Aborto y derechos humanos
Quienes defienden el aborto libre y gratuito suelen afirmar que las muertes a causa de abortos clandestinos son “un gravísimo problema de salud pública”.
Sin embargo según las cifras del Ministerio de Salud Pública, en el año 2016 se registraron 43 muertes se debidas a “embarazos terminados en aborto”. En este número se incluyen los abortos espontáneos y provocados, sin discriminar. Esto representa un 0, 025% de las muertes de mujeres.
En el mismo año –según la misma fuente- murieron 525 mujeres por deficiencias alimentarias. Sin embargo,de eso no se habla. Cuando una vida humana está en riesgo, la sociedad debe movilizarse, y el estado debe intervenir. Sin embargo, llama la atención tanta efervescencia por un tema (el aborto) y el silencio respecto de este otro (la desnutrición) que muestra cifras bastante superiores.
Parece que algunos de los más vehementes defensores del aborto no han leído las cifras, o tienen otras fuentes fidedignas que no comparten, o en realidad no les preocupa la realidad y sí les preocupa el aborto por otras razones que deberían ser expuestas claramente.
No está bien envenenar las aguas del debate con argumentos poco fundados, o lo que es peor, utilizando argumentos que no son los reales. El problema de fondo sobre el aborto es de carácter ideológico, porque pone en juego nuestras ideas sobre la vida humana, el sentido de justicia con los más vulnerables y el rol del estado, entre otros. Entonces, mejor sería expresar públicamente que no es “una gravísima cuestión de salud pública” lo que preocupa, sino una cuestión de ideología. Es más honesto y entonces podemos dar la discusión en otros términos.
En ese otro terreno, tal vez la discusión podría darse en torno a los derechos humanos. Quienes defienden la despenalización, o el aborto libre y gratuito, invocan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo (con lo que se da por supuesto que el niño por nacer es una especie de apéndice de la madre del que ella puede disponer libremente; un supuesto bastante discutible). Aquí este derecho invocado entraría en colisión con otro derecho: el derecho del niño/a a nacer. Cuando hay una colisión entre dos derechos, el estado debe decidir cuál va a priorizar. Y por definición, el estado debe defender al más débil. Y aquí, más allá del sufrimiento de la mujer que quiere interrumpir su embarazo (y que tiene otras opciones), el más débil es el que no puede expresar sus argumentos y no tiene otra opción: el niño por nacer.
Si hablamos de legislar al respecto, es pertinente preguntar, ¿cuál es el papel del estado? ¿No debe proteger a los más débiles de los abusos de los poderosos? Y sin embargo –si se despenaliza el aborto- el más débil, que es esta vida que viene, es quien queda desprotegido. Despenalizando se auxiliaría, tal vez, a la madre en situación de indigencia, pero no al niño/a por nacer. Al final alentando la despenalización y la legalización se repite el esquema de injusticia general: el hilo se corta por lo más débil.
Rafael Velasco es sacerdote jesuita, miembro del CIAS