AMIGOS DE LA LIBERTAD
- El Teniente General Videla a su tiempo, se hizo responsable de todos los actos realizados por los subordinados de las FFAA. Idéntica postura adoptó el almirante Emilio Massera en el ilegal Juicio a las Juntas, nulo de nulidad absoluta.
- También el general Ramón Camps se hizo cargo de todo lo actuado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires a sus órdenes.
- Como la guerra continúa cada día con más brios, ahora se ha sumado el almirante Luis Alberto Mendía.
- Aquí se expone la noticia de Ambito, junto con otras informaciónes afines sobre las Tres A, el Capitan Ricardo Cavallo y el ESCRACHE que les dió Perón a los diputados de la tendencia (comunista) en Olivas en 1974.
- Por estos lados, a pesar de la canícula vamos hablando con otros sobrevivientes para ir formando ideas sobre las elecciones presidenciales que se acercan y la mejor forma de sepultar las aspiraciones políticas del montonero Kirchner y de todo su séquito que le acompaña.
gm
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Miércoles 31 de Enero de 2007 - Edición N° 2284 |
| Informaciones de la Argentina y el Mundo |
Seccion: judiciales ESMA: ex almirante asume responsabilidad Por: Edgardo Aguilera Mendía busca relacionar a «Isabel» con represión militar y explotar conexión francesa El vicealmirante retirado Luis María Mendía asumirá mañana ante la Justicia Federal toda la responsabilidad por las operaciones de la lucha contra la guerrilla que se llevaron a cabo en la ESMA (durante su ejercicio al mando de Operaciones Navales) y los presuntos delitos cometidos en la ejecución de las órdenes de los miembros que integraron el grupo de tareas. El acto procesal iba a llevarsea cabo ayer, pero se postergó por el caos que produjo en el juzgado de Sergio Torres, responsable de la megacausa de la ESMA, la liberación del marino Ricardo Cavallo, dispuesta por la Audiencia Nacional española. El almirante procesado por 175 casos de violaciones a los derechos humanos solicitará al juez Torres que profundice la pesquisa para dilucidar el rol que tuvo Francia en casos de secuestros y desapariciones de ciudadanos de aquel país, aportaría nuevos datos. Vinculación Beneficiado por el decreto de Néstor Kirchner que levantó el secreto a los militares luego del pedido que había formulado el ex capitán naval Alfredo Astiz, Mendía se dispone a testimoniar -por su propio pedido- vinculando la represión contra la izquierda resuelta en el gobierno de María Estela Martínez de Perón («Isabelita») y la lucha antiguerrilla que continuó después del golpe de 1976, dos fases de una misma planificación. El Presidente dio luz verde, lo mismo hizo ayer el ministro de Interior, Aníbal Fernández, al afirmar: «No hay pactos de impunidad con nadie», en relación con la situación procesal de «Isabelita». Es la primera vez que un alto oficial de la Marina -en la década del setenta era el comandante de Operaciones Navales, concentraba en sus manos todo el poder de fuego- acude al tribunal para afirmar que los almirantes daban las órdenes y éstas eran ejecutadas por subordinados. Y que la Armada basó la conducción de su personal y de las operaciones de lucha contrainsurgente en el Código de Justicia Militar que en el artículo 514 establece: «Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable, y sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiese excedido en el cumplimiento de dicha orden». Aunque tardío, el testimonio del almirante procesado en la causa ESMA y con prisión preventiva domiciliaria expresará una cuestión de fondo para el frente interno: la responsabilidad institucional de la cadena de altos mandos en el conflicto antiterrorista, hasta ahora no reconocida por miembro naval alguno, incluidos los contemporáneos. Si uno se remite a la lista de imputados, procesados y sujetos a prisión preventiva se verifica que es mayor el número de oficiales de baja jerarquía, que mandos de alta graduación. Para Mendía, la pesquisa de Norberto Oyarbide permitiría establecer si existió relación entre «Isabelita» y la Triple A -conducida por José López Rega- y si ese procedimiento de acción represiva desde el Estado se extendió luego, a la muerte del General, contra los terroristas de Montoneros, ERP y otras bandas subversivas. Es el camino que quedó plasmado con el famoso Decreto Nº 2.772 firmado en octubre de 1975 por Italo Luder -«Isabelita» estaba de licencia- y los ministros Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero y Angel Robledo. Establecía que «las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país». Francia Mendía insistirá en su declaración ampliatoria, con datos demostrativos de que, al mes siguiente de publicado el decreto (noviembre de 1975), hubo casos de desaparecidos «en democracia», y que antes de esa norma existieron desapariciones de ciudadanos franceses. Esta nueva línea de descargo: «la conexión francesa», apunta a señalar la presunta responsabilidad que le cupo a Francia en la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de otros ciudadanos de esa nacionalidad. Un caso que uniría el método represivo instaladoen el breve período democrático de «Isabelita», con los procedimientos de tortura y desaparición trasmitidos por Francia sería el de Maurice Jaeguer. Este ciudadano francés, desaparecido, fue visto por última vez en julio de 1975 (antes de la publicación del Decreto 2.772) en la provincia de Tucumán. El juez francés Gerard Caddeo tiene abierta una investigación por la desaparición de ciudadanos de esa nacionalidad, entre los cuales está Jaeguer, y había requerido el testimonio de Carlos Ruckauf y el de «Isabelita» en 2002. Pero también siguió la pista que lleva a presuntas responsabilidades de ex funcionarios del gobierno francés ( Valery Giscard d'Estaing, ex presidente, y Pierre Messmer, ex primer ministro) como instigadores o responsables del adoctrinamiento de militares argentinos y de otras dictaduras militares latinoamericanas en los métodos de represión. La defensa de Mendía solicitará al juez Torres se libre un oficio a la Justicia gala para contar con todas las pruebas de «la conexión francesa» que haya podido colectar Caddeo. El almirante procesado no diría todo lo que sabe sino que esperaría que sea la Justicia de Francia quien aporte elementos incriminatorios de la presunta participación de agentes de inteligencia franceses. | ||
| Copyright © 2000 Ambitoweb.com - Todos los derechos reservados. | ||
Caso Triple A ya rumbo a la Corte
Uno de los acusados reclamó el archivo de la investigación por prescripción
Juan Ramón Morales, ex jefe de la custodia de José López Rega y uno de los detenidos en la investigación por los crímenes cometidos por la Triple A, dio el primer paso de una encarnizada disputa legal que puede terminar en la Corte Suprema de Justicia. El ex policía planteó ayer cierre de la investigación al considerar que la causa está «prescripta».
Al plantear la prescripción de la causa, Morales cuestionó la decisión del juez Norberto Oyarbide de considerar los crímenes de la Triple A como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El acusado consideró que como los crímenes investigados fueron cometidos durante la década del 70, por lo tanto, debido al tiempo transcurrido ya estarían prescriptos.
Ayer, el magistrado solicitó la opinión del fiscal Gerardo Di Massi, quien actúa en la causa durante la feria, para que dictamine si los crímenes de la organización están o no prescriptos. De todos modos, el planteo de Morales tiene pocas posibilidades de prosperar ya que para la fiscalía la declaración como delito de lesa humanidad ha sido correctamente fundada por el juez Oyarbide.
La cuestión recaerá en la Sala I de la Cámara Federal de Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler. Ambos camaristas ya fijaron posición en temas relacionados a las violaciones de los derechos humanos aunque lo hicieron con delitos cometidos durante la dictadura militar.
El pasado 26 de diciembre, Oyarbide declaróque la serie de asesinatos cometidos por la organización paramilitar durante el último tramo del tercer gobierno peronista -antes de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976- son de «lesa humanidad e imprescriptibles».
La definición fue tomada al momento de pedir la extradición del ex policía Rodolfo Almirón, quien está acusado junto con Morales y Miguel Angel Rovira de más de media docena de asesinatos.
En sus fundamentos del fallo, Oyarbide citó normas de derecho internacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que los delitos investigados en esta causa «son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional».
«La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos», argumentó el magistrado.
Agregó: «Justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder».
Entre los crímenes adjudicados a la Triple A figuran el del diputado peronista Rodolfo David Ortega Peña y los de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Luis Mendiburu, Silvio Frondizi, Carlos Laham y Pedro Barraza, ocurridos en 1974.
Apelaciones
Aunque la Cámara se apartará de considerar que los crímenes cometidos por la Triple A son de lesa humanidad, varias organizaciones de derechos humanos y políticas -que pidieron ser tenidas como querellantes-seguramente apelarán dejando a la Corte Suprema decida sobre el archivo o no de esta causa que encierra buena parte de la última historia de la Argentina.
