La Caridad sin Verdad sería ciega, La Verdad sin Caridad sería como , “un címbalo que tintinea.” San Pablo 1 Cor.13.1
jueves, enero 04, 2018
El Gobierno pide que Cristina devuelva US$ 1216 millones de la corrupción
La
Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame
a la ex mandataria, a De Vido y a López, entre otros, una indemnización
por otorgar obras públicas a Lázaro Báez
Cristina recibió ayer a los senadores de su bloque. Foto: TwitterEl
Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción,
sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de
Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez
con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es
decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán
juzgados.
En
rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección
Nacional de Vialidad, se presentó como "actor civil" en la causa penal
en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio
el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además
consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa
penal.
Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En
seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los
acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente
fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y
Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el
80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini
ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio
contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son
inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la
indemnización que tendrán que pagar al Estado.
Los acusados a los
que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado
desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex
administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson
Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una
lista de unos 30 acusados.
En
esta causa, que es la que está más avanzada por la obra pública, están
procesados con fallos confirmados por la Cámara Federal la ex
presidenta, López, De Vido y Báez, entre otros.
El fiscal Gerardo
Pollicita, por su parte, pidió hace una semana elevar la causa a juicio
oral, medida en la que está trabajando el juez Ercolini, que acusó a los
implicados de pertenecer a una asociación ilícita que cometió una
administración fraudulenta.
Dijo el administrador de la Dirección
Nacional de Vialidad que los funcionarios implicados causaron un
"notorio y millonario perjuicio" a Vialidad al igual que los empresarios
involucrados, y por eso fue contra todos ellos.
Este expediente
es parte de una megacausa por corrupción que alcanza además los casos
Hotesur SA y Los Sauces SA, por lo cual es probable que apenas suba a
juicio oral y sea designado un tribunal para llevar adelante el proceso
se adjunten los otros dos expedientes y el conocido como la "ruta del
dinero K", que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
En
el caso de la obra pública se acusa a Cristina de ser "jefa de una
asociación ilícita" y de haber defraudado al Estado al no velar por sus
intereses y favorecer "al amigo presidencial".
Se estima que
beneficiaron a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones,
"plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de
controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del
conglomerado del empresario K.
Pollicita amplió la maniobra y
consideró que los "hechos de corrupción" alcanzaron a otro empresario
"amigo, ligado personal y comercialmente" a quienes ocuparon la
presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal
López y Fabián de Sousa, ambos procesados con prisión preventiva por
presunta administración fraudulenta hace una semana.
Los fiscales
entendieron que la investigación no se encuentra "en soledad", sino que
se trata de la "causa madre" de un grupo de investigaciones que
involucran a la ex presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros
expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado
por no pagar a la AFIP $ 8000 millones del impuesto a los combustibles.
Se
instauró una "maniobra de corrupción" -según los fiscales- desde el
gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con
quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de
fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras".
Este
circuito de contrataciones "irregulares" permitió que el patrimonio del
"amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015- un 12.127%,
adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.
Pero no era la
instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio
de los ex presidentes", sostuvo la fiscalía.
El reclamo, en cifras
22.500 millones de pesos
Es
la cifra que reclama el Gobierno como indemnización por el otorgamiento
de contratos de obra pública con sobreprecios a Lázaro Báez 30 son los acusados
A
los que se dirige la acción civil interpuesta por la Dirección Nacional
de Vialidad, entre ellos: Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro
Báez, José López y Nelson Periotti 80% de las obras públicas
Es
el porcentaje de contratos de obra pública que se estima que fueron
direccionados a favor de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y
Costilla SA de Báez en la provincia de Santa Cruz
