Por demoras y trabas, la investigación contra Báez no despega
Por Hernán Cappiello | LA NACION
A dos meses de las denuncias periodísticas de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez, hasta ahora son pocos los indicios en el expediente que liguen al empresario kirchnerista con ese delito, según reconocieron a LA NACION fuentes de la investigación.
Las declaraciones de sus presuntos colaboradores en las maniobras, el estudiante de contabilidad Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, alejaron al rey de la obra pública patagónica del centro de las acusaciones, aunque al mismo tiempo quedaron ellos mismos complicados por operaciones financieras sin justificación.
Tampoco se consiguió información determinante en los allanamientos realizados en el Sur en las casas de Báez, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello ante una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien acercó información respecto de que el empresario había desmantelado una bóveda del sótano de su vivienda y trasladado dinero y armas a una de sus estancias. Los procedimientos se realizaron 15 días después de la denuncia. En ese lapso se discutió qué juez era competente para allanar, si la justicia federal de Río Gallegos, por jurisdicción, o Casanello por la conexidad con su caso. Finalmente la Cámara Federal decidió que fuera Casanello quien se quedara a cargo. Después de la demora que implicó esa indefinición, el magistrado dispuso los procedimientos, pero sin ningún resultado, ya que no halló ni documentos, ni dinero, ni armas en ninguna de las propiedades de Báez. En la Justicia también advierten que comprobar el lavado de dinero es complejo porque, según reconocen fuentes de la investigación, para que exista el delito de blanqueo debe haber un hecho ilícito antecedente. Es decir, que el dinero que se introduce en el circuito para legalizarlo o blanquearlo debe provenir de la comisión de un delito anterior.
En la vieja ley de lavado hacía falta una condena anterior y que el lavador fuera distinto del que hacía la maniobra ilícita. Con la nueva ley no hace faltan estos requisitos, basta con una presunción firme y el acusado de lavado puede ser él mismo protagonista del delito. Aun con esa flexibilización legal, a la Justicia le sigue resultando difícil probar ese ilícito, a tal punto de que hay una sola condena por este motivo.
Los elementos más directos en contra de Báez pueden surgir de la información que el juzgado les pidió a Uruguay y a Panamá, donde se constituyó Teegan Inc., una firma a nombre de Martín Báez, hijo de Lázaro, que Elaskar primero admitió haber abierto para sacar dinero al exterior y luego lo negó.
El caso estalló el 14 de abril en el programa de TV Periodismo para Todos, de Jorge Lanata. Pero desde su génesis el proceso judicial viene demorado: recién cuatro días después del programa se determinó qué juez era competente para investigarlo, y al día siguiente se abrió formalmente la investigación con una imputación del fiscal que dejó afuera al principal protagonista de las denuncias: Báez. La firmaron el fiscal antilavado filokirchnerista Carlos Gonella y el fiscal federal Ramiro González, quien suplía al fiscal titular del caso, Guillermo Marijuan. A su regreso, Marijuan amplió la investigación a Báez, en medio de graves denuncias contra sus antecesores por incumplimiento de la ley.
Allí, el caso pareció cobrar impulso sobre Elaskar y Fariña. Allanaron sus propiedades, la financiera SGI y se juntaron pruebas sobre sus operaciones económicas, supuestamente injustificadas para su patrimonio. Ambos declararon ante la Justicia, pero sus versiones de cómo hicieron la plata y sus gastos millonarios no convencieron a los investigadores del caso. Elaskar pudo exhibir un patrimonio más justificado a través de las propiedades de su padre, pero Fariña dejó huecos en su relato que llamaron la atención, así como contradicciones con lo que declaró el financista. Las pruebas en su contra son operaciones bancarias por 20 millones de pesos y la compra de un BMW, dos Ferrari, un Audi, un Porsche y un departamento en la Avenida del Libertador al 2300, de 300 metros cuadrados. También en el caso de Fariña la compra de propiedades en Mendoza por 5 millones de dólares. Fariña admitió que lo hizo con dinero de Báez y que con la venta de los campos -por sólo 1,8 millones de dólares- se cobró plata que Báez le debía, según dijo.
Otra operación que los involucra es la adquisición por 14,5 millones de dólares del campo El Entrevero, en José Ignacio. Los papeles complican al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. La justicia argentina pidió a Uruguay, mediante un exhorto diplomático, todos los comprobantes de esa operación.
Elaskar dijo por TV que había armado para Báez 50 empresas para sacar del país al menos 50 millones de euros a cuentas de bancos suizos. Fariña completó al señalar que sacó bolsos con dinero en aviones. Luego lo negaron ante la Justicia. Fariña dijo que lo había inventado para que la Justicia probara que eran mentiras. Elaskar dijo que mintió para forzar a Pérez Gadín a que le pagara la segunda cuota de la venta de SGI, unos 750.00 dólares. Ambos despegaron a Lázaro Báez..
Es cierto que el lavado es un delito técnicamente difícil de probar, pero también es cierto que la investigación tuvo todos los ingredientes para que no prospere.