Por lo pronto, ayer la Cancillería remitió a la embajada argentina en España el pedido de extradición de Rodolfo Almirón, reclamado por su presunta participación en crímenes cometidos por la organización parapolicial en la década del 70.
Una vez que sea recibido en la embajada será reenviado al Ministerio de Asuntos Exteriores español en un plazo de 48 horas. Paradójicamente quien deberá cumplir con ese trámite será el embajador Carlos Bettini, otrora defensor de «Isabel» Perón. El abogado llegó a ser, incluso, el puente político en un encuentro entre la viuda de Perón y Carlos Menem.
A su vez, la Cancillería española enviará el pedido a la Audiencia Nacional de Madrid, que analizará el planteo, pero la extradición podría demorar un año o más, según lo reconoció el propio Oyarbide hace unos días. Es que el planteo, que finalmente lo resuelve el gobierno español, tiene varias alternativas de apelación, algo que seguramente utilizará el acusado para impedir o al menos demorar su retorno a la Argentina.
Al plantear la prescripción de la causa, Morales cuestionó la decisión del juez Norberto Oyarbide de considerar los crímenes de la Triple A como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El acusado consideró que como los crímenes investigados fueron cometidos durante la década del 70, por lo tanto, debido al tiempo transcurrido ya estarían prescriptos.
Ayer, el magistrado solicitó la opinión del fiscal Gerardo Di Massi, quien actúa en la causa durante la feria, para que dictamine si los crímenes de la organización están o no prescriptos. De todos modos, el planteo de Morales tiene pocas posibilidades de prosperar ya que para la fiscalía la declaración como delito de lesa humanidad ha sido correctamente fundada por el juez Oyarbide.
La cuestión recaerá en la Sala I de la Cámara Federal de Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler. Ambos camaristas ya fijaron posición en temas relacionados a las violaciones de los derechos humanos aunque lo hicieron con delitos cometidos durante la dictadura militar.
El pasado 26 de diciembre, Oyarbide declaróque la serie de asesinatos cometidos por la organización paramilitar durante el último tramo del tercer gobierno peronista -antes de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976- son de «lesa humanidad e imprescriptibles».
La definición fue tomada al momento de pedir la extradición del ex policía Rodolfo Almirón, quien está acusado junto con Morales y Miguel Angel Rovira de más de media docena de asesinatos.
En sus fundamentos del fallo, Oyarbide citó normas de derecho internacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que los delitos investigados en esta causa «son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional».
«La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos», argumentó el magistrado.
Agregó: «Justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder».
Entre los crímenes adjudicados a la Triple A figuran el del diputado peronista Rodolfo David Ortega Peña y los de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Luis Mendiburu, Silvio Frondizi, Carlos Laham y Pedro Barraza, ocurridos en 1974.
Apelaciones
Aunque la Cámara se apartará de considerar que los crímenes cometidos por la Triple A son de lesa humanidad, varias organizaciones de derechos humanos y políticas -que pidieron ser tenidas como querellantes-seguramente apelarán dejando a la Corte Suprema decida sobre el archivo o no de esta causa que encierra buena parte de la última historia de la Argentina.
Por lo pronto, ayer la Cancillería remitió a la embajada argentina en España el pedido de extradición de Rodolfo Almirón, reclamado por su presunta participación en crímenes cometidos por la organización parapolicial en la década del 70.
Una vez que sea recibido en la embajada será reenviado al Ministerio de Asuntos Exteriores español en un plazo de 48 horas. Paradójicamente quien deberá cumplir con ese trámite será el embajador Carlos Bettini, otrora defensor de «Isabel» Perón. El abogado llegó a ser, incluso, el puente político en un encuentro entre la viuda de Perón y Carlos Menem.
A su vez, la Cancillería española enviará el pedido a la Audiencia Nacional de Madrid, que analizará el planteo, pero la extradición podría demorar un año o más, según lo reconoció el propio Oyarbide hace unos días. Es que el planteo, que finalmente lo resuelve el gobierno español, tiene varias alternativas de apelación, algo que seguramente utilizará el acusado para impedir o al menos demorar su retorno a la Argentina.
