el camarista Marcos A. Gravicker.

Mientras tanto, López Biscayart ha de soportar parecidos escarnios y persecuciones a las que sufre quien esto escribe (ver, en “Perfil”, 22-04-07, pág. 3, “Nueva compaña sucia”) y ser espectador -igual que yo- de las operaciones de lo más granado del kirchnerismo.

“Para ese fin -dice “Perfil”, p. 3,- “Tres Fernández comandan el operativo oficial para apartar a López Biscayart” -trabajan tres Fernández de Kirchner: Alberto, Aníbal y Nicolás, el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el senador santacruceño. En la última semana desplegaron un operativo mediático y judicial destinado a instalar dos ideas fuerza: que el caso Skanska es una pelea entre privados que no afecta a funcionarios; y que el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que dio inicio a la investigación está ‘sucio y debe apartarse de la causa.

Llamó el tío Alberto

‘Lo primero que hizo (la senadora María Laura) Leguizamón cuando recibió la causa fue contarle a Alberto’, afirmaron cerca de la legisladora. Ella es quien instruye una de las tres denuncias que se tramitan en el Consejo de la Magistratura contra López Biscayart. ‘Alberto le dijo que por ahora no haga nada. Que espere su llamado’, agregó. Así que el expediente 52/07 aún está en fojas cero. Esa denuncia fue iniciada por el abogado de la ‘maldita policía’ Alejandro Pérez Cárrega. Lo acusó de no denunciar la ‘visita’ a su juzgado de dos agentes de la SIDE, lo que implicaría un avance sobre la independencia de Poderes.

‘El que ya recibió el llamado del Tío Alberto es Tito’, reveló otra fuente. ‘Tito’ es Nicolás Fernández, el senador por Santa Cruz. El sí habría recibido la orden de avanzar con su expediente, el 179/06. Se trata de otra denuncia contra López Biscayart, pero iniciada por el abogado Carlos María Negri: Acusó al juez de ‘ilegítima restricción de la libertad’ de su cliente Miguel Sagastume, dueño de un restaurante investigado por evasión tributaria.

Ese expediente descansaba en el Consejo desde mayo de 2006, junto con el resto de las 342 denuncias que se instruyen en ese organismo. ‘Fernández requirió hace unos días las primeras medidas de prueba’, reveló una empleada de alto rango del Consejo. El juez fue notificado de la existencia de ese expediente el jueves pasado, el Día de San Expedito, unas horas antes de que la Comisión archivara la embestida del tercer Fernández, el ministro del Interior.

Ese capítulo tuvo como protagonista a la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina. Con instrucciones que recibió de Alberto F. desde España, Conti corrigió la movida del ministro que había recolectando dos pedidos de juicio político, uno de ARI y otro de PRO. Y convirtió el ataque de Aníbal F. en una ‘nota’ de supuesto efecto inocuo. ‘Acá se han iniciado juicios con artículos periodísticos. Si hubiesen querido, podrían haber avanzado. Fue una orden la que freezó el expediente’ afirmaron a Perfil en el Consejo de la Magistratura.

Una orden, y la pelea que se desató entre Aníbal F. y el ministro de justicia, Alberto Iribarne, que le hizo saber por escrito que disentía con los argumentos que había utilizado para atacar al juez. Pero las contradicciones internas no frenaron la operación.

‘Ninguna de las causas que hay en el Consejo son fuertes por sí solas. Pero la acumulación de expedientes puede ser fatal. Por eso, la ‘nota’ de Aníbal puede ayudar’, adelantó un asesor cercano a los consejeros pingüinos de la magistratura. ‘Y Alberto está dispuesto a combatirlo hasta el final’, sentenció un funcionario de perfil cada vez más elevado que mantiene diálogo continuado con el jefe de Gabinete”.

Como se ve claramente, el Gobierno emplea procedimientos que bien envidiaría la mafia siciliana para desplazar de sus cargos a los jueces independientes, que, estima, investigarán, en su caso, al Presidente o a sus funcionarios. Este es el verdadero objetivo que se persigue en el caso del presente enjuiciamiento político, y sus ejecutores son los consejeros aquí recusados.

II.c.3) Converge -particularmente en mi caso- en el sentido de que el atraso en las causas contra represores es sólo un pretexto, la circunstancia de que no he sido imputado -ni podía serlo-, por cierto, porque estoy apartado de casi todas esas causas- de demorarlas. En verdad, no tengo aptitud ni para retrasarlas ni para acelerarlas. En un reportaje radial, trascripto en “Ámbito Financiero” del 28-03-07, pág. 11, el doctor Julio César Strassera -quien actuó como fiscal acusador de los comandantes del ex Proceso de Reorganización Nacional- dijo, con una hidalguía que lo ennoblece y que me ha hecho reconciliarme con él, lo siguiente: “... vea, posiblemente ideológicamente esté en las antípodas de Alfredo Bisordi... Ojala hubiera muchos Bisordi en la justicia, porque es un hombre honrado. Y un hombre que trabaja. Más allá de las dificultades que podemos tener.... Pero, fíjese que Bisordi no puede retrasar ni apurar ninguna causa, porque está excusado en todas esas causas. Ha sido recusado y excusado, así que él no interviene, no interviene en ninguna de las causas.

-Periodista: ¿Teme que a través de los derechos humanos convertidos en un pretexto, lo que importa al gobierno es avanzar sobre la justicia?.

-J.C.S: Ese es precisamente el temor. No va creer que yo tengo alguna simpatía por los enjuiciados. Es más, yo desde acá puedo decir que los considero culpables. Pero los jueces no pueden. Sólo si de la prueba que se reúne tienen que tener castigo. Pero ya directamente se está pidiendo castigo sin saber lo que va a pasar en el expediente. Además, se dicen cosas inexactas. Por ejemplo, que llegó de la mano de Giletta; no es cierto ello. Giletta lo nombró Secretario, y más allá de los juicios que quieran hacer ustedes sobre Giletta, yo tengo muy buena relación con él y lo considero una buena persona.

-Periodista: ¿Y Bisordi?.

-J.C.S: Bisordi es un viejo empleado, entró de pinche al Poder Judicial, tiene más de cuarenta años ahí, y es un hombre técnicamente apto....

-Periodista: Bisordi dijo que en los últimos cuarenta años, incluidos los gobiernos autoritarios nunca vio una intromisión en la justicia como la actual de Kirchner, ¿usted coincide?.

-J.C.S.: Lamentablemente coincido. Y esto, vamos a ver por qué. Si es un juicio objetivo, los jueces tienen que salir absueltos en el Consejo de Magistratura. Si es un juicio objetivo y justo.

-Periodista: ¿Cree que por Casación pueden llegar a pasar algunos casos de corrupción de este gobierno?.

-J.S.C: Tendrían que pasar algunos de los casos de corrupción; ahora nadie se molesta, nadie se irrita ¿eh?. Y eso que la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas apunta a varios funcionarios. Ahora, por las demoras en esas causas, nadie se molesta”.

Por tanto, si no estoy en aptitud -porque no intervengo en las causas de derechos humanos- de demorar los procesos -ninguna imputación se me hace en la denuncia en traslado- y si no he concurrido con mi voto a la concesión de las excarcelaciones impugnadas en ese oscuro libelo -es más, los fallos de la Sala I, que regularmente integro, son utilizados para cuestionar los de las Salas III y IV-, hay una sola explicación para este pedido de enjuiciamiento: enemistad ideológica del gobierno, de los denunciantes y de los representante de Kirchner en este Consejo, amén de reservas y temores por mi futuro comportamiento independiente en el tratamiento de las causas de corrupción de sus funcionarios que se avecinan.

De otro lado, lo único que se me objeta en la denuncia -en una carilla, llena de inexactitudes y de dolosas omisiones- es que, hallándome excusado en las causas “ESMA” y “Cuerpo I”, con la clara intención de obstaculizar el funcionamiento del tribunal oral que intervine en ellas, demoré resolver como Presidente, su requerimiento de prórroga de exención de sorteo de causas comunes.

Se trata de un planteo descabellado y falso, que ni siquiera debió mover a la diputada Conti a correrme traslado de él, salvo por su manifiesta animadversión a quien esto escribe.

Es descabellado porque yo estoy excusado de intervenir en las causas aludidas, no de ejercer, como Presidente del Tribunal, las funciones de superintendencia del fuero, entre las que se halla el otorgamiento de exenciones de sorteo de causas a un órgano que de la Cámara depende, por su incuestionable repercusión en la labor de los demás, que ven recargada su tarea por esa eximición. Es un acto de gobierno de la jurisdicción que nada tiene que ver con la sustanciación de un proceso en particular. Tan es así, que de antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene declarado “que en los procedimientos de Superintendencia... son inaplicables las disposiciones... referentes a las causas de recusación de los magistrados que ejercen la jurisdicción criminal” (Fallos: 245:26; 265:377).

