LA ANSES MANEJA $ 147.000 MILLONES QUE NADIE CONTROLA
La Bicameral del Congreso que debe supervisarlos no se reúne desde diciembre y aún no se formalizaron los nuevos miembros. Denuncias penales y sospechas sobre la principal caja del Gobierno. La oposición reclama más información.
SEBASTIÁN CAMPANARIO – DIARIO CLARÍN
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Regimen Previsional Público de Reparto (FGS), que maneja ahorros de los jubilados por más de 147.000 millones de pesos y que se convirtió en una pieza central del esquema de financiamiento del Gobierno, opera en la práctica sin ningún tipo de control parlamentario.
La Comisión Bicameral encargada de hacerlo tuvo su última reunión con las autoridades de la ANSeS el 2 de diciembre, y los nuevos miembros que la integrarán aún no fueron formalizados. Por la cantidad de recursos que administra -más de un 10% del PBI de la Argentina-, en un año en el que los gastos crecen más fuerte que los ingresos y en el que, por la crisis de Grecia, se hará muy difícil volver en el corto plazo a los mercados voluntarios de deuda, el FGS se convirtió en el activo más estratégico para el kirchnerismo. En la oposición también hay demanda por ocupar alguno de los 12 lugares de la Comisión -seis diputados y seis senadores-, pero por otras razones: intuyen -en base a varios indicios concretos- que será una plataforma para el destape de casos de corrupción en el segundo semestre.
"No hay ningún control, el Gobierno hace lo que quiere", explica Fernanda Reyes, diputada de la Coalición Cívica y economista, quien participó de las siete reuniones que hubo en un año y medio con los responsables de la ANSeS. Otro legislador que estuvo allí, Claudio Lozano, de Proyecto Sur, coincide: "La información oficial llega con cuentagotas, y hasta seis meses después de que se hicieron las inversiones, con lo cual no hay ninguna posibilidad real de auditarlas".
Reyes y Lozano hicieron el año pasado denuncias penales contra funcionarios de Economía. En el primer caso, por la suscripción del BONAR 14. El 19 de junio la ANSeS compró el título a 102,11 pesos, muy por encima de los 65,25 pesos a los que cotizó ese instrumento financiero en el mercado de valores en la misma fecha. Mediante el método de suscripción directa la ANSeS compró "caro" a la Tesorería General de la Nación un título público nacional que cotizaba más barato en el mercado. El perjuicio estimado para los jubilados supera los 475 millones de pesos. La causa está en el juzgado de María Servini de Cubría y preocupa a Amado Boudou. La denuncia penal de Reyes fue precedida por otra de Lozano y que tramita el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid. La causa se inició por la compra, con recursos del fondo de garantía, de títulos de deuda pública que no cotizan en los mercados secundarios, algo que está expresamente prohibido por ley.
"Pero además, hay un sinfín de datos sospechosos", agrega Nicolás Salvatore, economista de la UBA, asesor de Reyes y ex profesor en la universidad estatal de Diego Bossio, el actual responsable de la ANSeS. Plazos fijos multimillonarios asignados de un día para el otro a bancos chicos o financieras, empresas que se atrasan en algún pago sin que nadie se entere (fue el caso de EPEC, la compañía de electricidad de Córdoba) o disparidad en el reparto de recursos a nivel provincial (el Banco de Chaco, donde gobierna Jorge Capitanich, recibió un monto superior a su patrimonio neto) son algunas de las supuestas irregularidades mencionadas.
El FGS se creó en diciembre de 2008, cuando se desarmó el sistema de AFJPs y se volvió al reparto. De entrada, su fiscalización nació con fallas: la Bicameral parlamentaria se reunió recién seis meses después, el 3 de mayo de 2009. Hubo tres visitas de alto perfil en el inicio (una de Boudou y luego dos de Bossio), "pero luego, en el segundo semestre, bajó mucho el envío de información del Gobierno", cuenta Luciana Díaz Frers, directora de estudios fiscales del Cippec, quien viene siguiendo de cerca el tema.
"La realidad es que el sayo de la falta de transparencia le cabe tanto al Gobierno como a la oposición, que está aprendiendo de a poco a ejercer los controles", agrega.
"Por otro lado, ni la Sindicatura General de la Nación ni la Auditoría General de la Nación evaluaron todavía la legalidad, seguridad y rentabilidad de las inversiones realizadas con el Fondo de Garantía", concluye Reyes.