Salió de Tribunales peor de lo que entró
Amado Boudou y Cristina Fernández están desde ayer un poco peor de lo que estaban
el domingo. El deterioro del vicepresidente, luego de su conducta
pública y su presentación ante el juez Ariel Lijo, abarca los campos
político y judicial. La Presidenta cargaría con ese enorme peso,
entonces, por una doble razón: ella sola lo condujo hasta la cima del poder;
ella misma decidió protegerlo, contra viento y marea, desde que en el
verano de 2012 comenzó a filtrarse su responsabilidad en el escándalo
Ciccone.
Es sabido que el vicepresidente venía acentuando su soledad en el poder. Las excepciones parecían las deferencias presidenciales de colocarlo en la primera línea de los actos oficiales. Aquella soledad tuvo ayer un cruel reflejo callejero. También Boudou careció de una dosis de fortuna: su escuálido mitin de apoyo en Comodoro Py contrastó con las miles de personas que, con espontaneidad, se acercaron a Ezeiza para despedir al plantel de la selección de fútbol que viajó a Brasil para disputar el Mundial.
La debilidad de Boudou quedó representada por la ausencia de dos de las estructuras que constituyen, en esta época, las vigas maestras del kirchnerismo: La Cámpora y el Movimiento Unidos y Organizados, que comanda Milagro Sala. De ambas organizaciones fue posible visualizar, apenas, una decena de banderas. Quizá, más banderas que militantes. El cuerpo de la manifestación fue rellenado, con esfuerzo, por enviados de algunos intendentes bonaerenses. Sobresalió Juan Patricio Mussi, jefe de Berazategui, hijo de Juan José, el actual ministro de Medio Ambiente de la Nación.
Las banderas de sus manifestantes, de color naranja estridente, causaron por un instante confusión e hicieron palidecer a Daniel Scioli.
El naranja identifica las publicidades de Buenos Aires. “Activa”, como reza el eslogan de las tandas que llenan ahora los medios de comunicación. El sciolismo se apuró en aclarar que nada tuvo que ver con la movida de ayer en Comodoro Py.
El intendente Mussi forma parte de la agrupación “Oktubre” que responde al ministro de Planificación, Julio De Vido. Se trata de una agrupación de alcaldes K de distritos pequeños, con excepción de Berazategui y del llamado Partido de la Costa.
Aquellos manifestantes huyeron ni bien Boudou trepó las escalinatas de los Tribunales. Cuando salió de noche de Comodoro Py no quedaba más de una decena de ellos.
Las solidaridades también asomaron raleadas en el poder.
El único que se atrevió jugar un poco a fondo fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi: “Creo en su inocencia”, afirmó. Tomografiando las palabras de Axel Kicillof y de Diana Conti, sus prevenciones surgieron con evidencia. Es cierto que el ministro de Economía dijo que “le creo a Boudou”. Pero de inmediato aclaró no estar al tanto de los pormenores de la causa por el escándalo Ciccone. La diputada ultra K aseguró que confía “en la defensa que pueda hacer Boudou”. Aunque aclaró que “no tiene un juicio de disvalor” sobre lo actuado por Lijo. Vale recordar que el vice calificó al magistrado, entre varias cosas, de “cachivache”.
La situación judicial del vicepresidente también pareció desmejorar con el tiempo. Tal vez, por un error de estrategia que lo acompaña desde que comenzó el escándalo con la imprenta. Después del panzazo inicial que expulsó al Procurador General, Esteban Righi; al juez original, Daniel Rafecas, y al fiscal Carlos Rívolo, el vicepresidente pudo haberse cebado con la acción política y descuidado el plano judicial. U optado por una defensa que, a raíz de su origen –las conexiones con la Secretaria de Inteligencia del Estado (SI)– prestaría mayor atención a la posibilidad de salidas políticas que a las jurídicas.
En ese terreno viene sufriendo sucesivos reveses.
Boudou pudo haber empezado a pagar ayer los costos de su prepotencia. Lijo rechazó el pedido de nulidad de la indagatoria, impidió –con razón– la televisación de la audiencia y le negó al vice la chance de filmar la indagatoria que se prolongó por siete horas.
Las decisiones del magistrado, con más y con menos, eran esperables. Menos, tal vez, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que rechazó el pedido de la defensa del vicepresidente de invalidar los testimonios de Nicolas Ciccone y Guillermo Reinwick. Esos hombres, ligados a la imprenta, aportaron a la causa en calidad de testigos. Ahora lo deberán hacer como imputados, según dispuso Lijo. Para Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, no habría problemas en el cambio de la condición judicial de ambos, según había planteado la defensa de Boudou.