De otra parte, si no fuese por un afán persecutorio selectivo y discriminatorio -tanto de los denunciantes como de la consejera presidente de esta Comisión- no se explica por qué, al ser el de Superintendencia un tribunal colegiado -integrado por el presidente de la Cámara y los presidentes de las Salas- y haberse tomado la decisión cuestionada por unanimidad, no se formuló el mismo cargo a los jueces Raúl R. Madueño, Pedro Rubens David, Ángela Ledesma y Gustavo M. Hornos, quienes con su voto concurrieron a formar la convicción del cuerpo.

Pero más allá de ello, decía más arriba, el planteo es falso. Me explico: del expte. N° 5/06 S.G. de la C.N.C.P., caratulado: “Tribunal Oral Federal N° 5 s/eximición de sorteo”, resulta que por decisión del Tribunal de Superintendencia -en su conformación del año 2006, a la que era ajeno- se eximió “excepcional y provisoriamente del sorteo de causas” al mencionado tribunal de juicio a partir del 12 de mayo de ese año, a fin de favorecer el trámite entre otras, de las causas “ESMA” y “Cuerpo I” (Resolución N° 61/06, del 11-05-06). La exención fue prorrogada por noventa días el 16-08-06 (Resolución N° 112/06) y por un término igual el 14-11-06 (Resolución N° 166/06).

El 22 de febrero de 2007 -ya bajo mi Presidencia- el T.O.C.F. N° 5 produjo el informe respectivo y solicitó que se mantuviera la eximición de sorteo. Llevado el tema al acuerdo, a instancia de la doctora Ángela Ledesma y con la conformidad de los demás miembros del Tribunal de Superintendencia, se solicitó al órgano requirente, con carácter previo a adoptar una decisión al respecto, que focalizara “su argumentación acerca de su procedencia en las causas en que se investigan hechos vinculados con presuntas vulneraciones de derechos humanos y, complementando el informe presentado el 23 del corriente mes y año, haga saber a esta Cámara Nacional de Casación las fechas en que se estima como probable la fijación de las audiencias previstas en el art. 359 del C.P.P.N.” (Resolución N° 23/07, del 28-02-07).

Producido el informe ampliatorio el 1° de marzo de 2007, el siguiente día 7 se resolvió: “Prorrogar, con carácter de excepción, la eximición del sorteo de causas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 por el término de ciento ochenta días, desde que resultan atendibles las razones invocadas por dicho órgano judicial. Ello sin perjuicio de que en algunas de las causas señaladas impide la fijación de los debates el trámite regular, dentro de los plazos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación, de incidencias radicadas ante esta Cámara y habida cuenta que se están realizando instrucciones suplementarias o diligencias preliminares a las audiencias de vista de causa que exige la constante supervisión de los magistrados que integran el tribunal.

Más allá de lo expuesto y en lo relativo a procesos pendientes de índole diversa, resulta pertinente recordar lo resuelto por la Sala I de este Tribunal en la causa N° 7835, caratulada: ‘Brewer, Nicholas y otro’ el 1° de noviembre de 2006 (Registro N° 9712), acerca del preferente despacho que debe dársele, por lo que deberá aprovecharse la prórroga que se concede para procurar la conclusión definitiva de ese proceso” (Resolución N° 30/07).

No es difícil apreciar, en consecuencia, la falsedad de la denuncia en responde cuando afirma que he obstaculizado deliberadamente el trámite de las causas “ESMA” y “Cuerpo I”. El tribunal de superintendencia que presido prorrogó la exención de sorteo de causas al T.O.C.F. N° 5 por el doble de tiempo que la originaria y anteriores prórrogas y, además, nunca suspendió esa eximición mientras pendía el pedido de informes previo, de manera tal que jamás se obstruyó ni dificultó la tarea de los jueces inferiores en grado en el tratamiento de las causas que ellos tramitan vinculadas con violaciones a los derechos humanos.

Es de interés que destaque -acerca de que no se trata de que yo hubiese demorado causas el verdadero cuestionamiento que se me dirige, sino mi enemistad ideológica con los deudos de guerrilleros de la década del ‘70, agrupados en diversos organismos de derechos humanos- que vengo padeciendo sus ataques, ofensas, diatribas y campañas de desprestigio desde hace más de veinte años.

Las mismas objeciones que ahora se me hacen las hicieron las mismas personas y organismos en el proceso previo a mi designación como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el que se celebraron, por única vez durante el anterior método de selección de magistrados, dos interpelaciones en el Senado de la Nación para tratar esas objeciones, siempre llevadas de la mano por el CELS y su mentor, el ex terrorista Horacio Verbitsky (v. “El perro vuelve a ladrar”, Noticias, 18-10-05, págs. 25/29).

Por nota presentada al Senado el 7 de octubre de 1992, las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”, “Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora”, “CELS”, “Liga Argentina por los Derechos Humanos”, “Servicio de Paz y Justicia”, “Asociación de Ex-detenidos desaparecidos” y “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”, fundamentaron la impugnación a mi nombramiento como juez porque Bisordi: “Fue secretario del juzgado federal de Norberto Ángel Giletta, durante el terrorismo de Estado. Nunca ocultó sus simpatías por la última dictadura, lo que lo llevó a cuestionar el procesamiento de los ex-comandantes. En ámbitos tribunalicios, se afirma que prestó asesoramiento a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en la controvertida causa Yomagate. Acusó a la Asociación de Abogados de izquierdista, cuando no desconoce que en ella están asociados, entre otros, los ex-presidentes Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín, y el presidente Carlos Menem. Al margen de ello, es claro que carece de antecedentes para desempeñar funciones en la Cámara de Casación, aún para el propio Poder Ejecutivo Nacional...”.

El 5 de octubre de 1992, el abogado Juan Carlos Ortiz Almonacid -titular de Militancia y Resistencia Peronista, línea interna del P.J., Capital- me impugnó por la intervención en el “Yomagate”, según lo informado por Horacio Verbitsky en “Página 12", edición del 4-10-92. En esta información del “perro” se lee: “Alfredo Horacio Bisordi. Secretario penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1988. Durante la última dictadura militar fue secretario del juzgado federal de Norberto Ángel Giletta, al que concurría el señor de la vida y de la muerte en la Capital Federal, coronel Roberto Leopoldo Roualdés, interesado en el rechazo de los recursos de habeas corpus que presentaban los familiares de detenidos desaparecidos. Como secretario letrado de la Procuración General fue el cerebro en la investigación judicial sobre Mario Firmenich en la que su amigo Juan Romero fue el músculo. En cambio, no soportó más de una semana como adjunto de Julio Strassera en el juicio a las juntas militares. A poco de asumir Menem, Bisordi fue postulado por el Poder Ejecutivo como reemplazante de Luis Moreno Ocampo en la fiscalía de la Cámara Federal. Según su propia confesión ante el juez federal Miguel Guillermo Pons, Bisordi asesoró a la doctora María Romilda Servini que Cubría respecto de la solicitud de arresto preventivo y extradición a España de la cuñada y secretaria presidencial, Amira Yoma, y del vicepresidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, Mario Caserta. Aclaró que lo había hecho siguiendo directivas de Barra, quien ahora apadrina su nuevo destino”.

En igual fecha, la Asociación de Abogados de Buenos Aires me impugnó por carecer de “idoneidad ético política”, de “aptitud psíquica” y de “idoneidad profesional”.

Finalmente, el 6-10-92, los abogados Miguel A. Radrizzani Goñi y María Claudia Ferrara me impugnaron siguiendo los lineamientos del inteligente “capitán Zalazar”.

Respondí por escrito a tales impugnaciones y luego en audiencia pública ante el Senado, de la que conservo copia de la versión taquigráfica de lo ahí tratado y debatido. Luego, con excepción del Senador Hipólito Solari Irigoyen, mi pliego fue aprobado por los miembros de la Comisión de Acuerdos, el Senado me prestó el correspondiente y fui nombrado juez (acompaño copia de todos estos antecedentes y del tratamiento periodístico del caso para mejor ilustración).

II.c.4) El tratamiento del pedido de enjuiciamiento político, y de los debates generados en su torno, en el Boletín Oficial del Estado kirchnerista.

