Comienzo
de la lucha contrarrevolucionaria con métodos
ilegales
…Finalmente
las leyes enmudecieron cuando en 1973 la sociedad argentina a través
de sus legisladores, resolvió considerar actos lícitos de
resistencia a la opresión a verdaderos crímenes de lesa humanidad,
quebrando así un orden de valores que es el sostén del derecho…
“Donde callan las leyes hablan las armas”. Del
Epílogo del libro Definitivamente
Nunca Más
del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) en
marzo de 1985.
Como
ya se expresó, el mismo día de su asunción como presidente
Cámpora
emitió
el Decreto 11/73 mediante el cual liberó a todos los terroristas
sentenciados y en proceso. Dos días después el Congreso de la Nación
dictó una “Amnistía
amplia” para
convalidar ese hecho consumado (Ley 20.508 del 27 de mayo de 1973).
En forma simultánea disolvió
la Cámara Federal en lo Penal,
cuya efectividad en la lucha jurídica contra el terrorismo había
producido logros evidentes y
derogó la totalidad de la legislación antisubversiva.
Automáticamente los nueve jueces y tres fi scales que la componían
fueron cesanteados, mientras que el personal administrativo que la
integraba fue redistribuido a los destinos menos deseables del Poder
Judicial.
Casi
en forma inmediata comenzó la intimidación y persecución contra los
magistrados. El primero en sufrir un atentado fue el ex juez Carlos
Malbrán, ametrallado en ambas piernas en la puerta de su casa logró
regresar a la misma y refugiarse, con lo que salvó milagrosamente su
vida. La siguiente víctima fue el juez Jorge Quiroga quien, el 28 de
abril de 1974 resultó asesinado por dos guerrilleros montados en una
motocicleta quienes, a poco de salir de su domicilio, subieron a la
acera y le dispararon a su espalda dejándolo sin vida.
El
tercer intento de asesinato lo sufrió el ex juez Eduardo Munilla
Lacasa quien salvó su vida gracias a una aguda percepción y rápida
reacción cuando, al detener su coche ante las barreras bajas del
Ferrocarril en un paso a nivel, notó que el auto a sus espaldas
estaba tripulado por tres individuos con armas largas. Se bajó de su
auto en forma inmediata, cruzó las vías y ya en el lado opuesto tomó
una bicicleta de un vecino que le permitió llegar a su domicilio
sano y salvo.
La
cuarta víctima resultó el ex secretario general de la Cámara, Sr
Carlos Bianco, secuestrado, maltratado y mantenido prisionero
durante dos meses en una “cárcel del pueblo” del PRT-ERP. La
secuencia e intensidad de los hechos descriptos convenció a los ex
integrantes de la CAFEPE de la necesidad de abandonar el país para
salvar sus vidas y las de sus familias.
Todos
los miembros del Poder Judicial entendieron el mensaje mafioso y
cuál sería el precio a pagar en el supuesto de intentar reflotar un
tribunal como el disuelto.
El tiempo de la justicia había finiquitado en la Argentina. Se daban
entonces todas las condiciones favorables para que las
organizaciones armadas ilegales pudieran imponer mediante el
terrorismo un mayor dominio territorial sobre la base, no sólo de
sus acciones criminales sino también de su presencia en todos los
campos de la sociedad, corroborándose lo que decía su propaganda
acerca de la “estrategia de guerra revolucionaria integral” en
curso. El desgobierno anárquico duró solamente 49 días, al cabo de
los cuales Cámpora renunció en forma forzada, luego de repetidos
desplantes de Perón que se mostraba muy preocupado por el cariz que
había tomado su gestión, inclinada peligrosamente hacia un estado de
anarquía revolucionaria, fase previa a la toma del poder por las
organizaciones armadas ilegales de ideología marxista. Su reemplazo
provisorio –Raúl Lastiri– como Presidente Provisional impuesto por
Perón tenía que cumplir dos tareas básicas: La primera, preparar la
tercera presidencia de Juan D. Perón y la segunda, frenar la acción
militar y política del socialismo marxista leninista aliado de
organizaciones que se decían peronistas y que se mimetizaban vivando
a Perón pero que en realidad luchaban por acceder al poder
presionando al viejo líder para, en el corto plazo, reemplazarlo por
un gobierno marxista. (Caso de Montoneros).
Tuvo
entonces que reencausar la gestión de gobierno. A su llegada, Perón
comenzó a tomar acciones en los dos campos citados. En la represión
armada –erróneamente– impulsó los métodos violentos ilegales como
fue la creación de la “Triple A”, al mismo tiempo que colocó un
mando policial mucho más experimentado y riguroso como era el
comisario general Villar, además de modificar ciertas leyes
penales.