Explicaciones de aquella reunión en Olivos
La noche antes de «la reunión», el jefe de la custodia de Juan Domingo Perón llegó a la casa de Julio Mera Figueroa y, casi paternal, le aconsejó: «No vaya mañana a la reunión porque va a haber quilombo». El joven diputado entendió el mensaje como una directiva del viejo caudillo. De inmediato, tomó el teléfono y trasladó la sugerencia a una compañera: Nilda Garré, por entonces esposa de Juan Manuel Abal Medina. El flamante secretario general del Movimiento Nacional Justicialista había sido el negociador secreto entre el general Alejandro Agustín Lanusse y Puerta de Hierro en el regreso de Perón cerrando 17 años de exilio.
Ese 22 de enero de 1974, pocos días después del ataque del ERP a la guarnición militar de Azul (atentado que le costó el puesto al entonces jefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, asesinado luego por la Triple A), Perón se entrevistó con un grupo que respondía a la orientación de la « Tendencia Revolucionaria» en la residencia de Olivos.
Los púberes legisladores resistían los intentos del Ejecutivo de sancionar una ley que reformaba el Código Penal y endurecía -como en la época de Lanusse- la persecución de los delitos cometidos por las bandas guerrilleras a través de la figura de asociación ilícita.
En aquel encuentro al que faltó Garré, gracias al aviso de Mera Figueroa, Perón conminó a la «Tendencia» a disciplinarse y obedecer la decisión que el bloque del Frejuli adoptara para sancionar la ley que el gobierno consideraba como necesaria para tener un verdadero aparato de seguridad.
La izquierda criolla temía entregar su voto a la implantación de la « asociación ilícita» porque sospechaba que se volvería en su contra y terminaría persiguiéndola.
Aquella vez los utópicos jóvenes escucharon tronar la voz del General: «Como político yo veo que se puede conducir muy bien esto. El que no está de acuerdo, se va. Por perder un voto no nos vamos a poner tristes. Pero aquí debe haber disciplina. Y si ésta se pierde, estamos perdidos». Sostenía Perón que el país no contaba con una ley para reprimir con crudeza delitos como ataque al cuartel de Azul y, entendía, que la Tendencia buscaba proteger el accionar de la guerrilla,-escudada en el pretexto de que una ley que promoviera la violencia generaría más violencia.
«La decisión es muy simple: hemos pedido esta ley al Congreso para que éste nos dé el derecho de sancionar fuerte a esta clase de delincuentes. Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes.» Al respecto, apuntaba: «Para nosotros, es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella, necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males... Si no contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos».
En rigor, el General consideraba que el grupo de la Tendencia defendía «otra causa» y usaba «la camiseta peronista». Por eso, aleccionaba a los imberbes diputados que el movimiento al que pensaba combatir era dirigido desde Francia, país que «no lo supo parar de ninguna manera».
«Yo a eso lo he conocido 'naranjo' porque ésta es una Cuarta Internacional que se fundó con una finalidad totalmente diferente a la Tercera Internacional que fue comunista, pero comunista ortodoxa. Aquí no hay nada de comunismo, es un movimiento marxista deformado que pretende imponerse por la lucha. A la lucha -y yo soy técnico en eso- no hay nada que hacerle más que imponerle y enfrentarle con la lucha. Nosotros desgraciadamente tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Fuera de la ley, la ventaja que ellos tienen es, precisamente ésa: los que tienen que someterse a la ley y ellos buscan los vericuetos para actuar fuera de la ley. Y si además estamos atados por la debilidad de nuestras leyes, entonces ya sabemos cuál va a ser el final y el resultado de eso».
Las explicaciones de este paso de la historia no le corresponden sólo al peronismo. El radicalismo también tiene la suya sobre lo que ocurrió antes del 76 y después con la recuperación de la democracia.
Reflexionaba ayer el ex vicecanciller Raúl Alconada Sempé que en 1983 era poco imaginable que un Senado con mayoría opositora que debía prestar su acuerdo para la designación de la Corte habría podido enjuiciar a la viuda de Perón y a Italo Lúder candidato peronista recién derrotado.
«No hubo pacto ni acuerdo explícito alguno entre el radicalismo y el peronismo. Simplemente se determinó la línea en lo más grueso de la historia, aquella línea que divide entre lo que pasó durante un gobierno constitucional, aunque haya podido ser ilícito y aberrante, y aquello que ocurrió bajo una dictadura militar, por el origen ilegal de su autoridad y por el extremo horror al que se llegó».