Este órgano de prensa (“Página 12") es orientado por Horacio Verbitsky, “el terrorista reciclado que más influye en el gobierno” -Revista B1 (Vitamina para la memoria de la guerra en los ‘70), Año II, N° 3, págs. 8 y 9; donde se sintetiza que el nombrado “sabe, más que nadie, que la guerra no terminó. Ahora, desde un lugar privilegiado del poder -dada su íntima relación con Kirchner- diagrama y estimula la persecución de todos aquellos que participaron en la defensa de la sociedad, ferozmente atacada por las organizaciones terroristas que él mismo integró, como miembro del aparato de inteligencia de “montoneros”- el que en un reportaje dado a la revista “Veintidós” confesó que su paso por “montoneros” demandó sólo ocho años de su vida, que no fue segundo jefe de inteligencia de la banda terrorista, sino que estaba “tres, cuatro, cinco escalones por debajo de eso”, que participó de enfrentamientos armados en los que no habría muerto nadie, y que la experiencia de la guerrilla “fue un error inevitable, fue la opción más decente. No puede ignorarse el error, y no solamente por la derrota. Si hubiésemos ganado el error hubiese sido mucho más evidente”.

Kirchner empleó el Boletín Oficial para publicar -por medio de su escriba Victoria Ginzberg- el 12-02-07 el artículo: “Un cuello de botella donde la justicia va en cámara lenta”, construido a base de información suministrada por la abogada del CELS -que presidió hasta hace poco el “perro” Verbitsky- Carolina Varsky y el doctor Rodolfo Yanzón (de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y abogado de los denunciantes en este pedido de juicio político).

En esta nota “periodística” se refiere la intervención de la consejera Diana Conti en el origen de la presente aventura y se dice que el mio es un “caso paradig-mático”. ¿De responsabilidad en la creación del cuello de botella?. Parece que no, porque se reconoce que “Bisordi ya no interviene en los expedientes vinculados con el terrorismo de Estado”. Sin embargo, mi caso sería “paradigmático” porque descalifiqué a Graciela Daleo -procesada, presa e indultada por Menem cuando se le atribuía el secuestro extorsivo de los hermanos Born y del ingeniero Metz, de Mercedes Benz Argentina; además de sobreviviente de la ESMA- y a su abogado Yanzón -defensor de los terroristas de La Tablada-, lo que generó sólo una causa disciplinaria que culminó con un leve apercibimiento.

Esa única nota del Boletín Oficial del Estado kirchnerista determinó a Conti y al ex “montonero” Carlos Miguel Kunkel, entre otos, a pedir, el 21-02-07 el informe que en representación de la Cámara evacué.

Luego, el propio Yanzón se encargaría de denunciarme a mérito del ridículo cargo que ut supra he desvirtuado y “Página 12" de transcribir la denuncia (ver, “El país: un juicio contra la política del cajoneo”, edición del 20-03-07), por intermedio de la empleada oficial Irina Hauser.

Esta última, desatada la polémica con Kirchner producida por mi reacción frente al atropello institucional que esto constituye, en vez de ingresar al núcleo de la controversia procedió a mi descalificación personal contando la misma historia que viene contando desde hace muchos años el “perro” Verbitsky (ver “En 40 años no vi nada igual”, en referencia a la “intromisión de Kirchner en Tribunales”, edición del 27-03-07, pág. 3).

Al día siguiente -pág. 4- escribió en el Boletín Oficial el Secretario de Derechos Humanos, el ex dirigente “montonero” Eduardo Luis Duhalde, bajo el título: “Los organismos de DD.HH. se unieron contra Bisordi” (como si nunca hubiesen estado unidos!) diciendo que el suscripto “busca ser un eterno recusado y entorpecer así, aún más, el moroso funcionamiento del tribunal”; y que mis declaraciones “ofenden la moral cívica de los argentinos y los principios fundamentales del Estado de derecho. Resulta afrentoso que diga que en las últimas cuatro décadas lo más grave que ha sucedido al Poder Judicial es que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, los haya invitado a hacer justicia y cumplieran los deberes propios de su cargo”. Después, se destaca como un hallazgo que los socios del presidente Kirchner de los organismos de derechos humanos estuvieran de acuerdo con él y que la tierna abuelita Estela Carlotto hubiera dicho, refiriéndose a mí, “estoy indignada porque un camarista se atreva a ofender la figura presidencial; sus dichos son nefastos y pretenden destruir la memoria”. Más sincera, Tati Almeyda -de Madres, Línea Fundadora- dijo que “cuando el Presidente habló desde La Perla, estaba hablando por nosotros, por todas las víctimas de la represión”. Dura, como siempre, y en coincidencia con las amenazas y aprietes del gobierno, Hebe de Bonafini expresó: “Tendrían que irse -los jueces de la Casación- y el Estado no tendría que pagarles la jubilación”.

El Boletín de Kirchner del 28-03-07 (págs. 4/5) publica la opinión prescindente de Yanzón, abogado denunciante en este juicio, en la que se esfuerza por demostrar que la denuncia de mi mal desempeño no es una operación política. Dice: “Para arribar a una decisión como la que hemos solicitado -la remoción de esos jueces- se necesita actuar con inteligencia para desarmar el discurso autoritario de esos magistrados y obtener el consenso de los sectores involucrados, aislando a aquéllos que sostuvieron la impunidad y que hoy cargan las tintas para defender a la Cámara de Casación Penal” (el diario “La Nación”, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y la Sociedad de Abogados Penalistas). Luego señala este abogado -que se quejó de que hubiese recordado que había sido abogado de los terroristas de La Tablada y por ello fuí sancionado con apercibimiento- que en el Colegio están asociados defensores de militares -Aberg Cobo, Boffi Carri Pérez y Casabal Elía- y el ex secretario de justicia de Videla, doctor Durrieu; y que en la aludida sociedad militan los ex jueces del Proceso Giletta y Rivarola. Más adelante, sin eufemismo revela lo que en verdad se pretende: “... En conclusión, aquí estamos discutiendo no sólo si la impunidad seguirá viva, sino qué tipo de Justicia queremos para nuestro país. Por eso resulta indispensable en este momento el compromiso de las víctimas y familiares, de las organizaciones de derechos humanos, de los gremios y agrupaciones políticas y de los profesionales comprometidos con los desposeídos. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Centro de Abogados por los Derechos Humanos ya adhirieron a la denuncia contra esos jueces. Es un buen comienzo”.

El 30-03-07 el órgano de difusión de Kirchner (bajo el irónico título: “El corazón de Bisordi resultó sensible) reproduce las injurias encubiertas de las que el día anterior aquél me había hecho objeto: “Mucha gente está esperando que no tengamos más jueces racistas, que porque alguien piensa diferente lo traten de terrorista”. Después, la asalariada Irina Hauser volvería a recordar mi apercibimiento por decirle delincuente terrorista a Graciela Beatriz Daleo

-más adelante se verá si tenía razón al calificarla-, el juicio político desestimado por el fallo de los skinheads y los ya conocidos y refutados cuestionamientos previos a mi designación como juez de Casación.

Un día antes, el vocero del gobierno y sus socios en derechos humanos publicaba la misma historia de siempre sobre mi persona (pág. 2). Además, la articulista Victoria Ginzberg, bajo el título: “Una Cámara con diagnóstico reservado” (págs. 2/3), informa que el gobierno tiene un plan “B”. En el caso de que fracasara la política del apriete, o de no prosperar este juicio político, “evalúa cambios en el funcionamiento de la Cámara de Casación”. En los proyectos oficiales se prevé que “los fallos del plenario de la Casación ya no serán obligatorios. Además, se estudia ampliar el tribunal o directamente anularlo. De esta forma el Poder Ejecutivo baraja alternativas sobre la forma de introducir reformas en el tribunal cuestionado por paralizar los juicios contra los represores de la última dictadura”.

El 1° de abril ppdo, más rabioso que nunca “el perro” vuelve a ladrar en el “diario de Irigoyen”. Titula su nota: “Salsa criolla” y me considera un cómico poniendo mi nombre debajo de la foto de Enrique Pinti. Menos mal, porque este último es un buen artista de ese género.

Con poca imaginación, Verbitsky apretó el botón de su archivo, extrajo y publicó sus conocidos datos injuriosos sobre mi historia judicial. A ella sumó que mi “destemplada reacción” frente a su patrón -el Boletín Oficial se edita con los fondos provenientes de la propaganda que paga el gobierno- fue producto de mi “pintoresca personalidad”, al tiempo que justificó que todo el atropello institucional en marcha fue útil para que avanzaran las causas que a Kirchner y a su vocero interesan.

Por fin, se intenta descalificarme. Dice el otrora “capitán Zalazar” que un grupo de cinco jueces -le faltó decir, comandado por el siempre leal doctor Raúl Madueño- habían decidido pedirme la renuncia a la presidencia de la Cámara, “movida” que frenó la Corte con su famoso comunicado de “mesura y equilibrio”. Esta no es la verdad, la propuesta de Madueño no tuvo mayoría, y tanto el proponente como los que lo acompañaron tienen tanto temor a que las consecuencias de mis dichos pudieran arrastrarlos en la caída como de solicitarme la renuncia. Tampoco tienen coraje para forzarme a nada -menos a tomar licencia, cuyas reales razones más arriba expliqué-; mi licencia no “se prorrogará cada vez sea necesario”, hasta mi jubilación, salvo que Verbitsky desee que siga enfermo por un año más. Es más, creo que preferiría verme muerto.

