El terrorismo de Estado y los Estados que apoyan al terrorismo
Nuestro país se debate entre si se queda anclado a un pasado tenebroso o si mira para adelante con fe y esperanza.
La Justicia argentina ha decidido que los delitos imputados a los militares en la década del 70 sean considerados de lesa humanidad; por lo tanto, imprescriptibles.
Se fundamenta la Justicia en el hecho de que aquéllos están encuadrados en la figura de terrorismo de Estado. Algo similar está sucediendo en estos momentos con los asesinatos cometidos por la Triple A durante el período comprendido entre los años 1974 y 1975, gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Esta situación jurídica contrasta con la posición tomada por la Justicia y en especial por los jueces federales para tipificar los delitos cometidos por las bandas de delincuentes terroristas dentro del mismo contexto legal que el de los anteriores casos. Esto sucede pese a los ingentes esfuerzos de muchos argentinos, legos o no, que han solicitado que se mida a los ex guerrilleros con la misma vara que a los demás, teniendo en cuenta la tipificación de terrorismo que figura en los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto, fundamentalmente el Tratado de San José de Costa Rica.
La Justicia argentina, en todas sus instancias, ha hecho oídos sordos a estos reclamos, sin mayor fundamento. Simplemente, expresa que los únicos crímenes imprescriptibles son los producidos por el terrorismo de Estado.
Y es aquí donde deseo explicar dos argumentos que considero que la Justicia debería analizar y tener en cuenta para ser equitativa y demostrar que no está influida por el poder político de turno, como muchos sospechan con bastante razón.
En primer lugar, la guerrilla también actuó amparada por el Estado. Durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, varios gobernadores provinciales no sólo apoyaron el accionar de la guerrilla, sino que, en muchos casos, la fomentaron. Esto está debidamente fundamentado en infinidad de declaraciones de los mismos y en documentación pública de la época. Pero el mayor argumento es que el propio general Perón exigió la renuncia de varios de ellos, entre los que cabe destacar a Obregón Cano, Bidegain y Martínez Vaca.
Inclusive, varios funcionarios del gabinete de Cámpora abiertamente favorecieron el accionar de la guerrilla que asoló la Argentina. Como muestra, tenemos al entonces ministro del Interior, Esteban Righi, actual Procurador General de la Nación, quien firmó el decreto de amnistía de los jefes guerrilleros que luego ensangrentaron la Nación, por la cual salieron de las cárceles inclusive antes de que el decreto estuviera firmado.
Son los mismos funcionarios que hoy dicen que no van a permitir la impunidad de nadie. Antes firmaron amnistías, hoy se rasgan las vestiduras. Como nos gustaría a los argentinos que tampoco hubiese impunidad para los políticos que, por medio de la corrupción, se enriquecieron mientras el país se empobrecía cada vez más. Tres décadas de impunidad y enriquecimiento ilícito.
Pero volvamos a nuestra argumentación. La Cámara de Diputados y el Senado de ese fatídico período tampoco están exentos de responsabilidades. Basta recordar la relación con la guerrilla que tenía el grupo de diputados peronistas expulsados por Perón y que hoy ocupan cargos hasta de ministros del Poder Ejecutivo. Y ya que de recordar hablamos, no podemos dejar pasar la actitud de un senador, hoy testigo de juicios, que realizó una presentación en las Naciones Unidas pidiendo la independencia de tres provincias (Tucumán, Salta y Jujuy), y que fuera avalado por muchas personalidades de la política, la cultura y el arte. Cuando yo era chico, mis padres me enseñaron que esas actitudes estaban tipificadas en la Constitución Nacional bajo la figura de "infames traidores a la Patria". Hoy se los llama próceres o fiscales de la República.
En segundo lugar, si el terrorismo de Estado es uno de los crímenes más terribles que existen, ¿qué queda para el terrorismo de Estado internacional, es decir el que se realiza apoyado por un Estado extranjero? Porque éste fue el caso de la Argentina de los 70. Está comprobado que tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Montoneros recibieron dinero, apoyo logístico, entrenamiento e inclusive aceptaron combatientes extranjeros entre sus filas, en especial de Cuba. Y esto es doblemente grave: por un lado, terrorismo contra sus propios conciudadanos y, por otro, apoyados por un Estado extranjero. Y todo ello para instaurar en nuestra Argentina la Patria Socialista, la de Stalin, la de Fidel. ¿Se preguntaron estos señores si los argentinos queríamos eso?
Hoy, la Argentina se debate entre si se queda anclada a un pasado tenebroso o si mira para adelante con fe y esperanza. No digo de ninguna manera que no haya justicia, pero, si la hay, que sea para todos. Si no, el espiral del odio y el resentimiento que deja la injusticia nos va a condenar indefectiblemente a la autodestrucción.
