| Miércoles 8 de junio de 2011 | |||
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| FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | ||
| Investigarán los contratos con provincias y comunas | ||
Un fiscal sospecha de presuntas adjudicaciones sin previa licitación y pagos de sobreprecios. El partido de Carrió presentó nuevos elementos de prueba. | ||
| BUENOS AIRES (DyN y NA) -- El fiscal federal Miguel Angel Osorio pidió ayer investigar los contratos firmados por gobiernos provinciales y municipales con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y la titular de aquella entidad, Hebe Pastor de Bonafini. Las sospechas apuntan a la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios. El requerimiento de Osorio fue hecho al juez Marcelo Martínez de Giorgi y no apunta contra esas personas porque el Estado asignó los fondos a las provincias y las comunas para que ellas se encargaran del proceso negociador. La eventual responsabilidad de los funcionarios nacionales podría aparecer en una segunda etapa, pero sobre la vigilancia y el control del dinero. El expediente es autónomo del tramitado por el juez federal Norberto Oyarbide contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación, por presunto lavado y fraude en el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas populares. Al presentar ayer nuevas pruebas y elementos de investigación, Coalición Cívica pidió actuar sobre la presunta complicidad de diferentes sectores del poder político, económico y financiero. "Resulta difícil creer que una sola persona pueda realizar todas las maniobras sin contar con el apoyo de grupos pertenecientes a las más altas esferas del poder", expresaron los legisladores Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin y Fernando Sánchez, mediante un extenso escrito donde, además, detallaron el crecimiento patrimonial del ex apoderado. El dossier asegura que Schoklender, en febrero de 2008, pagó U$S 65.000 por cuatro lotes en José C. Paz (conurbano bonaerense) y gran parte del desembolso se hizo con fondos de Antártica Argentina SA, girados previamente desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ese terreno, donde hay una casa-quinta, fue cedido en comodato a la provincia de Buenos Aires para erigir un centro de tratamiento de las adicciones. Quiroz, Etchecoin y Sánchez dedicaron varios párrafos a la relación entre Schoklender y la constructora Meldorek, contratada para la construcción de barrios sociales por parte de la Fundación, que preside Hebe de Bonafini. "Debe destacarse que es una de las empresas de la supuesta lista de amigos del poder que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares durante 2008 y 2009 para ser girados al exterior", señalaron. Coalición Cívica indicó, además, que Schoklender tuvo un manejo discrecional desde que, en mayo de 2005, comenzó a funcionar la Fundación y remarcaron su expansión patrimonial. "Consideramos menester que también se investigue la responsabilidad que puede caber a los diferentes gobiernos, nacionales, provinciales y municipales que, como es de público conocimiento, otorgaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo dinero público para la construcción de viviendas, como la responsabilidad de diferentes actores del sistema financiero que le permitieron continuar operando en esas condiciones", agregaron los legisladores del espacio liderado por Elisa Carrió. La ampliación de la denuncia se hizo ante los tribunales, luego de que, a mediados de 2010, entregaran documentación a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que conduce José Sbatella. Bonafini, mientras tanto, volvió a apuntar a Schoklender, de quien dijo que había renunciado en diciembre, pero que, meses después, debió separarlo porque no la hacía efectiva. "Fue un gran creador; es muy inteligente. Todo lo del programa Sueños Compartidos no lo podemos negar, pero se fue de mambo cuando quiso convertir el emprendimiento en una empresa", señaló, en una entrevista publicada ayer por "Página/12". "Yo le decía `tenemos una empresa, el gobierno no quiere comprar esas casas. Nosotros trabajamos como soldados del proyecto nacional y popular. ¿Y si el gobierno no necesita las casas?' El me respondía `las vendemos' y yo le decía que eso era una locura. Pensaba como una empresa. Iba de un lado al otro. Ofrecía. Tuvimos muchas discusiones y, en diciembre, renunció, pero no se iba. Decidí separarlo", añadió. --¿Alguien le advirtió sobre los supuestos manejos irregulares? --No, porque lo que me parece es que se armó como una banda. Por eso, hay dieciséis o dieciocho implicados. Si hubiesen sido uno o dos, te das cuenta, pero, cuando son tantos, uno confía. Lo denunciado es muy gordo. No es una pavada. Estoy embroncada. La justicia tiene que aclarar todo. Para Graciela Fernández Meijide, que fuera ministra de Desarrollo Social del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), hay mutuas responsabilidades del gobierno nacional y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. "Más tarde o más temprano esto iba a pasar; viene pasando, por lo menos, desde 2009, yo había oído algún tipo de problema", deslizó. La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) defendió la honestidad personal de Bonafini. "Tiene una vida austera y nunca le interesó hacerse rica", dijo. "Hebe debe estar sufriendo una gran decepción porque puso la confianza en una persona con una ambición desmesurada (por Schoklender)", finalizó. |