La Segunda República: el azote de la prensa libre

 

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera; durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos Repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este periódico a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe, y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.

Portada que cubría la boda de Don Juan de Borbón

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que pueda suponerse para un régimen democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de la Administración, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Gobierno, cierres por semanas e incluso meses de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y todo tipo de presiones y actuaciones que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.
En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado parte de una «campaña contra la República». Y tanto en ABC, que fue censurado y multado en varias ocasiones por defender su ideas –«Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho, respetuosos con la voluntad nacional…», decía el editorial histórico el 15 de abril de 1931– como en otros muchos periódicos, comenzaron a alzarse las protestas contra esta falta de libertad de expresión.

Censura por encima de la Constitución

La respuesta del Gobierno, la misma: semanarios como «Blanco y Negro», diarios nacionalistas como «Euzkadi» o «Bizkaitarra», o católicas como «La Gaceta del Norte», «Adelante» o «La Tarde» y otros como «La Ribera Deportiva», «El Fusil», «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de alguna u otra manera. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Con la «Ley de Defensa de la República» muchos periódicos fueron censurados

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 fueron consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya antes Niceto Alcalá-Zamora había arremetido contra la prensa. La primera, en mayo, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.
La «Ley de Defensa de la República» endureció estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas, con los que llegó a reunirse, para asegurarles que el Gobierno quería respetar la libertad de crítica en la prensa. Un mes más tarde, ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer de todos el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».
Muchos historiadores han coincidido que hasta su anulación en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático, máxime con una Constitución que decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura».

La primera sanción a ABC

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos, en la primera etapa, y los de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933, en la segunda, encontraron muchísimas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión.

La primera incautación le costó a ABC más de 830.000 pesetas

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que Juan Ignacio Luca de Tena, su director, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obrero, los 67 redactores y los 81 empleados que tenía en aquel entonces este periódico continuaron cobrando sus sueldos.
Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la «Ley de Orden Público» en 1933, que sustituyó a la «Ley de Defensa de la República», las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.
Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún periódico en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.