En
lo político aceleró la depuración de aquellos marxistas infiltrados
en su movimiento rompiendo abruptamente con la organización
Montoneros – su otrora “juventud maravillosa”- para recostarse en el
viejo peronismo sindicalista y partidario.
Fue
famosa su “Orden Reservada” del 1 de octubre de 1973 durante una
reunión con el presidente provisional de la Nación, Raúl Lastiri, el
ministro del interior Benito Llambí y todos los gobernadores. Iba
dirigida a ”Los delegados del Movimiento Nacional Justicialista en
las provincias” y suscripta por el Consejo Superior Peronista con la
firma de Perón, ya presidente electo, que el diario La
Opinión publicara
el día siguiente 2 de octubre. El mencionado documento comenzaba con
un cuadro de situación que caracterizaba como de
guerra contra nuestra organización (el peronismo) y nuestros
dirigentes, llevada a cabo por grupos marxistas terroristas y
subversivos.
Decía
más adelante: …para
terminar con esa campaña, todos los grupos que adhieren al
justicialismo, deben participar en esa lucha, la que será por todos
los medios que consideren eficientes.
El
diario de referencia acotaba finalmente: …este
documento constituye el punto más alto de la radicalización del
proceso de depuración ideológica iniciado por el justicialismo,
luego del asesinato del ex Secretario General de la CGT. José Rucci.
La
realidad fue que ya a fines de 1973 se hizo evidente la reacción
contra
la
actividad guerrillera de izquierda por parte de algunos sectores
víctimas de sus múltiples asesinatos y de otras acciones. Los
sindicatos en general y los grupos peronistas ortodoxos afectados
comenzaron a actuar contra los militantes, ideólogos y dirigentes de
la izquierda radicalizada, así como contra sus locales y
bienes.
El
mencionado documento puede completarse con las palabras expresadas
por el ya presidente constitucional Juan D. Perón desde la quinta
presidencial de Olivos casi cuatro meses después (el día 20 de enero
de 1974), ante el sorpresivo ataque a la Guarnición militar de la
localidad de Azul, el día sábado 19 de enero por un grupo de setenta
subversivos terroristas del PRT-ERP. Me
dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba
de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul
donde una partida de asaltantes terroristas realizaron un golpe de
mano, mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, coronel don
Camilo Gay y a su señora esposa y luego de matar alevosamente a
soldados y herir a un oficial y un suboficial, huyeron llevando como
rehén al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Hechos de esta naturaleza
evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los
grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos
Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades. El
gobierno del pueblo respetuoso de la Constitución y la ley, hasta
hoy ha venido observando una conducta retenida frente a estos
desbordes que –reitero– nada pueden justificar en la situación que
vive la república. Tampoco, desde nuestro movimiento, hemos querido
producir un enfrentamiento, desde que anhelamos la paz y propendemos
a la unión y solidaridad de todos los argentinos, hoy ocupados en la
reconstrucción y liberación nacional. Pero todo tiene un límite:
tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se
ataca a una institución nacional con los más aleves procedimientos,
está demostrando palmariamente que estamos en presencia de
verdaderos enemigos de la patria,
organizados.
1
Recluido en una “Cárcel del Pueblo” fue asesinado luego de 10
meses. para
luchar contra el Estado, al que a la vez se infiltran con aviesos
fines insurreccionales. Nuestro Ejército, como el resto de nuestras
Fuerzas Armadas que han demostrado su acatamiento a la Constitución
y a la ley, en provecho de una constitucionalización, no merecen
sino el agradecimiento del pueblo argentino, que frente a lo
ocurrido debe sentirse herido en lo más profundo de su sentimiento
patriótico. Ya
no se trata sólo de grupos de delincuentes sino de una organización
que, actuando con objetivos y dirección foránea, ataca al Estado
y
a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo
argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la
liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a
un grupo de mercenarios que actúa mediante la simulación de móviles
políticos tan inconfesables como
inexplicables.
En
consecuencia, ni el gobierno que ha recibido un mandato popular,
claro y plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con
creces su deseo de pacifi cación y liberación, pueden permanecer
inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana, y
tolerar el abierto desafío a su autoridad, que pone en peligro la
seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal
de estas bandas de asaltantes. No es por casualidad que estas
acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable
que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e
incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara
como se sospecha una tolerancia culposa. “En consecuencia, el
gobierno nacional en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará
de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus
raíces echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando
todos los medios necesarios.
