La década robada va a Comodoro Py
La década robada termina en Comodoro Py? Las posibilidades son inciertas: aunque todo indica que Cristina nunca se detendrá en Tribunales (ningún ex presidente fue preso en la Argentina, sólo Menem pasó unos días comiendo saladitos en la quinta de Gostanian en Don Torcuato), otros protagonistas de estos años harían bien en preocuparse: Amado Boudou. Llegó al Gobierno de la mano de Sergio Massa y fue el favorito de la Presidenta; conquistó a Cristina con su proyecto de estatización de las AFJP. En el verano de 2012 estalló el escándalo de la sospechosa quiebra de Ciccone Calcográfica, y Boudou sumó causas por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su última muestra de poder fue en abril de ese año, cuando logró las renuncias del procurador de la Nación, Esteban Righi; del juez que lo investigaba, Daniel Rafecas, y del fiscal Carlos Rívolo. Hoy es un outsider y encabeza las listas de imagen negativa en todo el país. Ariel Lijo le tomaría declaración indagatoria a mediados de año.
Lázaro Báez. El socio del matrimonio Kirchner está acorralado por la economía antes que por la Justicia: Austral Construcciones acumuló en los últimos dos meses 23 cheques rechazados por casi cuatro millones de pesos, y tiene deudas con los bancos Nación y Santa Cruz por 247 millones. La denuncia sobre la ruta del dinero K provocó que el Gobierno decidiera quitarle la construcción de las represas Cepernic y Kirchner, y entregársela a Electroingeniería. Mientras el juez Casanello hace todo lo posible por demorar la causa y no se animó siquiera a cortar el hilo por lo más delgado, Suiza investiga a sus cuatro hijos y a Néstor Marcelo Ramos, su testaferro en Ginebra. Son en total diez cuentas bloqueadas. Báez solicitó a Casación el levantamiento de los embargos pero no le fue concedido. En Europa, a la vez, los holdouts, decididos a cobrarle a la Argentina como sea, buscan bienes de Báez sosteniendo la hipótesis de que se trataría del titular de una empresa sostenida por fondos públicos provenientes de la corrupción.
Carlos Zannini.
El secretario Legal y Técnico atraviesa su momento de mayor debilidad. La Sala II de la Cámara Federal acaba de habilitar el pedido del fiscal Patricio Evers para reabrir la causa por enriquecimiento de su mano derecha, Carlos Liuzzi. Liuzzi incrementó 38 veces su patrimonio entre 2003 y 2012, y es la persona que llamó al juez Oyarbide para avisar que la Policía Federal intentaba allanar la financiera Propyme.
Ricardo Jaime.
El íntimo amigo de Néstor ocupó el cargo de secretario de Transporte entre 2003 y 2009 y se convirtió ahora en el primer funcionario procesado por enriquecimiento ilícito, trabándosele un embargo preventivo de 40 millones de pesos. La Justicia lo investigó durante seis años y determinó que no pudo justificar bienes por 12,5 millones de pesos, entre los que se cuenta un lujoso jet privado, una veintena de autos, un hotel y otro inmueble en Villa Carlos Paz, dos casas en un country y un spa en Córdoba. El escándalo era tal que hasta el juez Casanello tuvo que decidir su procesamiento. Permanecen abiertas en su contra las causas del Belgrano Cargas por administración fraudulenta; la tragedia de Once, que causó la muerte de 52 personas, y una condena a seis meses de prisión en suspenso por sustracción de pruebas.
Ricardo Echegaray.
El titular de la AFIP está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, ya que pasó de cobrar un sueldo mensual de 174.608 en 2004 a percibir hoy un ingreso de 364.000 pesos. El propio Echegaray reconoció que paga 900.000 pesos por año de impuesto a las Ganancias. En los primeros días de abril, a pedido del fiscal Taiano, el juez Sergio Torres solicitó a la AFIP sus declaraciones juradas y a la Oficina Anticorrupción los anexos reservados. También enfrenta una denuncia por violación de secreto fiscal en perjuicio de políticos opositores, entre ellos Mauricio Macri, Elisa Carrió y Fernando Solanas; fue denunciado ante la Oficina anticorrupción por su reciente viaje a Brasil a fines del año pasado por Laura Alonso y Patricia Bullrich por el delito de dádivas (presumen que viajó “invitado” por empresarios aduaneros) y haber salteado el sistema de compra de moneda extranjera.
Julio De Vido.
Ya era uno de los funcionarios más denunciados durante la gestión de Néstor. Cables difundidos por WikiLeaks señalan que el gobierno de Obama estaba preocupado por las “ganancias personales” y “acciones menos que transparentes” de De Vido. La misma fuente indicó que los diplomáticos norteamericanos alertaron a sus superiores en Washington que De Vido “tiene mugre en sus manos” y que las sospechas públicas “resultan creíbles”. Los cables también mencionan a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y a Ricardo Jaime. Sostienen que el ministro de Planificación “se apropió de dineros de la obra pública”, y cita como dos casos escandalosos a Eton Park y Skanska. También se lo vinculó con la valija de Antonini Wilson y la llamada “embajada paralela en Caracas”. Hace algunos días, en este diario, Marcelo Bonelli afirmó que “la financiera local Epsilon habría sido la compañía utilizada para girar fondos a los Estados Unidos de las operaciones de supuestos sobornos que se investigan después de la denuncia de British Petroleum. La SEC, equivalente a la Comisión de Valores, investiga el posible lavado de dinero, y durante los interrogatorios hubo intensas consultas sobre funcionarios del ministro de Planificación, la Secretaría de Energía y el gobierno de Chubut.” Mientras varios funcionarios no pueden evitar las pesadillas con Comodoro Py, otros intentan allanar el futuro de Cristina y su círculo íntimo: hace algunas semanas, dos miembros de La Cámpora, Wado de Pedro y Julián Alvarez, el secretario de Justicia, se encontraron en Mercedes con el fiscal Di Lello horas antes de que éste solicitara la indagatoria de Boudou. Le pidieron que se olvidara de la investigación por enriquecimiento ilícito de uno de sus compañeros, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. “Lo de Boudou no nos calienta”, dijeron. Ambos salieron de la reunión convencidos de que, de prosperar el procesamiento del vicepresidente, no afectará a Cristina. En un ambiente de desconfianza atizado por la caída del poder presidencial, varios jueces han comenzado a reunirse tratando de coordinar algunas acciones en el futuro. Se sienten heridos y creen que se acerca la hora de responder. Ya quedó muy lejana la época de Menem, en la que recibían sobres mensuales doce de los catorce jueces federales. En la década robada los corrieron sólo con el amague: terminarles la carrera, el juicio político, la difamación. Pero lentamente, los jueces están perdiendo el miedo.
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole