Una firma clave, en una trama millonaria
Hotesur SA es la firma con que la familia Kirchner controla sus hoteles en el Sur. El más importante es el Alto Calafate. Pero sus números se mantienen en las sombras. Entre otros motivos, porque incumplió con varias exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debe controlar a las sociedades creadas o domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Justicia.
Valle Mitre SA, en tanto, pertenece a Báez. ¿Por qué es relevante esa firma? Porque durante años se encargó de gerenciar los hoteles de la Presidenta y garantizarle ingresos multimillonarios a través de los contratos que firmaron al menos ocho empresas del propio Báez para pagar cientos de habitaciones sin jamás usarlas, tal como reveló LA NACION en diciembre y enero pasados.
¿Cómo era esa operatoria? Ocho firmas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta superar las 1100 habitaciones por mes durante años, que él pagó, sin obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas o si se trataba de temporada alta o baja.
¿Resultado? En un año y medio, Báez desembolsó más de $ 10,1 millones por habitaciones en el Alto Calafate. Más otros $ 3,2 millones por el "alquiler" de la hostería Las Dunas y otros $ 1,1 millones por operatorias similares con la firma Los Sauces SA, también de la familia Kirchner.
Cuando LA NACION comenzó a publicar esas revelaciones, Báez presentó una medida cautelar ante la Justicia para impedir la publicación de más información interna de Valle Mitre y el resto de sus empresas. Jamás obtuvo esa cautelar, pero admitió así la autenticidad de los documentos contables que reveló este diario.
En la misma línea, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, afirmó por radio que no le importaba qué hizo Báez con las habitaciones que pagó a la familia Kirchner, ya que se trataba de un "acuerdo entre privados". Una respuesta peculiar al tratarse de operaciones comerciales de los últimos dos presidentes de la Nación con el mayor contratista de obra pública de la última década. Pero de ese modo Parrilli terminó por admitir que existían esos contratos.
Para entonces, la Justicia había comenzado a reaccionar. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación sobre Valle Mitre y el 20 de diciembre pasado ordenó el allanamiento de las oficinas porteñas de Báez. Esa pesquisa continúa abierta.
Pero las revelaciones no terminaron ahí. LA NACION también expuso que la IGJ le otorgó protección a Hotesur, que incumplía con múltiples requisitos que impone la ley.
En cuestión de horas, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones", al tiempo que negó esa supuesta protección. Sostuvo que Hotesur fue intimada a actualizar su información en abril de 2013 y que desde entonces su legajo se encuentra "bajo análisis".
Once meses después, sin embargo, la situación irregular de Hotesur no cambió en la IGJ. Adeuda tasas por $ 20.000 (la última que abonó fue en 2009) y no presentó balances de 2011, 2012 y 2013. Tampoco inscribió a sus autoridades desde octubre de 2009, y no hay rastros de Hotesur en los domicilios legales que consignó. Por eso, ahora, la Justicia también investiga si desde la IGJ se protegió a la firma presidencial.