El
Movimiento Nacional Justicialista movilizará asimismo sus efectivos
para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar
estrechamente con las autoridades empeñadas en defenderla.
Pido
asimismo a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que
tomen partida activa en defensa de la república que es la atacada en
las actuales circunstancias. Ya
no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a
la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la
patria y sus instituciones y que
es preciso destruir antes que nuestra debilidad produzca males que
puedan llegar a ser irreparables en el
futuro.
Pido
igualmente a los compañeros trabajadores una participación activa en
la labor defensiva de sus organizaciones, que tanto ha costado
llevarlas al momento actual de su magnífico funcionamiento. Esas
organizaciones son también objeto de la mirada codiciosa de estos
elementos, muchas veces disfrazados de dirigentes. Cada trabajador
tiene un poco de responsabilidad en esa defensa, y espero confiado
porque los conozco, que la sabrán defender como lo han hecho en
todas las ocasiones. Aniquilar
cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a
todos
los que pretendemos una patria justa, libre y soberana, lo que nos
obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos
decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la
reconstrucción nacional ni la liberación serán
posibles.
Yo
he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico y porque he
pensado que podría ser útil a la república; si un día llegara a
persuadirme que el pueblo argentino no me acompaña en ese sacrificio
no permanecería un solo día en el gobierno. Entre las pruebas que he
de imponer al pueblo es esta lucha. Será, pues, la actitud de todos
la que me impondrá mi futura conducta. Ha pasado la hora de gritar
Perón, ha llegado la hora de defenderlo.
(Lo resaltado es nuestro).
Hemos
transcripto todas las palabras del presidente en ejercicio para que
el lector interprete realmente el mensaje que imponía su líder a los
dirigentes políticos y sindicalistas de su partido “tomar las
medidas que
fueran
necesarias para eliminar la amenaza descripta” acentuando lo ya
expresado en la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973. Eduardo
Kimel en su libro 30
años de Historia Política Argentina 1965- 1995, Ed.
SRL, Bs. As., de mayo de 1996, dice respecto a la aparición de la
“Alianza Anticomunista Argentina” (las “3 A” o “Triple A”) y su
vínculo con el gobierno:
El
Ministerio de Bienestar Social, denominado el Ministerio del Pueblo,
por su conductor López Rega, apareció como el centro orientador y
organizador de la violencia. El 30 de enero de 1974, la Triple A,
dio a conocer una larga lista de personalidades que, según el mismo
serán ajusticiadas de inmediato en el lugar en que se encuentren.
Entre ellas se mencionaban a: ex coronel Luis Perlinger, ex coronel
Jaime Cesio, Hugo Bressano (a) “Nahuel Moreno”, Silvio Frondizi,
Mario Santucho, Armando Jaime, René Salamanca, Agustín Tosco,
Rodolfo Quieto, Julio Troxler, etc. La Triple A, había surgido
públicamente el 21 de noviembre de 1973 cuando se adjudicó el
atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Su
formación y desarrollo estaban directamente relacionados con la
dirección del Ministerio de Bienestar Social que suministraba la
cobertura legal y logística para el desenvolvimiento de las
operaciones ilegales de la represión que se emprendieron. López
Rega, que acentuaba su poder personal dentro del gabinete nacional y
su influencia sobre el líder del movimiento peronista, logró
estrechar los lazos del llamado entorno con la derecha sindical y
política, que si bien tenían disidencias en los objetivos
estratégicos y las metodologías utilizadas, reconocía las
coincidencias en la definición de los enemigos comunes que había que
enfrentar; la JP (Juventud Peronista), la guerrilla y la izquierda.
El “lopezrreguismo”, a través de la Triple A, encaró la parte pesada
de esa actividad, consistente en la eliminación física de ese
enemigo.
El
abogado Eduardo Luis Duhalde, un conocido marxista leninista –hoy
fallecido– varios años secretario de Derechos Humanos de la Nación y
quien fuera director, junto con Rodolfo Ortega Peña, de la revista
Militancia,
en un testimonio personal que aparece en la página 218 del libro al
que nos referimos precedentemente; dice textualmente:
…Los
sectores de derecha del peronismo libraron una muy cruenta batalla
con la juventud y los agrupamientos y tendencia más combativas o más
revolucionarias. Sobre un mismo campo político se disputó la
hegemonía del movimiento y el curso futuro de esa batalla. También
se buscó alinear fuerzas para decidir al general Perón –cuyo
liderazgo nadie ponía en duda– hacia uno u otro lado. Pero la
disputa ya estaba decidida: Perón había optado por quienes aparecían
desde el vamos, controlando la superestructura política y sindical,
es decir la fracción dominante, expresada por José López Rega,
Rucci, Lorenzo Miguel y José Ben Gelbar entre otros. Es en este
esquema, que se inscribe la aparición de la Alianza Anticomunista
Argentina (la Triple A)…
Otra
bibliografía consultada, establece que la estructura orgánica
funcional de la autodenominada “Triple A” se remonta a la
presidencia de Lastiri (yerno de López Rega) cuando el entonces
ministro de Bienestar Social, debido a amenazas, atentados y otros
hechos menores –junto con necesidades políticas propias– encargó a
un funcionario de su confianza que buscara a alguien que pudiera
organizar el sistema de seguridad del Ministerio. En
la oportunidad habría sido requerida la colaboración de un ex
oficial del Ejército Argentino (dado de baja en el grado de
teniente, por hechos estrictamente delictivos comunes): Salvador
Horacio Paino, quien en un principio realizó la tarea de organizar
los distintos grupos y adjudicarle los tipos de armamento y equipo.
Posteriormente, Paino, fue separado y posteriormente, nuevamente
encarcelado en Villa Devoto por delitos comunes. Tiempo después
escribió un pequeño libro sobre la Triple A con algunas comprobadas
falsedades.
También
escribieron sobre esta organización de derecha varios periodistas de
izquierda, como Ignacio González Yansen, un exiliado en la década
del 70. En su libro La
Triple A,
prologado por el conocido montonero Horacio Verbitsky, acusa a una
serie de pequeñas organizaciones políticas de derecha como
participantes de la organización a la que nos referimos. El nombrado
González Yansen dice: La
federación que agrupó a los diversos núcleos de derecha peronista
(CNU, JPRA, ALN, Comando de Organización, Juventud Sindical,
Agrupación 20 de noviembre, Agrupación 17 de Octubre de Bienestar
Social, etc.); fue impulsado por los nacionalistas de derecha que
actuaban en todos los grupos y de los que, en algunos casos, eran
fundadores. La realidad –dice–-
fue
que el ministro López Rega promovió la organización, financió y armó
las fuerzas de choque que constituyeron la Triple
A.
Pero
la mayor parte de los recursos humanos empleados fueron
proporcionados por esa federación de grupos de derecha, de
extracción fascista. Antiguos militantes de Tacuara y GRN, con
miembros del CNU y el Comando de Organización (C de O), a las
órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Cena
…
Lo
comprobado fue que la “Triple A” y los otros grupos llamados de
derecha –por actuar sobre la izquierda ideológica y revolucionaria–
aparecieron como reacción a los crímenes de éstas que los afectaban
y evidentemente nacieron de la Orden Reservada de 1973 de Juan
Domingo Perón, quien había quedado sumamente afectado por el
asesinato de Rucci y los intentos de Montoneros de disputarle el
poder y heredar su organización política para imponer el socialismo.
(A la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, Mario Eduardo
Firmenich viajó a Moscú y se declaró marxista leninista. Juan B
Jofre, libro Nadie
fue,
pág 32).
En
estas instancias cuando se planteaba cómo combatir a la subversión,
el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de
constituir el Tribunal Federal (CAFEPE) y muchos fueron los
sectores de su partido que se expresaron en contra, invocando su
impopularidad y
la imposibilidad de encontrar magistrados para
integrarlo.
Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el
flagelo terrorista, permitiera o propiciara el accionar de
organizaciones para-policiales como la Triple A, que ya estaban
actuando con la aprobación del Consejo Superior
Peronista.
Estos
grupos armados contra la izquierda terrorista subversiva, sobre todo
al principio, actuaron anárquicamente y utilizaron procedimientos
ilegales, similares a los utilizados por la guerrilla (atentados,
amenazas, intimaciones, asesinatos y desapariciones). Por supuesto,
en el caso de la Triple A, sus acciones también formaban parte de la
lucha interna ideológica y para obtener una cuota de mayor poder
dentro del partido gobernante. Seis meses después de la muerte de
Perón, el 9 de enero de 1975, firmado por la presidente María Estela
Martínez de Perón se promulgó el Decreto Nº 2114 creando la
Secretaría Privada de la Presidencia que institucionalizaba y
ampliaba los poderes de López Rega.
El
5 de febrero la Presidente, con acuerdo general de sus ministros
firmó el Decreto Ley (S) Nº 261 ordenando al Ejército Argentino, con
apoyo de otras fuerzas, entrar en Operaciones en Tucumán contra la
guerrilla rural del ERP que accionaba desde hacía más de un año en
la zona del Aconquija y aledaños, incluyendo la capital, San Miguel
de Tucumán. Al asumir como comandante de la Quinta Brigada de
Infantería y a la vez comandante de la Zona de Operaciones en
Tucumán, el general Adel Vilas manifestó: Juro
que los exterminaremos (a
los guerrilleros y terroristas) con
métodos convencionales y no convencionales.