Los camaristas le reclamaron además al juez nuevas medidas de prueba para investigar la ruta del dinero detrás del salvataje de la calcográfica Ciccone. Farah votó en soledad por la citación de varios nombres estelares. Sobre todo, los de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, y de los banqueros Jorge Brito y Raúl Monetta. Por ser un voto solitario, la solicitud no prosperará.
El gesto de Farah, sin embargo, no dejó de llamar la atención. De los tres camaristas, afirman los entendidos, es el que acostumbra ser más permeable con las necesidades del Gobierno. De hecho, fue quien fogoneó la posibilidad de desplazar a Lijo, antes que el juez llamara a Boudou a la declaración indagatoria. Freiler y Ballestero resistieron la jugada. Brito es un banquero que fue afín al Gobierno, aunque ahora toma distancia.
Monetta continúa firme.
La mención a Echegaray formaría parte de una de las tantas fisuras abiertas en el kirchnerismo por el fin de ciclo y las secuelas del escándalo Ciccone. El titular de la AFIP aportó una de las pruebas más filosas en contra de Boudou, cuando exhibió el escrito del entonces ministro de Economía en el que pedía un plan especial para que fuera levantada la quiebra de Ciccone.
Echegaray tiene otra defensa por escrito: su propia negativa para conceder esas facilidades. El titular de la AFIP no sólo está enfrentado con el vicepresidente. Tampoco lo quieren Kicillof y La Cámpora. En ese terreno estaría empardado con Boudou.
¿Habría significado el fallo de la Sala I de la Cámara Federal un punto de inflexión en el vínculo estable con el Gobierno?
Una respuesta afirmativa resultaría aventurada porque el traspié propinado ayer no empeoraría, en la raíz, la realidad de Boudou. Habría que ver cómo se sigue comportando esa Cámara a medida que la causa progrese.
Parece innegable, en cambio, el fortalecimiento de Lijo. El juez capeó sin inmutarse la ofensiva política del vicepresidente. Y empezó a observar cómo se va construyendo a su alrededor un cerco de protección.
Su aparición durante un acto de la Corte Suprema, en el cual su presidente, Ricardo Lorenzetti, convocó a no tolerar la impunidad, no sonó casual. El mensaje cálido que Francisco, el Papa, le comunicó justo ayer a través del legislador porteño, Gustavo Vera, tampoco. El abroquelamiento del fuero federal por su actuación, menos aún. Todas señales ingratas y destempladas para el kirchnerismo, en el tiempo de su despedida.
Es sabido que el vicepresidente venía acentuando su soledad en el poder. Las excepciones parecían las deferencias presidenciales de colocarlo en la primera línea de los actos oficiales. Aquella soledad tuvo ayer un cruel reflejo callejero. También Boudou careció de una dosis de fortuna: su escuálido mitin de apoyo en Comodoro Py contrastó con las miles de personas que, con espontaneidad, se acercaron a Ezeiza para despedir al plantel de la selección de fútbol que viajó a Brasil para disputar el Mundial.
La debilidad de Boudou quedó representada por la ausencia de dos de las estructuras que constituyen, en esta época, las vigas maestras del kirchnerismo: La Cámpora y el Movimiento Unidos y Organizados, que comanda Milagro Sala. De ambas organizaciones fue posible visualizar, apenas, una decena de banderas. Quizá, más banderas que militantes. El cuerpo de la manifestación fue rellenado, con esfuerzo, por enviados de algunos intendentes bonaerenses. Sobresalió Juan Patricio Mussi, jefe de Berazategui, hijo de Juan José, el actual ministro de Medio Ambiente de la Nación.
Las banderas de sus manifestantes, de color naranja estridente, causaron por un instante confusión e hicieron palidecer a Daniel Scioli.
El naranja identifica las publicidades de Buenos Aires. “Activa”, como reza el eslogan de las tandas que llenan ahora los medios de comunicación. El sciolismo se apuró en aclarar que nada tuvo que ver con la movida de ayer en Comodoro Py.
El intendente Mussi forma parte de la agrupación “Oktubre” que responde al ministro de Planificación, Julio De Vido. Se trata de una agrupación de alcaldes K de distritos pequeños, con excepción de Berazategui y del llamado Partido de la Costa.
Aquellos manifestantes huyeron ni bien Boudou trepó las escalinatas de los Tribunales. Cuando salió de noche de Comodoro Py no quedaba más de una decena de ellos.
Las solidaridades también asomaron raleadas en el poder.