La escriba a sueldo del gobierno y sus socios Irina Hauser “opina” (B.O.K del 3-04-07), después de reproducir conocidas injurias y calumnias, que “el presidente Kirchner viene haciendo con la Cámara de Casación lo mismo que hizo en su momento con la Corte Suprema de la mayoría automática”, lo que afirma todo cuanto hasta aquí vengo sosteniendo.

Cuando los denunciantes fueron recibidos por el Consejo y tuvieron su tribuna para escandalizar, porque sus discursos no son otra cosa que más de lo mismo, el B.O.K., bajo el título “Que la justicia se haga realidad” asegura que los familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos “presentan pruebas y fundamentos sobre la denuncia a los jueces de Casación” (13-04-07).

Después, el B.O.K. (edición del 17-04-07) informa que el “Presidente de la Cámara de Casación será escrachado. Bisordi preocupado... por el ‘escrache’ que la agrupación H.I.J.O.S. tiene previsto realizar frente a su domicilio el 28 de este mes, aunque reiteró que ‘no’ va a renunciar”.

Finalmente, el B.O.K., el día de mayor circulación -domingo 22-04-07- convocó al “Escrache a Bisordi” que hará la agrupación H.I.J.O.S. en mi domicilio el sábado 28 del corriente a las 15 horas.

Lo expuesto no hace sino corroborar cla-ramente la maniobra de Kirchner, las asociaciones de derechos humanos de deudos de ex guerrilleros y los consejeros adictos del Consejo de la Magistratura.

III) KIRCHNER y la venganza de los “montoneros”. Un motivo subsidiario pero concurrente.

III.a) El 23 de diciembre de 1983 me desempeñaba como Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación. Ese día juró como Procurador General el doctor Juan Octavio Gauna. Diez días antes el Presidente Raúl R. Alfonsín había dictado los decretos N° 157 y 158. Por el primero disponía la investigación y enjuiciamiento de las cúpulas guerrilleras (E.R.P. y “Montoneros”) sobrevivientes de la represión militar; por el segundo, ordenaba el enjui-ciamiento de los jefes de esa represión.

El doctor Gauna me encomendó colaborar con él en la ejecución de lo dispuesto por el decreto N° 157/83. En tiempo libre, me pidió que coadyuvara, junto con el doctor Luis Moreno Ocampo, en llevar adelante lo ordenado por el decreto N° 158/83, que en el ámbito de esta Capital era responsabilidad primaria del Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, doctor Julio C. Strassera.

En el ámbito del decreto N° 157/83, mi tarea consistía en abrir legajos por cada guerrillero que debía ser perseguido penalmente, reunir ahí información acerca de los hechos delictivos en los que habría intervenido, preparar ins-trucciones para los fiscales a fin de la reapertura de las causas existentes o la denuncia de hechos que no hubieran sido pesquisados, aportar elementos de juicio a dichos fiscales, coadyuvar con ellos en el ejercicio de la acción penal y ayudarlos, incluso, en la formulación de acusaciones, ofreci-mientos de prueba, alegatos, etc..

Como fruto de esa ímproba labor -que consumió casi cinco años de mi carrera judicial- el Ministerio Público Fiscal pidió y obtuvo la condena de varios jefes guerrilleros que habían pertenecido a la organización -asocia-ción ilícita subversiva y terrorista- “Montoneros”, entre ellos Mario Eduardo Firmenich y Ricardo Obregón Cano; además del procesamiento y captura de Roberto Cirilo Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Patricia Vaca Narvaja, Osvaldo Lovey, Miguel Bonasso, Rodolfo Galimberti, Raúl José Melchor Magario, Graciela Beatriz Daleo, Juan Alberto Gasparini, Lisandro Raúl Cubas, Eduardo Alberto Girondo, entre otros.

En cuanto a mi participación subsidiaria en el decreto n° 158/83 se vio truncada por la siguiente razón, que dista de la falsamente alegada por la usina perversa de Horacio Verbitsky: un viernes a la noche acordé con Strassera y Moreno Ocampo, así como con Ramiro Rodríguez Bosch y Mario Ganora, que durante el fin de semana me encargaría de redactar el pliego de preguntas de la Fiscalía a presentar durante la declaración del Gral. Roberto Eduardo Viola. Se trataba de más de cuarenta y cinco interrogaciones distintas a las preparadas por los jueces de la Cámara Federal intervinientes en la conocida causa N° 13, pues me había sido facilitado el cuestionario del Tribunal.

El lunes, a la hora señalada, acompañé a Strassera -junto con Moreno Ocampo- a la audiencia programada. Después del interrogatorio de los jueces -que demandó varias horas- se dio la palabra al Fiscal y el doctor Strassera inició las preguntas que yo había preparado. No hubo dificultad con las primeras pero sí con una de ellas, que para mí era fundamental. Como había estudiado la causa labrada en sede castrense y en ella el Tte. Gral. Jorge Rafael Videla había dicho que después del copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N° 29, Formosa, en octubre de 1975, se había creado el Consejo de Defensa y éste había pedido a las Fuerzas Armadas la presentación de planes alternativos de lucha contra el terro-rismo montonero y erpiano, de los cuales el Poder Ejecutivo -si mal no recuerdo provisionalmente a cargo del senador Ítalo A. Luder, por enfermedad de María Estela Martínez de Perón- había elegido el más drástico; me parecía de cajón preguntarle al Gral. Viola cuáles eran esos distintos planes. Recuérdese que, por entonces, se debatía el alcance que debía darse a la expresión “aniquilamiento del accionar subversivo” empleada en el decreto que ordenó la represión. Al hacer la pregunta el doctor Strassera, el juez León Carlos Arslanián, que presidía la audiencia, la denegó por impertinente. El doctor Strassera me consultó y le dí las razones por las cuales, a mi modo de ver, era pertinente y útil, por lo que aquél insistió, planteó reposición y reserva del caso federal, ante lo cual Arslanián dispuso un cuarto intermedio durante el cual sólo Strassera se reunió con los magistrados. Finalizado, y antes de reanudarse la declaración indagatoria, el Fiscal titular me hizo saber que el objeto procesal partía de los hechos cometidos a partir del 24 de marzo de 1976 y que no debía preguntarse nada acerca de lo ocurrido durante el gobierno constitucional previo. Entendí en ese momento -y sigo entendiéndolo ahora- que el límite era arbitrario y contrario a la búsqueda de la verdad real, por lo que comuniqué al doctor Strassera que, en esas condiciones no continuaría ayudándolo. Posteriormente, el doctor Gauna me afectó exclusivamente a la ejecución del decreto N° 157/83.

III.b) El discurso del Presidente Kirchner en el acto de la firma del convenio de la creación del “museo de la memoria y para la defensa de los derechos humanos” es demostrativo de su vinculación con el pasado violento del país. En efecto, dijo aquel 30-03-04: “Queridos Abuelas, Madres, Hijos; cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar.... Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades.... Por eso, Abuelas, Madres, Hijos de detenidos desaparecidos, compañeras y compañeros que no están pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina, esto no puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar... Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están presentes por más que no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar, recuperar y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes”.

A esta apología de los combatientes de las organizaciones armadas de la década del ‘70 desaparecidos durante la represión ilegal se suman las palabras del Presi-dente Kirchner en el acto de recordación de la llamada masacre de José León Suárez cuando dijo: “También quiero agradecer la presencia de la señora hija del escritor y compañero Rodolfo Walsh (uno de los líderes del aparato de inteligencia de “montoneros”).... Para nosotros... significan también con absoluta claridad una parte realmente profunda de la historia argentina, por su compromiso, su valentía, por tener un claro rumbo y una clara conciencia nacional de lo que había que hacer con la Argentina y además el claro posicionamiento que tuvieron en cada momento de la historia...” (9-06-03).

En el acto de presentación del Archivo Nacional de la Memoria (16-12-03) el Presidente sostuvo: “Si los argentinos y argentinas durante las cosas que nos suce-dieron durante estos treinta años, pero fundamentalmente de 1975 a 1983, hubiéramos tenido el coraje, la decisión y la valentía de levantar nuestra voz ante las cosas que pasaban seguramente hoy estaríamos hablando de nuestros valientes, de nuestros héroes -porque fueron héroes- que supieron torcer la voluntad autoritaria, la voluntad represiva y genocida de una clase dirigente que se apoderó del país”.

Aunque negó haber sido “montonero”, el Presidente Kirchner dijo: “Lo que en cambio es cierto es que participé en la tendencia (revolucionaria). Y estoy orgulloso de mi pasado”, a lo que agregó que fue “militante de la juventud peronista” y “parte del pensamiento” en su partido (diario Clarín, edición del 06-05-03).

Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, en su artículo “Los otros villanos en la guerra sucia argentina”, al comentar el intento del gobierno de Kirchner de asociarse al proyectado “Centro Internacional por la Libertad” en Nueva York (E.E.U.U.) para “contar allí la historia de los desaparecidos por los militares en la Guerra Sucia de los ‘70", dice: “Esto reforzará la versión del gobierno de Kirchner sobre la historia argentina. Pero hará muy poco para servir a la verdad o como declaración que condene al terrorismo. Cuando pregunté al centro si la historia que quiere contar la Sra. Kirchner incluiría el recuerdo de las víctimas de la guerrilla terrorista que provocó el golpe de estado, se me informó que ese tema no había salido en las conversaciones. Vaya sorpresa! El gobierno de Kirchner está abarrotado de ex miembros de montoneros, uno de los grupos terroristas más crueles de los 70, cuyas sangrientas actividades en todo el país durante seis años antecedieron al gobierno militar”. Desde que éste los derrotó -continúa- “los terroristas que fueron vencidos han tratado de reescribir la violenta historia del período para convertirse ellos mismos y a sus camaradas caídos en mártires”. Y parafraseando la obra de Nicolás Márquez, “La otra parte de la verdad”, sostiene que “en el período 1970-1973 los terroristas aumentaron sensiblemente el clima de miedo. Pero cuando el ex presidente Juan Perón muere el 1° de julio de 1974 y su mujer Isabelita queda a cargo del gobierno, las cosas realmente se deterioraron. Según el señor Márquez, ‘los guerri-lleros... operaron sin el menor inconveniente y crecieron en número, poder de fuego y cantidad de ataques llevados a cabo’”. Luego de detallar el proceso que condujo al 24-03-76, la autora dice: “El conteo final oficial de actos terroristas para la década 1969-1979 es de más de 21.000 atentados, 1748 secuestros y 1501 asesinatos. Dada esta brutalidad y su enorme costo para la sociedad argentina, es increíble la cantidad de gente dentro del gobierno del Sr. Kirchner a quien el Sr. Márquez identifica como montoneros, incluyendo al secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, al ministro de RREE Rafael Bielsa, el subsecretario de la presidencia Carlos Kunkel, el viceministro de RREE Jorge Taina, y la secretaria de asuntos del consumidor Patricia Vaca Narvaja. Miguel Bonasso, quien escribió un libro sobre su pasado montonero, es miembro del Congreso y un aliado cercano de Kirchner. Horacio Verbitsky, íntimo asesor del presidente, fue una autoridad importante en el aparato de inteligencia de montoneros. Uno de los aliados más cercanos al Sr. Kirchner es Hebe de Bonafini, una activista argentina que declaró su ‘felicidad’ cuando miles fueron asesinados en el World Trade Center. Ahora el mismo Kirchner quiere usar el lugar del más terrible ataque terrorista sufrido por E.E.U.U. para ‘limpiar’ la historia de montoneros en la Argentina. La historia no debería ser tan fácil de distorsionar”.

Por fin, Juan Gasparini (ex jefe de finan-zas de “montoneros”, cuyo alias era “doctor Paz”, y cuya secretaria fue Graciela Beatriz Daleo) informa en “La Fogata Digital” -en el artículo “El nuevo presidente argentino y el pasado reciente. Kirchner y la tercera batalla de los montone-ros”- que “superviviente de una generación diezmada por la represión de la dictadura militar 1976-1983, el flamante mandatario es un genuino producto de los jóvenes que otrora se enrolaron con la organización político-militar Montoneros en la mítica ‘tendencia revolucionaria del peronismo’, integrada por grupos guerrilleros y agrupaciones barriales, sindicales y estudiantiles que encabezaron la movilización popular y la lucha armada contra el precedente régimen militar 1966-1973. Su discurso de asunción del mando este 25 de mayo, las medidas que conlleva, y la nominación de algunos de sus próximos colabo-radores denotan una fidelidad para con las enseñanzas de aquella experiencia marcada por las ambiciones acuñadas en el guevarismo, animadas por un objetivo antimperialista. Pero a su vez traslucen lo recogido en su exilio interior de la Pata-gonia, un credo templado luego al calor de la recuperación democrática emprendida en 1983, y la revalorización de un capitalismo nacional manteniendo un papel preponderante del Estado ante la privatización salvaje de la economía y el neoliberalismo desenfrenado instaurado en 1989 por Carlos Menem.

Néstor Kirchner no esconde en su biografía oficial que forjó su militancia relacionada con los Montoneros en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, centro universitario donde obtuvo el diploma de abogado en 1976 y en el cual conoció a la que sería su esposa, Cristina Fernández, asimismo abogada y militante como él, hoy senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur.... Su trayectoria traduce las banderas del nacionalismo político, que en argentina se llama ‘justicialismo’, es decir la indepen-dencia económica, la soberanía política y la justicia social, acuñadas por el extinto general Juan Domingo Perón en su primera gestión de gobierno entre 1945 y 1955. Estas consignas fueron enriquecidas con el aprendizaje de enfants terribles, los Montoneros, nacidos en 1970, destruidos como tales por las Fuerzas Armadas hacia 1979, perseguidos y dispersos individual-mente dentro y fuera del país, un naufragio del que Kirchner ha sobrevivido con dignidad, sin abandonar la identidad ‘pero-nista’.

El fenómeno pasó casi desapercibido con Lula.... Con Kirchner es más notorio por su implicación personal y la de su mujer, ambos comprometidos con lo acontecido en los años de efervescencia revolucionaria, de los que no han renegado a pesar de una natural reflexión auto-crítica, a diferencia de otros que desfallecieron en el camino o cambiaron de ideología.

‘La tercera es la vencida’ profetiza el dicho en la Argentina y viene a cuento porque la investidura de Kirchner como presidente significa un triunfo para lo que él encarna después de dos derrotas. En la primera de ellas los Montoneros y quienes siguieron su estrategia fueron doblegados políticamente por el General Juan Domingo Perón, derrocado en 1955, a quien ayudaron a recuperar la presidencia en 1973 y contra el cual se enfrentaron casi de inmediato, perdiendo la pulseada. Se opusieron disgustados por el rumbo errático que se le imponía al programa de gobierno y por la aparición de los escuadrones paramilitares de extrema derecha, alentados por el entonces brazo derecho de Perón, el omnipresente José López Rega, y la tercera esposa del septuagenario líder, María Estela Martínez, que lo reemplazaría en la presidencia a su muerte el 1° de julio de 1974, hasta que la desalojaran con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Antes y después de esa fecha Néstor Kirchner sufrió dos detenciones....

... ’Vengo sin rencores pero con memoria, no solo de los errores y horrores del otro sino también memoria sobre nuestras propias equivocaciones’, dijo Kirchner al instalarse en la presidencia. Quizá no pensaba en la frase de Borges (“la verdad histórica no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió”). Sin embargo, los argentinos de a pie que todavía no lo han hecho, podrán juzgar lo sucedido en estos 30 años que tal vez acaban de cerrar su ciclo. Ha tenido lugar exactamente en el punto emblemático de la historia, la Plaza de Mayo de Buenos Aires, y en la misma fecha, el 25 de mayo,... en la que tres décadas atrás, el muchacho Néstor Kirchner y sus compañeros de militancia, detrás de los carteles de los Montoneros, fueron a festejar la victoria popular contra otra dictadura”.

III.c) Con lo expuesto en el apartado anterior es justificado que, recientemente, hubiese explicado que mi problema con el Ejecutivo también “deriva, y nadie puede dudar de ello, de la relación de simpatía de este gobierno con algunas agrupaciones que actuaron en el pasado. Tuve por misión cuando lo encomendó el Procurador General de la Nación, Juan Gauna, en 1984, investigar las cúpulas militares y guerrilleras por decretos del ex presidente Raúl Alfonsín. Esas causas terminaron con la condena de algunos dirigentes de Montoneros. Eso, que fue una obligación legal de ese tiempo, me ha encasi-llado en determinada línea política opuesta a la del gobierno, con lo cual ahora tengo un aura de ser una persona antidemo-crática o en contra de los derechos humanos” (diario Clarín, edición del 18-04-07, pág. 8, “Bisordi criticó duro a Kirchner y dijo que lo presionan con un escrache”; diario la “La Prensa”, del 18-04-07, pág. 6; diario “La Nación”, del 18-04-07, “Denunció Bisordi una persecución ideológica. Vinculó a Kirchner con Montoneros”, pág. 8; B.O.K., del 18-04-05, “El aura de Bisordi”).

