El kirchnerismo en pleno salió a criticar al juez que allanó una empresa de Cristina
Luego de que el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, abriera la puerta esta mañana acusando al Poder Judicial de
promover un "golpismo activo" por investigar las irregularidades en las
empresas de Cristina Kirchner, el oficialismo salió en cadena a atacar
al juez Claudio Bonadio, quin ayer allanó las oficinas porteñas de una
de las sociedades de la Presidenta.
El gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial del FPV, Sergio Urribarri, denunció los "avances de sectores de la Justicia sobre la vida política y económica del país". Urribarri dijo que las investigaciones del magistrado son "un apriete liso y llano". "Esa sociedad (en referencia a la empresa Hotesur, cuya propietaria es la Presidenta) forma parte del universo de más de 150.000, de las cuales más de 67.000 tienen trámites pendientes. Además, la información que buscaba el juez la podía fácilmente obtener como normalmente hacen en Comodoro Py, con oficios, sin recurrir a una medida extrema como es un allanamiento", se quejó el entrerriano.
A su vez, el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, consideró "inexplicable el ensañamiento y la persecución judicial hacia la figura de nuestra Presidenta", y remarcó que "el propósito perseguido es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública".
En la misma línea, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, dijo que "la oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina (Kirchner). Lo que ocurrió ayer con un juez federal, que tiene claro alineamiento con el Frente Renovador, desenmascara quienes están detrás de esta persecución y que amenaza permanente a la democracia, las Instituciones y al pueblo Argentino", sostuvo Di Tullio, y dio un paso por la senda que había marcado desde temprano Capitanich: "No quieren que Cristina termine su mandato. Ese es su único objetivo", aseguró.
FOTOGALERÍA. CÓMO ES EL HOTEL ALTO CALAFATE POR DENTRO
Ayer, el juez Federal Claudio Bonadio allanó las oficinas porteñas de la empresa Hotesur, propietaria del más grande de los hoteles que maneja la familia presidencial, y ordenó procedimientos similares en la Inspección general de Justicia (IGJ) y la AFIP en búsqueda de documentación sobre la misma empresa, que registra numerosos faltantes de documentación como balances, composiciones del directorio y pagos de las tasas ante la IGJ. La diputada Margarita Stolbizer (GEN), denunció incluso que las prácticas de esa compañía -una de las que componen el brazo hotelero del grupo empresario que construyó la familia presidencial luego de su acceso a la Casa Rosada- podrían encuadrarse en el delito de abuso de poder y en el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial del FPV, Sergio Urribarri, denunció los "avances de sectores de la Justicia sobre la vida política y económica del país". Urribarri dijo que las investigaciones del magistrado son "un apriete liso y llano". "Esa sociedad (en referencia a la empresa Hotesur, cuya propietaria es la Presidenta) forma parte del universo de más de 150.000, de las cuales más de 67.000 tienen trámites pendientes. Además, la información que buscaba el juez la podía fácilmente obtener como normalmente hacen en Comodoro Py, con oficios, sin recurrir a una medida extrema como es un allanamiento", se quejó el entrerriano.
A su vez, el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, consideró "inexplicable el ensañamiento y la persecución judicial hacia la figura de nuestra Presidenta", y remarcó que "el propósito perseguido es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública".
En la misma línea, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, dijo que "la oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina (Kirchner). Lo que ocurrió ayer con un juez federal, que tiene claro alineamiento con el Frente Renovador, desenmascara quienes están detrás de esta persecución y que amenaza permanente a la democracia, las Instituciones y al pueblo Argentino", sostuvo Di Tullio, y dio un paso por la senda que había marcado desde temprano Capitanich: "No quieren que Cristina termine su mandato. Ese es su único objetivo", aseguró.
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Ayer, el juez Federal Claudio Bonadio allanó las oficinas porteñas de la empresa Hotesur, propietaria del más grande de los hoteles que maneja la familia presidencial, y ordenó procedimientos similares en la Inspección general de Justicia (IGJ) y la AFIP en búsqueda de documentación sobre la misma empresa, que registra numerosos faltantes de documentación como balances, composiciones del directorio y pagos de las tasas ante la IGJ. La diputada Margarita Stolbizer (GEN), denunció incluso que las prácticas de esa compañía -una de las que componen el brazo hotelero del grupo empresario que construyó la familia presidencial luego de su acceso a la Casa Rosada- podrían encuadrarse en el delito de abuso de poder y en el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.