Mucho más que un crimen aberrante. Editorial de “La Nación”
La tragedia de la muerte de Candela Rodríguez debe llamarnos a la reflexión como sociedad
El dolor, la impotencia, la necesidad imperiosa de que el asesinato de Candela Rodríguez sea esclarecido lo más rápido posible, unen hoy a toda la sociedad argentina, porque de ello depende también el tipo de comunidad que queremos ser.
Este trágico hecho desnudó muchas realidades. La primera está expresada en números: alrededor de 210 niños y 289 adultos están desaparecidos en nuestro país y sus familias los buscan desesperadamente. Esa fue una información que tanto Missing Children como la Red Solidaria repitieron una y otra vez a lo largo de esos nueve días en los que encontrar a Candela era el único objetivo no sólo para los familiares y para la policía bonaerense, sino también para su comunidad, la gente de Hurlingham y la mayoría de los argentinos que seguían la información por todos los medios posibles. Es de esperar que prospere en el Congreso el proyecto de ley, presentado por los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz el martes pasado, que propone la creación de una Central Nacional Única de Alerta Temprana, que tendría a su cargo la cooperación y coordinación en la localización de menores cuyo extravío o ausencia hayan sido denunciados ante una autoridad judicial o policial.
La otra realidad que una vez más quedó al descubierto en esta búsqueda infructuosa fue, lamentablemente, la falta de rigor profesional de las fuerzas que llevaban adelante la búsqueda. Efectivamente, más de 2000 policías bonaerenses fracasaron en encontrar a una niña de 11 años que estuvo oculta todo el tiempo a pocas cuadras de su casa. Como ocurrió en el recordado caso de la familia Pomar, otra vez los rastrillajes no arrojaron resultados favorables.
De allí que se imponga una deducción rápida: son las organizaciones criminales como las de los piratas del asfalto, la trata de personas o los narcotraficantes -todos operan en la zona metropolitana- las que cuentan con una estructura tan perversa y eficientemente montada como para tener cautiva a una persona para luego matarla y abandonarla en el mismo lugar en el cual, horas antes, la policía se había hecho presente. Infortunadamente esto muestra también que al cada vez más notorio recrudecimiento de estas mafias se agrega ahora un grado de salvajismo e impunidad pocas veces visto.
Ante el acontecimiento trágico de la muerte de Candela -hecho que desdichadamente podría volver a repetirse si no se reacciona a tiempo-; ante el descuido con que se filtró información importante a la opinión pública, y ante la desaprensión con la que se operó en el lugar en que se encontró el cadáver, es necesario que tanto las autoridades provinciales como nacionales encaren con urgencia un programa de capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad, como ocurre en otros lugares del mundo.
Urge que se conozca pronto la identidad de los culpables para llevar un mínimo de consuelo a la familia de Candela y para dar también respuesta a la sociedad argentina que, como otras veces, respondió de manera solidaria y unánime tratando de ayudar en la búsqueda.
Es el momento, también, de aprovechar esta lucidez que da el dolor, porque la estabilidad de nuestra comunidad está en riesgo si el crimen de Candela Rodríguez no es esclarecido. Quizá las palabras de la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay resuman perfectamente esta tarea que tenemos por delante. Dijo Argibay, en Catamarca, en el encuentro de mujeres jueces convocadas para debatir sobre la violencia de género y la trata de personas, que en la medida en que toda la sociedad no se ponga de acuerdo para parar la violencia, ésta seguirá cobrándose víctimas inocentes. Para arribar a ese acuerdo es necesario que, de una vez por todas, las autoridades tomen el toro por las astas y convoquen a la búsqueda de amplios consensos que se traduzcan en una verdadera política de Estado para enfrentar a una delincuencia cada vez más profesional y peligrosa.