Justicia | Por: Guillermo Cherashny
EN PLENA CAMPAÑA
ELECTORAL
Los fiscales pedirían
en agosto la indagatoria a los Schoklender y Bonafini
Por Guillermo Cherashny para el Informador
Público
El Gobierno solucionó tardíamente el pago de las quincenas
adeudadas a los trabajadores del programa de construcción de viviendas populares
“Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, después de varios
piquetes en distintas provincias y municipios. Estos hechos desgastaron al
Gobierno Nacional y a la propia Hebe de Bonafini, que mandó a los trabajadores a
cobrarle a Schoklender, “que fue el que los choreó”. Los más optimistas en el
Gobierno pensarían que, con el pago de los trabajadores, se está comprando un
tiempo valioso, porque corre el reloj electoral. Mientras tanto, los
funcionarios tendrían prohibido hablar del tema, fingiendo de este modo que el
escándalo no existe.
Antes de votar
Pero las moderadas expectativas positivas de la Casa
Rosada estarían pendiendo de un hilo. En la primera o segunda semana de agosto,
ni bien terminada la feria judicial, los fiscales Raúl Plee y Jorge di Lello
terminarían de acumular las pruebas para citar a declaración indagatoria a Pablo
y Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini por los delitos de lavado de dinero y
fraude simple a la administración pública. Es cierto que el juez federal
Norberto Oyarbide es el que decidirá en última instancia si cabe la citación a
declaración indagatoria y en qué momento, pero es muy difícil que el magistrado,
muy cercano al Gobierno, se niegue a los pedidos de los dos fiscales sin correr
el riesgo de que se desate un nuevo escándalo.
De concretarse esta situación, habrá que esperar qué
resulta de las tres principales indagatorias. Es decir, si las mismas permiten
el procesamiento por los dos delitos requeridos, con lo cual al Gobierno se le
adelantan los tiempos de esta crisis, cuando pensaba diferir todo esto para
después de las elecciones presidenciales. Ayer el Gobierno ya percibió una
muestra del giro que está tomando la causa cuando Sergio Schoklender se presentó
en la justicia para jugar su carta fuerte: la responsabilidad de administrar es
del consejo de administración que preside Bonafini y su actuación como apoderado
fue aprobada por este órgano. Así es que el parricida mal pudo estafar sólo al
Estado Nacional, a los trabajadores y a los adjudicatarios de las viviendas de
“Sueños Compartidos”. Schoklender se está defendiendo con toda lógica: su única
forma de mejorar su posición es hundiendo a Bonafini. Pero el problema -para el
Gobierno- es que el desmoronamiento del máximo ícono de los derechos humanos
conduciría también a que emerjan las responsabilidades en la línea que va desde
Julio De Vido hasta el Subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
La complicación judicial de Bonafini es un trago amargo al
que se suma el durísimo golpe que recibió Estela de Carlotto. La presidente de
las Abuelas es una de las principales derrotadas por el resultado negativo de la
compulsa de las muestras de ADN de los hermanos Noble Herrera con las del Banco
Nacional de Datos Genéticos. No son hijos de desaparecidos, demostrándose así
que esta persecución fue utilizada por CFK y NCK porque no les gustaba la línea
editorial del multimedios. Queda claro también que la política de derechos
humanos fue bastardeada para ser utilizada con fines políticos menores y que
nunca estuvo dirigida a descubrir la verdad.
--
--
Cada uno es
dueño de pensar con su propia cabeza y de sentir con su propio corazón, es algo
personal y privado, pero sus palabras son
públicas.
"2011 AÑO DEL PRESO POLÍTICO
ARGENTINO"