Puede que este criterio haya sido el argumento que también sirvió para que el fiscal Julio César Strassera dispusiera el cierre de la investigación de los crímenes de la Triple A a partir de un dictamen que apenas superaba la carilla y cuando la causa alcanzaba el quinto cuerpo de actuaciones.
Ese 22 de enero de 1974, pocos días después del ataque del ERP a la guarnición militar de Azul (atentado que le costó el puesto al entonces jefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, asesinado luego por la Triple A), Perón se entrevistó con un grupo que respondía a la orientación de la « Tendencia Revolucionaria» en la residencia de Olivos.
Los púberes legisladores resistían los intentos del Ejecutivo de sancionar una ley que reformaba el Código Penal y endurecía -como en la época de Lanusse- la persecución de los delitos cometidos por las bandas guerrilleras a través de la figura de asociación ilícita.
En aquel encuentro al que faltó Garré, gracias al aviso de Mera Figueroa, Perón conminó a la «Tendencia» a disciplinarse y obedecer la decisión que el bloque del Frejuli adoptara para sancionar la ley que el gobierno consideraba como necesaria para tener un verdadero aparato de seguridad.
La izquierda criolla temía entregar su voto a la implantación de la « asociación ilícita» porque sospechaba que se volvería en su contra y terminaría persiguiéndola.
Aquella vez los utópicos jóvenes escucharon tronar la voz del General: «Como político yo veo que se puede conducir muy bien esto. El que no está de acuerdo, se va. Por perder un voto no nos vamos a poner tristes. Pero aquí debe haber disciplina. Y si ésta se pierde, estamos perdidos». Sostenía Perón que el país no contaba con una ley para reprimir con crudeza delitos como ataque al cuartel de Azul y, entendía, que la Tendencia buscaba proteger el accionar de la guerrilla,-escudada en el pretexto de que una ley que promoviera la violencia generaría más violencia.
«La decisión es muy simple: hemos pedido esta ley al Congreso para que éste nos dé el derecho de sancionar fuerte a esta clase de delincuentes. Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes.» Al respecto, apuntaba: «Para nosotros, es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella, necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males... Si no contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos».
En rigor, el General consideraba que el grupo de la Tendencia defendía «otra causa» y usaba «la camiseta peronista». Por eso, aleccionaba a los imberbes diputados que el movimiento al que pensaba combatir era dirigido desde Francia, país que «no lo supo parar de ninguna manera».
«Yo a eso lo he conocido 'naranjo' porque ésta es una Cuarta Internacional que se fundó con una finalidad totalmente diferente a la Tercera Internacional que fue comunista, pero comunista ortodoxa. Aquí no hay nada de comunismo, es un movimiento marxista deformado que pretende imponerse por la lucha. A la lucha -y yo soy técnico en eso- no hay nada que hacerle más que imponerle y enfrentarle con la lucha. Nosotros desgraciadamente tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Fuera de la ley, la ventaja que ellos tienen es, precisamente ésa: los que tienen que someterse a la ley y ellos buscan los vericuetos para actuar fuera de la ley. Y si además estamos atados por la debilidad de nuestras leyes, entonces ya sabemos cuál va a ser el final y el resultado de eso».
Las explicaciones de este paso de la historia no le corresponden sólo al peronismo. El radicalismo también tiene la suya sobre lo que ocurrió antes del 76 y después con la recuperación de la democracia.
Reflexionaba ayer el ex vicecanciller Raúl Alconada Sempé que en 1983 era poco imaginable que un Senado con mayoría opositora que debía prestar su acuerdo para la designación de la Corte habría podido enjuiciar a la viuda de Perón y a Italo Lúder candidato peronista recién derrotado.
«No hubo pacto ni acuerdo explícito alguno entre el radicalismo y el peronismo. Simplemente se determinó la línea en lo más grueso de la historia, aquella línea que divide entre lo que pasó durante un gobierno constitucional, aunque haya podido ser ilícito y aberrante, y aquello que ocurrió bajo una dictadura militar, por el origen ilegal de su autoridad y por el extremo horror al que se llegó».
Puede que este criterio haya sido el argumento que también sirvió para que el fiscal Julio César Strassera dispusiera el cierre de la investigación de los crímenes de la Triple A a partir de un dictamen que apenas superaba la carilla y cuando la causa alcanzaba el quinto cuerpo de actuaciones.