(Conferencia: “Persecución de la Justicia federal a las FFAA” en la
Asociación Unidad Argentina - AUNAR, dada por el Dr. Florencio
Varela el 30 de septiembre de 2003). Es de hacer notar que ninguno
de los tres poderes que constituían el gobierno constitucional
cuestionó esos dichos públicos.
Esta
aseveración se está refiriendo a la doctrina inscripta en los
reglamentos del Ejército Argentino que determinaban los
procedimientos de combate a utilizar contra fuerzas irregulares,
contra elementos subversivos y/o contra guerrillas, documentos de
carácter público que eran aprobados por la máxima autoridad militar
en uso de sus responsabilidades delegadas por el Poder Ejecutivo.
Tales procedimientos en el caso de los llamados
partisanos
(combatiente
que oculta la condición de tal; no usa distintivos ni uniformes y no
porta sus armas al descubierto: reglamento RV 136-1, vigente a
partir de 1968) así como las leyes del Derecho Humanitario
–Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949–
expresan, que ese personal no tendrá el derecho de ser considerado
prisionero de guerra por lo que no tendrá el tratamiento pertinente
al llamado Derecho de Guerra.
El
año que más crecieron las organizaciones terroristas subversivas fue
1975 (a pesar de que funcionaba un gobierno constitucional y que con
Perón fallecido no podían justificar “la lucha por su vuelta” como
utilizaron con anterioridad para captar a los jóvenes peronistas)
período en que se cometieron la mayor cantidad y calidad de crímenes
y atentados, incluyendo ataques a cuarteles de las FFAA con gran
cantidad de efectivos. En ese período también se incrementaron los
desaparecidos y los crímenes para combatir el crecimiento de las
organizaciones terroristas.
Ninguna
condena ha recaído en el proceso judicial abierto para determinar
quiénes han sido los responsables de los asesinatos y desapariciones
forzadas a manos de la “Triple A” y de otros grupos paramilitares
ocurridos durante los gobiernos justicialistas de Cámpora, Lastiri,
Perón y de su viuda (1973-1976). El
juez federal Norberto Oyarbide declaró los secuestros y asesinatos
de esa organización (Triple A) imprescriptibles por ser “delitos de
lesa humanidad”. Es
decir que, con esa declaración, ha admitido implícitamente que el
“terrorismo de Estado” se inició antes del gobierno Perón-Perón y
mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Baste para
ello, analizar la fecha de las denuncias de las desapariciones del
Anexo 1 del informe de la CONADEP. (ediciones 1984 y en especial el
de 2006 donde hay un Anexo II para víctimas de desaparición forzada
y ejecución sumaria anteriores al 24 de marzo de 1976. Tomo II,
págs. 975 a 1.124 (alrededor de 1.423). Ver Documento 1 de la página
web www.granfraudeargentino.com
complementaria de este libro).
Todas
las evidencias e informaciones que pudimos reunir sobre la
organización de la Triple A y otras organizaciones clandestinas que
accionaron contra organizaciones de izquierda armadas o no, y contra
las que llevaban las banderas del “socialismo nacional”
comprometidas con la subversión terrorista, nos llevan a concluir
que evidentemente la primera de ellas fue creada a instancias de
Perón presidente electo y todas fueron estimuladas por él y los
miembros del peronismo nacionalista ortodoxo, para
evitar la infilltración en el movimiento justicialista por parte de
las fuerzas político-militares de izquierda (marxistas leninistas)
cuyo objetivo de destruir al “Estado burgués” para reemplazarlo por
el comunista de inspiración cubana,
era una realidad manifiesta desde la creación de la OLAS
(Organización Latinoamericana de Solidaridad) en 1967 como motor de
la revolución bajo inspiración cubana. (Ver libro de Juan B. Yofre,
Fue
Cuba).
A
esta altura de los acontecimientos es importante señalar que Perón
se hallaba consolidado en el poder político luego de su categórico
triunfo electoral (62%) y que la estrategia desarrollada por él para
llegar a esta situación ya resultaba anacrónica, debido a la actitud
de las principales OPM:
1º
La intransigencia del PRT-ERP ante su fi gura (no
revolucionaria).
2º
La aspiración de Montoneros de heredarlo, mientras mantenía sus
exigencias de ser partícipe del gobierno.