La representación del presidente Kirchner es ejercida en el Consejo de la Magistratura por la doctora Losardo, a quien me veo en la necesidad de recusar pues, siendo la apoderada de mi enemigo manifiesto -su representado-, es inimaginable que actúe con imparcialidad, aún en este tramo del enjuiciamiento.

III.d) La vinculación del diputado Carlos Miguel Kunkel con los Montoneros es todavía más nítida que en el caso del presidente Kirchner. Se puede leer a su respecto que allá por 1968 cuando ambos estudiaban en La Plata, “Kunkel era el líder de la agrupación universitaria en la que Kirchner empezaba su actividad política. Dejaron de verse por muchos años (Kunkel estuvo preso a disposición del poder Ejecutivo Nacional por actividades subversivas de 1975 a 1983) y recién se reencontraron hace ocho años en el armado del Grupo Calafate, el embrión del actual kirchnerismo. Hoy en día (según el informe de Christian Sanz, director/jefe de redacción del periódico Tribuna de Periodistas del 26-04-05), Kunkel es uno de los “operadores” más importantes del presidente y uno de los pocos que goza de su total confianza y la de su esposa, hasta tal punto que ocupa una discreta oficina en el sector presidencial de la Rosada al lado de la de Cristina de Kirchner. Recordemos que Kunkel fue jefe político del matrimonio Kirchner en la juventud Peronista de los setenta, cuando todos estudiaban Derecho en La Plata...”. Según resulta de la causa N°26.094 del Juzgado Federal N° 1 de San Martín, “Firmenich, Mario E. y otros s/doble homicidio calificado y secuestro extorsivo de Juan y Jorge Born”, la Juventud Peronista era una agrupación de Montoneros.

Y ya que alguien ha revelado al periodismo (ver en jorgeasisdigital.com, “El ablande”, publicado el 16-04-07) una reunión privada en la casa del doctor Juan Carlos Sambucetti -cuyos asistentes (monseñor Antonio Baseotto; Adolfo Vázquez, ex juez de la C.S.J.N.; Carlos Miguel y Daniel Kunkel; Rodolfo Álvarez y el suscripto) son precisamente los que ahí se indican-, he de decir que el consejero Kunkel reconoció en esa ocasión haber sido presidente de la J.P. de La Palta. Además, como al doctor Kunkel lo invitó a esa reunión el señor Álvarez, con el que demostraba tener una relación de conocimiento y confianza, debo creer que las entrevistas que mantuve con el último de los nombrados, algunas con la presencia del doctor Sambucetti, en las que me transmitió la sugerencia de Kunkel en el sentido de que debía renunciar a mi cargo, so riesgo de una persecución de la SIDE y de escraches de la agrupación H.I.J.O.S., revelaban una comunicación de ese deseo al menos consentida por el señor consejero. Más pábulo da a la actitud sólo conciliadora y de buena voluntad del señor Álvarez la conducta del doctor Kunkel que, cuando ya estaba en plena marcha el proyecto de enjuiciamiento urdido por él y Diana Conti, traicioneramente se sentó a una mesa a la que yo, inocentemente, creía que era convocado para tratar el mejor funcionamiento de la Cámara de Casación -tal como se lo comuniqué a mis colegas en acuerdo general- cuando en verdad se había iniciado el proceso de destitución de sus miembros por los inconfesables motivos que a lo largo de esta presentación he dado.

Si no se aparta del caso -o si no se lo separa- será de evidencia que se tolerará que la etapa prepara-toria de este proceso sea conducida por otro enemigo manifiesto mío. Es que, aparte de presionarme por interpósita persona, el señor Kunkel ha dicho a la agencia oficial Telam: “al señor de buenos modales que no se enteró de que hubo treinta mil desaparecidos, le pedimos que trabaje o que deje el puesto” (diario “La Nación”, 27-03-07, “Desde el Gobierno pidieron la renuncia del juez de Casación”). Además, Joaquín Morales Solá (“La Nación”, de la misma fecha), bajo el título “El fin de la división de poderes”, expresa con certeza que el mensaje que recibimos los jueces denunciados es: “Jubílense y no les pasará nada”. Y se pregunta: “¿Quién es el mensajero oficial de tales bravatas? Según coincidentes versiones que circulan en la Justicia, el mensajero es el diputado Carlos Kunkel. Cuenta con la confianza presidencial y es, al mismo tiempo, una especie de delegado de Kirchner en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar y relevar a los jueces. El oficialismo se reservó, en la última modifica-ción del Consejo, el control de los dos tercios necesarios para remover o nombrar jueces. Las advertencias de Kunkel no care-cen, entonces, de sustento político para hacer posibles sus intimidaciones.... Kunkel y Aníbal Fernández hablan por boca de Kirchner; ninguno de los dos haría nada sin la previa autori-zación presidencial. La ofensiva contra los jueces la ordenó Kirchner hace ya varias semanas, la continuó el sábado último en Córdoba y la prosiguen ahora sus dos condotieros de incon-fundible confianza. Los jueces que integran la Cámara de Casación son, en su mayoría, muy antiguos funcionarios judiciales y todos llegaron a esa posición durante un gobierno democrático. No, desde ya, en el Gobierno de Kirchner. ¿Piensan como Kirchner? Es probable -y hasta seguro- que en muchos casos no piensan igual que el Presidente. Pero esas diferencias son inherentes a la republicana independencia de poderes y ninguno de ellos desconocerá en última instancia, los mandatos de la ley. Si los jueces tuvieran la obligación de pensar como el Poder Ejecutivo, sencillamente la existencia de la Justicia no tendría sentido”.

Carlos Kunkel es también quien anticipó -junto con los diputados Agustín Rossi y Patricia Vaca Narvaja- que “un juez está inhibido de hacer declaraciones políticas, por lo que esto entrará dentro de la evaluación de su conducta que tendrá que hacer el Consejo de la Magistratura”. Se dice que los nombrados integran “la cruzada del oficialismo”, pese a que “el diputado integra ese organismo”.

Demostrando su falta de prescindencia y de objetividad, distorsiva para el tratamiento de mi caso, el mismo doctor Kunkel dijo que Bisordi “ cobra 16.000 pesos por mes” y “se ofende porque le piden que trabaje” (B.O.K.; del 28/03/07, pag. 4). Y anticipando el desenlace de este juicio “...el comisario político del kirchnerismo en el consejo de jueces le apuntó a Bisordi: “No puede ejercer funciones en democracia”. Según Kunkel no existe una intromisión del Poder Ejecutivo en el judicial sino que “es deber de los políticos marcarle a la sociedad qué aspectos hay que corregir y donde están las limitaciones para el funcionamiento de las instituciones”. Kunkel insistió con que los magistrados no deben hacer campaña ni emitir declaraciones políticas, sino “actuar mediante sus sentencias, que es lo que demora mucho en este país”. Remarcó, asimismo, que está “trabajando en la instrucción de la investigación contra Bisordi a partir de los pedidos de juicio político... Rarísima confesión de Kunkel. Hasta ayer se sabía que la instrucción de este caso iba a ser llevada por el juez Luis María Cabral” (diario “Ámbito Financiero”, 20-04-07, págs. 14/15; diario “Clarín”, del 28/03/07, pág. 4).

Si lo expuesto no fuera bastante para demostrar la inhabilidad del consejero Kunkel para investigarme y acusarme, recuerdo que intervine como secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°4 - Secretaría N°11- en la causa “Kunkel, Carlos Miguel s/habeas corpus”, en la que por resolución del 26/10/081 fue rechazado. Esta causa fue acumulada a la N°119/78 del Juzgado Federal N°6, Secretaría N°17, la que actualmente se hallaría archivada. El rechazo del habeas corpus pudo haber generado en el actual consejero Kunkel un comprensible sentimiento de enemistad hacia mi persona, máxime cuando recuerdo haberlo entrevistado con motivo de ese trámite, en época en la que se hallaba a disposición del P.E.N. en la U.9, La Plata.

III.e) Si bien el senador oficialista y miembro de ese Consejo Nicolás Fernández no ha hecho manifestaciones públicas -que yo sepa- sobre el presente caso, al ser representante de la provincia del Presidente Kirchner y cuadro político de su máxima confianza, más alla de la participación que tendría en el operativo oficial para desplazar al juez Javier López Biscayart (según se ha visto ut supra), lo colocan en análoga situación que al diputado Kunkel, pues hasta la prensa informa que en el Consejo de la Magistratura “el kirchnerismo tiene cinco votos” cautivos. Ellos son los de los senadores Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón, los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, y la representante del PEN, la secretaria de justicia, Marcela Losardo” (diario “Clarín”, del 1-04-07, pág. 18).