Gustavo Luis Breide Obeid , es licenciado en Ciencia Política, preside el Partido Popular de la Reconstrucción.
Se fundamenta la Justicia en el hecho de que aquéllos están encuadrados en la figura de terrorismo de Estado. Algo similar está sucediendo en estos momentos con los asesinatos cometidos por la Triple A durante el período comprendido entre los años 1974 y 1975, gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Esta situación jurídica contrasta con la posición tomada por la Justicia y en especial por los jueces federales para tipificar los delitos cometidos por las bandas de delincuentes terroristas dentro del mismo contexto legal que el de los anteriores casos. Esto sucede pese a los ingentes esfuerzos de muchos argentinos, legos o no, que han solicitado que se mida a los ex guerrilleros con la misma vara que a los demás, teniendo en cuenta la tipificación de terrorismo que figura en los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto, fundamentalmente el Tratado de San José de Costa Rica.
La Justicia argentina, en todas sus instancias, ha hecho oídos sordos a estos reclamos, sin mayor fundamento. Simplemente, expresa que los únicos crímenes imprescriptibles son los producidos por el terrorismo de Estado.
Y es aquí donde deseo explicar dos argumentos que considero que la Justicia debería analizar y tener en cuenta para ser equitativa y demostrar que no está influida por el poder político de turno, como muchos sospechan con bastante razón.
En primer lugar, la guerrilla también actuó amparada por el Estado. Durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, varios gobernadores provinciales no sólo apoyaron el accionar de la guerrilla, sino que, en muchos casos, la fomentaron. Esto está debidamente fundamentado en infinidad de declaraciones de los mismos y en documentación pública de la época. Pero el mayor argumento es que el propio general Perón exigió la renuncia de varios de ellos, entre los que cabe destacar a Obregón Cano, Bidegain y Martínez Vaca.
Inclusive, varios funcionarios del gabinete de Cámpora abiertamente favorecieron el accionar de la guerrilla que asoló la Argentina. Como muestra, tenemos al entonces ministro del Interior, Esteban Righi, actual Procurador General de la Nación, quien firmó el decreto de amnistía de los jefes guerrilleros que luego ensangrentaron la Nación, por la cual salieron de las cárceles inclusive antes de que el decreto estuviera firmado.
Son los mismos funcionarios que hoy dicen que no van a permitir la impunidad de nadie. Antes firmaron amnistías, hoy se rasgan las vestiduras. Como nos gustaría a los argentinos que tampoco hubiese impunidad para los políticos que, por medio de la corrupción, se enriquecieron mientras el país se empobrecía cada vez más. Tres décadas de impunidad y enriquecimiento ilícito.
Pero volvamos a nuestra argumentación. La Cámara de Diputados y el Senado de ese fatídico período tampoco están exentos de responsabilidades. Basta recordar la relación con la guerrilla que tenía el grupo de diputados peronistas expulsados por Perón y que hoy ocupan cargos hasta de ministros del Poder Ejecutivo. Y ya que de recordar hablamos, no podemos dejar pasar la actitud de un senador, hoy testigo de juicios, que realizó una presentación en las Naciones Unidas pidiendo la independencia de tres provincias (Tucumán, Salta y Jujuy), y que fuera avalado por muchas personalidades de la política, la cultura y el arte. Cuando yo era chico, mis padres me enseñaron que esas actitudes estaban tipificadas en la Constitución Nacional bajo la figura de "infames traidores a la Patria". Hoy se los llama próceres o fiscales de la República.
En segundo lugar, si el terrorismo de Estado es uno de los crímenes más terribles que existen, ¿qué queda para el terrorismo de Estado internacional, es decir el que se realiza apoyado por un Estado extranjero? Porque éste fue el caso de la Argentina de los 70. Está comprobado que tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Montoneros recibieron dinero, apoyo logístico, entrenamiento e inclusive aceptaron combatientes extranjeros entre sus filas, en especial de Cuba. Y esto es doblemente grave: por un lado, terrorismo contra sus propios conciudadanos y, por otro, apoyados por un Estado extranjero. Y todo ello para instaurar en nuestra Argentina la Patria Socialista, la de Stalin, la de Fidel. ¿Se preguntaron estos señores si los argentinos queríamos eso?
Hoy, la Argentina se debate entre si se queda anclada a un pasado tenebroso o si mira para adelante con fe y esperanza. No digo de ninguna manera que no haya justicia, pero, si la hay, que sea para todos. Si no, el espiral del odio y el resentimiento que deja la injusticia nos va a condenar indefectiblemente a la autodestrucción.