Detuvieron a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca: su líder tenía más de 5 millones de pesos y USD 100 mil en su casa
Se realizaron múltiples procedimientos simultáneos. Los gremialistas habían sido denunciados públicamente por la gobernadora María Eugenia Vidal
Diez
dirigentes sindicales que hasta octubre del 2017 integraban la
conducción del gremio de la construcción (UOCRA) en Bahía Blanca fueron
detenidos esta madrugada, en un megaoperativo realizado por la Policía Bonaerense por orden del fiscal Gustavo Zorzano que incluyó 19 allanamientos simultáneos. Entre los apresados, se encuentra Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato. Hay otras cuatro personas que aún son buscadas.
Los gremialistas son investigados por asociación ilícita y extorsión a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.
Monteros fue detenido en su vivienda de la localidad balnearia de Monte Hermoso y en su poder tenía tres valijas con 5.252.000 pesos y USD 100 mil, según informaron fuentes oficiales a Infobae. También se realizaron otros operativos en Coronel Suárez. Tal es la magnitud del procedimiento, que son coordinados personalmente por el jefe de la Policía bonaerense.
Julio Conte Grand,
procurador bonaerense, informó que se confiscó "una serie de efectos
que es la base para la continuidad de la investigación, que tiene como
objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de
extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas
involucradas".
Desde
la conducción de la UOCRA nacional aseguraron que la seccional había
sido intervenida el año pasado por Ricardo Rodríguez y las personas
detenidas ya no ostentaban la representación gremial.
Monteros es considerado el "Pata" Medina de Bahía Blanca. Su secretario adjunto, José Burgos,
fue denunciado públicamente por Vidal en septiembre, cuando la
mandataria lo acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en
el sur de la provincia de Buenos Aires: "No
solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que
además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados
proveedores de comida, transporte y equipamiento en un acto que es
claramente corrupto; es una mafia".
Monteros quedó en la mira de los investigadores por la compra de un
departamento, cuatro autos de alta gama de distintas marcas y por la
ampliación y remodelación de una casa. También fue cuestionado por no
poder explicar el origen del dinero que utilizó para fundar varias
empresas, entre ellas una de combis y una rotisería que era prestadora
del sindicato. Antes de desembarcar como secretario general de la
UOCRA, declaró que vivía en una casilla montada sobre un terreno
ocupado.
"El
procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal
Zorzano en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires. La
envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de
manifiesto por la envergadura del procedimiento", informó Conte Grand.
El fiscal general de Bahía Blanca Juan Pablo Fernández aseguró que en
la investigación se determinó que Burgos y Monteros lideraron un
asociación ilícita que tenía un modus operandi a través del cual
extorsionaban a empresarios de la construcción. "Les exigían que
abonen personalmente sumas de dinero o que contraten con empresas de
ellos mismos con sobreprecios que les dejaban ganancias inusitadas bajo
apercibimiento de paralizar las obras, quemar gomas, hacer asambleas", detalló en diálogo con el periodista Germán Sasso.
"Los
reclamos de naturaleza sindical eran excusas que se utilizaban para
frenar las obras. Cuando los empresarios pagaban, los reclamos
sindicales dejaban de existir. Entonces, no era verdad que existía una
reivindicación laboral o el trabajador, lo que se buscaban eran
pretextos para sacar dinero en beneficio propio", agregó.