A la mencionada senadora Leguizamón le alcanzan las mismas objeciones que a su colega Fernández, además de que sus dichos publicados por el periodismo sobre esta investigación demuestran, clara y evidentemente, cuál es la disposición prejuiciosa y subjetiva que ya tiene formada al respecto. Así, “La Prensa”, del 2-04-07, informa que “La senadora e integrante del Consejo de la Magistratura María Laura Leguizamón consideró que existe “un deseo de no atender las causas” vinculadas a los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el último gobierno de facto por parte de algunos jueces de la Cámara de Casación Penal y advirtió que se va a “investigar” las denuncias.

Leguizamón señaló que la Cámara de Casación “triplicó su presupuesto y duplicó la cantidad de personal, y no se deja de atender causas distraídamente” y, en ese sentido, evaluó que “claramente hay un deseo de no atender causas”. “Si esto responde a causas ideológicas, es mucho más grave porque la justicia es la que tiene que garantizarnos a todos los argentinos la igualdad de condiciones en el tratamiento de los casos, advirtió la legisladora.

En una entrevista radial, la senadora consideró que “en muchos casos la justicia debería tener algunas actitudes más comprometidas en estas causas de Derechos Humanos” y enfatizó que el Consejo de la Magistratura avanzará en la investigación. “El consejo tiene la obligación de abocarse a este tema en investigar esta situación que es de mucha sensibilidad”.

III.f) Un caso paradigmático de descontrol

en su conducta anterior y posterior al pedido de enjuiciamiento es el de la diputada oficialista Diana Beatriz Conti.

Si todo lo ut supra expresado acerca del odio -más que enemistad o de pérdida de toda objetividad e imparcialidad en el tratamiento del conflicto- que exhibe esta mujer contra los enjuiciados no fuese bastante, aún es posible agregar otros antecedentes en tal sentido.

Refiriéndose al “discurso en el que el Presidente embistió contra los jueces -el sábado pasado, en la provincia de Córdoba- dijo fue “maravilloso...” (Diario “Ámbito Financiero”, del 30-03-07, pág. 11). Luego sostuvo que la denuncia que promovió este expediente “aporta en concreto situaciones de clara reticencia de los jueces de Casación para avanzar. En algunos casos se advierte favoritismo ideológico por los represores” (Diario “Ámbito Financiero”, del 9-04-07, pág. 12).

Posteriormente, le molestó el comunicado de la Corte Suprema y sin ningún recato dijo: “Esta Corte, que es independiente y renovada, usó una práctica menemista, que es (emitir) un comunicado de prensa con frases que son clásicas dentro del Poder Judicial para pedir mesura y equilibrio. Lo que no se escribe con todas las letras es pedir que las cosas, si se hacen, se hagan calladas” (diario “La Capital”, Rosario, del 30-03-07, pág 16; B.O.K., del 30-03-07, pág. 5; diario “La Prensa”, del 31-03-07, pág. 3 -donde, además, Conti aseguró: “es muy útil para la República y la democracia que el Presidente sea la voz de los que no tienen voz y denuncie lo que está mal, y lo diga y lo pelee”; y que “se va a constatar todo lo que dice la denuncia “contra los jueces de la Cámara de Casación”-; diario “La Nación”, del 30-03-07, pág. 5 -donde puede leerse que la recusada también dijo: “Estos camaristas cambian su manera de decidir los casos favoreciendo decisiones para los represores, demorando desde 2003 las cuatro mega causas: ESMA, Plan Cóndor, I Cuerpo y Campo de Mayo”-).

Sobre la cuestión, Daniel Juri, en “Clarín”, del 30-03-07, pág. 3, expresaba su punto de vista en los siguientes elocuentes términos: “La pulseada ya no puede detenerse: de un lado, el Gobierno. Del otro, la justicia. Ahora el problema lo tiene el Consejo de la Magistratura. Debe evaluar la conducta de los jueces. Imparcialidad absoluta, se supone. Su titular, Pablo Mosca, dijo que “bajo ningún punto de vista” el organismo fue presionado por el gobierno. Punto de vista de un no vidente, debería pensarse: la presión fue pública, vino del Presidente y fue reproducida con megáfono por algunos fieles que se volvieron más kirchneristas que Kirchner y llegaron a comparar la práctica de la actual Corte -a la que antes de ayer el Presidente había reivindicado- con la que reinaba en los años del menemismo. Diana Conti, lo dijo. Miembro del Consejo de la Magistratura. Juez y parte”.

III.g) El representante de los abogados Santiago Montaña responde al Presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, quien a título personal compartió “los términos de la denuncia” formulada en mi contra y consideró “fundamental la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar” (en buen romance, “Juicio y castigo”, como reclamó el Presidente Kirchner, al que el doctor Rizzo es funcional). “Es por ello -dice en su adhesión al libelo de Yanzón y Cía.- que preocupa de sobremanera que haya magistrados de la Nación que intenten obstaculizar las investigaciones judiciales”, en afirmación que da por sentada de antemano la existencia de la conducta.

La relación entre el doctor Rizzo y el Gobierno de Kirchner es fluída y por eso el periodismo pudo decir, en relación a la votación que sucederá en el Consejo de la Magistratura, que “seguramente, uno de los dos abogados también va acompañar al oficialismo”, dijo una fuente del Consejo, con lo cual el kirchnerismo podría llegar a los 2/3 necesarios” (Diario “Clarín”, del 27-03-7, pág. 10). Ese abogado es, también seguramente, el doctor Montaña, quien como una suerte de escudero de Rizzo, lo acompañó al programa “La clave de Mariano Grondona”, emitido el domingo 1° de abril ppdo. por Canal 26, donde el Presidente del Colegio Público de Abogados fue a mentir respecto de mis antecedentes, tal como lo hice constar en la réplica que me fue concedida. Como buen émulo de Sancho Panza, el doctor Montaña, sólo porque yo no conocía físicamente a Rizzo y traté de identificarlo -para responderle- como “el gordito que esta a la izquierda de la pantalla”, sin saber que por mi volumen corporal jamás podría injuriar a otro con ese calificativo, prestamente me plantó una denuncia ante el mismo Consejo que integra -según ha informado la prensa- por trato incorrecto o indecoroso a su superior en el Colegio, convirtiéndose en impulsor de otro juicio político para sumar expedientes en mi contra.

Es cierto que habría adicionado a su denuncia el hecho de que habría insistido yo con mi “descalificación” a la sobreviviente de la ESMA Graciela Beatriz Daleo, persona de la que me ocuparé enseguida.

Pero ahora, me preocupan las inclinaciones que la prensa le atribuyen al consejero. En un artículo intitulado “En el Consejo ya se cuentan votos para la destitución” (diario “Ámbito Financiero”, del 27-03-07, p. 15) se comenta el papel que jugarían los doctores Pablo Mosca y Santiago Montaña en este asunto. Se dice que “el primero es presidente del Consejo y llegó a ese cargo por los votos kirchneristas. Montaña fue el propulsor de la candidatura de Mosca en detrimento de Luis María Cabral y siempre se ha mostrado más simpático al oficialismo que a los jueces. En el último plenario se plegó al bloque oficialista para endurecer la pena para un juez que cometió falta disciplinaria. Se dispuso una multa que equivale a 10% de su salario. El juez Luis María Bunge Campos proponía que sólo se le aplicara una advertencia”.

Volviendo a Daleo, egresada de la ESMA y reciclada en el Centro Piloto de París del Alte. Massera, era una oficial montonera a la que, al tiempo de ser indultada por el presidente Menem se le imputaban dos grandes secuestros extorsivos: el de los hermanos Born (causa N° 41.811 del Juzgado Federal N° 1 de San Martín, Secretaría N°1, seguida contra “Raúl José Melchor Magario y otros s/secuestro extorsivo”, en la que actué como fiscal adjunto) y el del gerente de producción de Mercedes Benz Argentina, Heinrich Franz Metz (causa N° 959 del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, caratulada: “Metz, Heinrich Franz s/presunto secuestro extorsivo”).

Según surge del auto de prisión preventiva de fs. 2511/2530 de la primera de las causas mencionadas, se imputaba a Magario y Daleo “su carácter de integrantes de la organización subversivo-terrorista ‘Montoneros’ y haber intervenido en el secuestro extorsivo de los hermanos Juan Cristian y Jorge Born como negociadores del rescate en nombre de esa asociación ilícita, del pago del rescate exigido por la liberación de las víctimas. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que este delito contra la propiedad fue cometido, el Tribunal debe necesariamente remitirse a lo que fijara en la sentencia copiada a fs. 2352 y siguientes de autos (resultandos I a V y considerando I), que constituye la plena prueba de la materialidad del hecho por exigencia propia de la naturaleza de ese pronunciamiento y que, por lo tanto, supera con holgura la semiplena prueba de su objetividad que tan sólo exige el art. 366 del C.P.C. para esta clase de decisión interlocutoria. Por otra parte, en la República Argentina es un hecho notorio -exento por ello mismo de prueba- que la organización político-militar ‘Montoneros’ era una asociación ilícita, es decir, un agrupamiento de tres o más personas reunidas con el propósito de cometer delitos indeterminados. Sin embargo, el hecho de su existencia se encuentra sobradamente corroborado por todo el complejo probatorio reunido en esta causa y en la que fue su origen y la integra, donde se ha incorporado un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada donde se declaró tal extremo (causa n° 4894 del Juzgado Federal N° 6, Secretaría N° 16, de Capital Federal)”.

En adelante, en el auto respectivo (Considerando 3°) se enumeran y evalúan los elementos convictivos que dan sustento a la responsabilidad penal de Daleo. Para mejor ilustración acompaño copia del referido auto del que resulta que el magistrado Carlos E. Luft se ha remitido constantemente al dictamen fiscal suscripto por quien escribe, lo que da pábulo a la inquina que puede tenerse la Daleo

-denunciante y activista en este juicio político- y gente del Gobierno, pues uno de sus defensores era el actual Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, lo que no le impidió ser juez durante el menemismo. De la prueba citada y valorada en el referido auto cautelar surge que, por su contundencia, auguraba una segura pena de elevada prisión si no hubiera sido por habérsela beneficiado con el indulto pendiente el proceso, pese al carácter de delitos de lesa humanidad de los que se le imputaban. La “señora Marta” -Daleo- y el “Dr. Peñaloza”

-Magario- manejaban el dinero de las finanzas montoneras y es quizá ahí donde deba buscarse la razón por la que Daleo sobrevivió a su detención en la ESMA. La conducta de la nombrada fue adecuada a los arts. 55, 170 y 210 bis del C.P. (delitos de asociación ilícita calificada y doble secuestro extorsivo en concurso real).

En lo atinente al secuestro de Metz, adjunto el dictamen del fiscal Ernesto Martín González del Solar -con el que también he colaborado desde la Procuración General de la Nación- requiriendo la prisión preventiva de Graciela Beatriz Daleo, petición que fue acogida por el juez federal de San Isidro.

III.h) Como síntesis de la venganza de los montoneros que constituye, entre otros motivos mayores, este enjuiciamiento, me permito transcribir la nota aparecida en el diario “Ámbito financiero”, del 28-03-07, tapa y pág. 2, titulada: “Bisordi y Firmenich”: “...el juez de Casación Alfredo Bisordi, el único (entre doce) que tuvo el temple de enfrentar las expresiones intrusorias del presidente Kirchner sobre el Poder Judicial, tuvo ayer réplicas burdas del gobierno (fiel a su estilo, el ministro Aníbal Fernández lo mandó a renunciar por ‘el bien de la patria’, asumiéndose una representación de la patria semejante a la que formulaban los militares en los ‘70 y, lo que es peor, con la misma impunidad de poder). Pero también, y con seria molestia para el oficialismo, Bisordi tuvo el respaldo de Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las Juntas Militares, quien señaló que ‘a pesar de que no pienso como el magistrado, reconozco que es un gran trabajador y lo que pretende el gobierno con él es un atropello, un gravísimo avance del Poder Ejecutivo’. Para añadir: ‘ocurre que a ese tribunal van todas las causas de corrupción de los funcionarios y, naturalmente, por las demoras en este tratamiento nadie se escandalisa’.

Al margen de esta solidaridad, Strassera agregó otro detalle significativo: no entiende la embestida contra Bisordi en los temas militares si en la mayoría de los juicios él ha sido recusado (le imputan que a los guerrilleros-terroristas los haya tratado como guerrilleros-terroristas). O, tal vez, sea esa consecuencia en la palabra lo que hace tiempo lo tiene marcado, al menos para algunos. Bisordi, cuando era fiscal, fue justamente el responsable de haber encarcelado por primera vez a Mario Roberto Firmenich, el jefe de los Montoneros, por el secuestro confeso de los hermanos Born (en el que asesinaron a dos personas, un chofer y un gerente de la empresa). Hasta ese momento, la Justicia carecía de pruebas sobre la responsabilidad de la organización guerrillera, aunque sobraban los testimonios. Por ejemplo, el día que Firmenich en rueda de prensa liberó a Jorge Born, luego de haber cobrado un rescate millonario. Hubo un par de periodistas que recordaban el hecho pero faltaban evidencias. Este diario pudo aportar una decisiva: en su contratapa publicó la desgrabación del momento en que Firmenich se ufanó del secuestro, hablaba del rescate y enviaba mensajes al mundo de que los montoneros eran imparables. Esa cinta se la había llevado un periodista al exterior y Bisordi -junto con el fiscal Romero Victorica- inició la búsqueda del material. Finalmente lo obtuvo, pudo iniciar el juicio, aparecieron más testigos corroborando los hechos transcriptos en este diario y obtuvo la condena del jefe guerrillero. Nunca fue perdonado”.

IV) Prueba.

El art. 59 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (art. 25 del Reglamento de la Comisión), indica que en el escrito de interposición de la recusación se indicarán los motivos -carga que ya he asumido- “y los elementos de prueba, si los hubiere”.

En consecuencia, indico y ofrezco la siguiente:

a) Informaciones y notas periodísticas en cada caso individualizadas en el texto, para cuya incorporación en el expediente solicito que se oficie a los respectivos periódicos para que envíen los ejemplares de las ediciones correspon-dientes;

b) Fotocopias de los antecedentes de mi designación como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la información de prensa de la época sobre el tema. Para el caso de que se desconozcan dichas fotocopias, pido que se oficie al H. Senado de la Nación -Comisión de Acuerdos- para que se remita copia autenticada del legajo formado para tramitar el que al suscripto le fue prestado;

c) Fotocopias de artículos de prensa vinculados con la trayectoria del periodista “oficial” Horacio Verbitsky;

d) Fotocopias de dictámenes y resoluciones recaídos en las causas N° 41.811 y 959 en el texto aludidas. Sin perjuicio de ello y para acreditar fehacientemente mi desempeño funcional en representación del Ministerio Fiscal y asumiendo la persecución penal de los montoneros, solicito se libren los siguientes oficios:

d.1) Al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, Secretaría N° 3, para que remita las causas N° 26.094, “Firmenich, Mario Eduardo s/doble homicidio calificado y secuestro extorsivo”; y N° 41.811, “Sumario instruido en averiguación del secuestro extorsivo de Juan y Jorge Born -antecedentes extraídos de la causa N° 26.094-; Magario, Raúl José Melchor y otros";

d.2) Al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para que remita la causa N° 959, “Metz, Heinrich Franz s/secuestro extorsivo. Procesados: Magario, Raúl José Melchor y otros”;

d.3) Al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital, para que remita la causa “Firmenich, Mario E. y otros s/homicidios calificados y tentativa del mismo delito” (atentados perpetrados contra Juan Aleman y Francisco Soldati);

d.4) Al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, para que envíe la causa N° 4894, caratulada: “Obregón Cano, Ricardo A. y otros s/ asociación ilícita calificada”;

e) Se cite a prestar declaración testimonial a los señores Fiscales Raúl Omar Plée -Fiscal General a cargo de la Fiscalía N° 2 ante la Cámara Nacional de Casación Penal-; Graciela Mónica Sterchele -Fiscal General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal-; Carlos Miguel Cearras, Carlos Rívolo, y Patricio Evers -Fiscales Generales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal-, quienes deberán ser convocados en sus respectivos despachos del 5° Piso de Comodoro Py N° 2002, de esta ciudad;

f) Se convoque a prestar declaración testimonial al doctor Juan Carlos Sambucetti -Defensor General de la Cámara Nacional de Casación Penal, Avda. Comodoro Py 2002, P. 8°-; a Monseñor Antonio Baseotto, con domicilio en el obispado castrense; al doctor Adolfo Vázquez -ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y al señor Rodolfo Álvarez -teléfono celular 15-5349-6083-, cuyos domicilios oportunamente aportaré, a fin de que estos testigos y los ofrecidos en el apartado precedente se expidan sobre los hechos que son de su conocimiento referidos en el texto de este escrito.

V. Petitorio.

1°) Se me tenga por presentado, en el carácter de imputado, y por constituido domicilio;

2°) Con el presente escrito se forme el pertinente incidente de recusación de los señores Consejeros Carlos Miguel Kunkel, Diana Beatriz Conti, María Laura Leguizamón, Nicolás Fernández, Marcela Losardo y Santiago Montaña, a los que se deberá corrérsele la vista prevista en el art. 13 del Reglamento de la Comisión;

3°) Se provea la prueba ofrecida;

4°) Se cumpla con los demás trámites de rigor y, oportunamente se resuelva apartando del caso a los Consejeros recusados si es que éstos no se inhiben en los términos del art. 14 del mencionado Reglamento.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA