Mediante el pedido de un informe pericial para determinar las razones de la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el año 1974 y fallecido al año siguiente, se reactivó en las últimas horas una causa emblemática en la investigación de los crímenes cometidos por la guerrilla."Se trata del primer caso donde se investiga el accionar de fuerzas subversivas bajo la hipótesis de crimen de lesa humanidad", explicó el doctor Javier Vigo Leguizamón, apoderado de Arturo Larrabure, hijo del fallecido.
La querella también pidió a la fiscal rosarina Liliana Bettiolo los testimonios de los ex ministros de María Estela Martínez de Perón, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, así como de los escritores Martín Caparrós (ex integrante de Montoneros), Miguel Bonasso (actualmente diputado, ex montonero y secretario de prensa de Héctor Cámpora) y José Pablo Feinmann.
Asimismo, se pidió convocar al escritor Jorge Masetti, hijo de un comandante guerrillero a cargo de un foco en el norte del país en los años '60; y de un compañero de cautiverio de Larrabure, René Vicari.
La familia Larrabure busca probar que la muerte se produjo por un estrangulamiento y no por suicidio.
"Habrá una prueba pericial sobre la base de dos pericias que ya se hicieron --explicó Vigo Leguizamón--. No se va a exhumar el cadáver. Esas pruebas realizadas en su momento confirman que fue estrangulado. Esto se concluye por las características del surco que tenía en el cuello, de recorrido horizontal. Cuando alguien se ahorca, el surco es oblicuo".
El abogado agregó que el examen de las vísceras de Larrabure determinó que, al momento de su muerte en 1975, tenía 3,40 de graduación de alcohol en sangre.
"Es decir que estaba en coma alcohólico. Una persona en esas condiciones no puede planificar un suicidio", indicó.
El letrado manifestó que René Vicari, cuando declaró en 1975, dijo que a las 3 de la mañana del día del fallecimiento escuchó un fuerte grito.
"Alguien que se va a suicidar no grita", sostuvo Vigo Leguizamón.
La querella solicitó además que, en este caso, los peritos sean designados por sorteo para garantizar la mayor transparencia en el proceso. El pedido se fundamentó en una acordada de la Corte Suprema que establece que el sorteo es el medio idóneo en este tipo de casos.
El juez Marcelo Martín Bailaque, a cargo de la causa, rechazó ese pedido de la familia Larrabure estimando que se había designado a la gente de mayor antigüedad y experiencia. El magistrado también tuvo en cuenta que, a pedido de la querella, intervendrá el profesor titular de la cátedra de Medicina Legal de la UBA.
Los peritos serán los miembros del Cuerpo Médico Forense, doctores Roberto Víctor Cohen y Oscar Agustín Lossetti, además del referido profesor, doctor Luis Kvitko. A ellos se suma el perito de parte, doctor Enio Linares.
"La querella confía en que las personas designadas honrarán esa trayectoria", dijo Vigo Leguizamón.
Cafiero y Ruckauf son firmantes del decreto que en aquella época prorrogó el estado de sitio. El decreto, recordó el abogado, mencionaba la existencia de un plan criminal que había llegado "al extremo de amenazar niños en edad escolar".
Al existir un plan criminal sistemático, concluyó Vigo Leguizamón, se desprende que los delitos incluidos en ese marco pueden ser considerados imprescriptibles y de lesa humanidad.
Hasta el momento, en nuestro país sólo se han considerado crímenes de lesa humanidad aquellos en los que hubo intervención del Estado.
Publicado en el Diario La Nueva Provincia, el domingo 27 de junio de 2010. Versión digital:
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