El único que se atrevió jugar un poco a fondo fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi: “Creo en su inocencia”, afirmó. Tomografiando las palabras de Axel Kicillof y de Diana Conti, sus prevenciones surgieron con evidencia. Es cierto que el ministro de Economía dijo que “le creo a Boudou”. Pero de inmediato aclaró no estar al tanto de los pormenores de la causa por el escándalo Ciccone. La diputada ultra K aseguró que confía “en la defensa que pueda hacer Boudou”. Aunque aclaró que “no tiene un juicio de disvalor” sobre lo actuado por Lijo. Vale recordar que el vice calificó al magistrado, entre varias cosas, de “cachivache”.
La situación judicial del vicepresidente también pareció desmejorar con el tiempo. Tal vez, por un error de estrategia que lo acompaña desde que comenzó el escándalo con la imprenta. Después del panzazo inicial que expulsó al Procurador General, Esteban Righi; al juez original, Daniel Rafecas, y al fiscal Carlos Rívolo, el vicepresidente pudo haberse cebado con la acción política y descuidado el plano judicial. U optado por una defensa que, a raíz de su origen –las conexiones con la Secretaria de Inteligencia del Estado (SI)– prestaría mayor atención a la posibilidad de salidas políticas que a las jurídicas.
En ese terreno viene sufriendo sucesivos reveses.
Boudou pudo haber empezado a pagar ayer los costos de su prepotencia. Lijo rechazó el pedido de nulidad de la indagatoria, impidió –con razón– la televisación de la audiencia y le negó al vice la chance de filmar la indagatoria que se prolongó por siete horas.
Las decisiones del magistrado, con más y con menos, eran esperables. Menos, tal vez, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que rechazó el pedido de la defensa del vicepresidente de invalidar los testimonios de Nicolas Ciccone y Guillermo Reinwick. Esos hombres, ligados a la imprenta, aportaron a la causa en calidad de testigos. Ahora lo deberán hacer como imputados, según dispuso Lijo. Para Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, no habría problemas en el cambio de la condición judicial de ambos, según había planteado la defensa de Boudou.
Los camaristas le reclamaron además al juez nuevas medidas de prueba para investigar la ruta del dinero detrás del salvataje de la calcográfica Ciccone. Farah votó en soledad por la citación de varios nombres estelares. Sobre todo, los de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, y de los banqueros Jorge Brito y Raúl Monetta. Por ser un voto solitario, la solicitud no prosperará.
El gesto de Farah, sin embargo, no dejó de llamar la atención. De los tres camaristas, afirman los entendidos, es el que acostumbra ser más permeable con las necesidades del Gobierno. De hecho, fue quien fogoneó la posibilidad de desplazar a Lijo, antes que el juez llamara a Boudou a la declaración indagatoria. Freiler y Ballestero resistieron la jugada. Brito es un banquero que fue afín al Gobierno, aunque ahora toma distancia.
Monetta continúa firme.
La mención a Echegaray formaría parte de una de las tantas fisuras abiertas en el kirchnerismo por el fin de ciclo y las secuelas del escándalo Ciccone. El titular de la AFIP aportó una de las pruebas más filosas en contra de Boudou, cuando exhibió el escrito del entonces ministro de Economía en el que pedía un plan especial para que fuera levantada la quiebra de Ciccone.
Echegaray tiene otra defensa por escrito: su propia negativa para conceder esas facilidades. El titular de la AFIP no sólo está enfrentado con el vicepresidente. Tampoco lo quieren Kicillof y La Cámpora. En ese terreno estaría empardado con Boudou.
¿Habría significado el fallo de la Sala I de la Cámara Federal un punto de inflexión en el vínculo estable con el Gobierno?
Una respuesta afirmativa resultaría aventurada porque el traspié propinado ayer no empeoraría, en la raíz, la realidad de Boudou. Habría que ver cómo se sigue comportando esa Cámara a medida que la causa progrese.
Parece innegable, en cambio, el fortalecimiento de Lijo. El juez capeó sin inmutarse la ofensiva política del vicepresidente. Y empezó a observar cómo se va construyendo a su alrededor un cerco de protección.
Su aparición durante un acto de la Corte Suprema, en el cual su presidente, Ricardo Lorenzetti, convocó a no tolerar la impunidad, no sonó casual. El mensaje cálido que Francisco, el Papa, le comunicó justo ayer a través del legislador porteño, Gustavo Vera, tampoco. El abroquelamiento del fuero federal por su actuación, menos aún. Todas señales ingratas y destempladas para el kirchnerismo, en el tiempo de su despedida.