UNA NUEVA CLASE DE DESAPARECIDOS
Hay una nueva clase de desaparecidos en la Argentina: los desaparecidos de la memoria pública; las víctimas asesinadas por el terrorismo guerrillero. Sus deudos sufrimos ese lacerante desprecio, al ver que los victimarios son calificados como “jóvenes que tan sólo pensaban diferente”, como si ello les diera derecho a secuestrar, a torturar, a cometer 21.000 atentados y más de 1500 asesinatos.
Se mofan de nuestro dolor, como si nuestras víctimas no hubieran tenido derechos humanos; como si fueran meros objetos a ahorcar vilmente por la espalda.
Hemos decidido alzar nuestra voz reclamado justicia, respeto, e igualdad ante la ley. No defendemos al Proceso Militar. A Humberto y María Cristina Viola, a José Ignacio Rucci, a Argentino del Valle Larrabure, como a tantos otros, los asesinaron durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y su esposa, antes de que aquél comenzara.
Luchamos contra dos sofismas ideados para sostener que los crímenes de la guerrilla no son de lesa humanidad.
El primero falsamente alega que tales aberrantes crímenes son delitos comunes, prescriptos, por no haber sido instigados, facilitados, financiados ni tolerados por Estado alguno.
Para rebatirlo hemos probado la existencia de terrorismo de Estado argentino y cubano poniendo al descubierto el plan criminal diseñado por el ideólogo de la guerrilla John William Cooke, quien propuso infiltrar las masas peronistas generando una sucesión de hechos revolucionarios que forzaran a Perón a consentir la instalación de un régimen marxista[1].
Desde la campaña electoral de Cámpora los eslabones fueron sucesivamente colocándose. Mientras Juan Abal Medina anunciaba que el 25 de mayo se liberaría a los terroristas detenidos, el actual Procurador General de la Nación, Esteban Righi, diseñaba las bases de la futura amnistía, Rodolfo Galimberti convocaba a la formación de milicias populares y Miguel Bonasso y Horacio Verbitsky trabajaban en la política de comunicación del candidato. La liberación de los terroristas detenidos fue una promesa que Cámpora realizó en numerosos discursos.Como su Ministro del Interior, Righi tuvo un papel protagónico en la negociación de los proyectos de amnistía e indulto, revelando el debate parlamentario que los legisladores irresponsablemente elogiaron la acción terrorista, liberando a los detenidos sin desarmarlos Existió una llamativa tolerancia frente a las 164ocupaciones de barrios, universidades, hospitales, radioemisoras y ministerios, con los que la guerrilla intentó ganar posiciones, e igualmente frente a las conferencias de prensa dadas por ERP y Montoneros el 8.6.73, donde Santucho propició que “la única solución es desarmar a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias y que las milicias populares armadas asuman la defensa del gobierno popular” [2], mientras Firmenich advirtía que combatiría “ por todos los medios y en todos los terrenos necesarios, por la acción de las masas y por la acción armada tanto de masas como de comando”[3]
El plan criminal no se detuvo. Doce días después se produjo la masacre de Ezeiza recriminando Perón en durísimos términos a Righi no haber garantizado el orden público, denunciando que la inoperancia era” un crimen de lesa patria”, y advirtiendo a lo que intentaban infiltrar su Movimiento que el pueblo haría tronar el escarmiento
La gravedad de los hechos precipitaron la renuncia de Cámpora, siendo Perón electo como Presidente por una inmensa mayoría. Dos días después los Montoneros mataron a Rucci para presionarlo. Un nuevo eslabón habría de consumarse en enero de 1974 con el ataque del ERP al Regimiento de Azul, que costó la renuncia del gobernador bonaerense Bidegain cuando el anciano líder denunció que “hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades…”, las mismas a quienes Ceferino Reato imputa haber presuntamente facilitado las armas y la logística para el asesinato de Rucci.
Corroborando la existencia del plan criminal, la Cámara Federal, al juzgar a los comandantes, reconoció no sólo que el país había vivido una guerra revolucionaria, sino también que las organizaciones terroristas “produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional, la mayor parte de los hechos delictivos”.
El terrorismo de Estado cubano facilitó esa estrategia, y está probado por las declaraciones de prominentes miembros del ERP y Montoneros revelando que sus cuadros fueron instruidos militarmente en Cuba y los concordantes discursos de Guevara[4] y Castro [5]propiciando y financiando la expansión de la guerrilla en toda Latinoamérica.
Para rebatir el segundo sofisma, que sostiene que sólo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad, basta leer el fallo “TADIC”, donde el Tribunal Internacional para la ex Yugoeslavia concluyó que también pueden cometerlos organizaciones guerrillas sin que sea necesario, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional, que los actos sean dirigidos o instigados por un grupo en permanente control de un territorio…; actores no estatales pueden ser también posibles autores de crímenes de lesa humanidad”.
Poco tiempo después de la segunda guerra mundial, bajo la ley del "Control Council Law 10", de Diciembre de 1945, las autoridades EEUU, continuando con el trabajo judicial comenzado por el tribunal militar de Nuremberg condenaron a Friedrich Flick, industrial alemán que, no formando parte del Estado, aprovechó la situación reinante en la Alemana nazi para cometer crímenes de lesa humanidad. El Tribunal estimó que no había ninguna justificación válida para limitar la aplicación del derecho internacional a los agentes públicos, y que su extensión a simples ciudadanos no era una novedad.[6]
Alzándose contra todos estos precedentes, el Procurador Righi ha dictado la resolución N158/07 prohibiendo a los fiscales considerar crímenes de lesa humanidad los asesinatos de la guerrilla. María Cristina Picón de Viola, ha pedido su nulidad denunciando que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino que quien puede eventualmente ser investigado por su actuación como Ministro del Interior de Cámpora, lo prohíba. Su resolución viola los parámetros fijados en la causa “ALMONACID ARELLANO” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumentando un artilugio destinado a dejar impunes los crímenes de lesa humanidad de la guerrilla.
El juez Daniel Bejas, que debe decidir el planteo, enfrenta una decisión dificilísima, tan heroica como imprescindible para saldar con equidad y justicia el pasado. Debe optar entre la memoria o la historia, el coraje o la cobardía, la conveniencia o los valores, la justicia o la política, la jurisprudencia internacional o los sofismas ideados para amnistiar a los guerrilleros.
Importantes medios de prensa internacionales han comenzado a interesarse por la suerte de las víctimas discriminadas por la memoria, mientras la heroica madre pregunta al magistrado: ¿Qué son mis muertos para Ud? .¿Objetos sin valor a “ajusticiar”, o seres con los mismos derechos humanos?.
[1] José Pablo Feinmann La Sangre Derramada, , pág 89 y sgtes. Capítulo: El trágico camino al golpe de Videla
[2] Ceferino Reato, Operación Travista, pág. 34
[3] Ceferino Reato; ob. cit, pág 36
[4] Publicado en: Tricontinental, Suplemento especial, 16 de abril de 1967.
Tomado de: Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, Tomo 9, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977.
[5] Juan Bautista Yofre: Nadie Fue, página 20/21 y 25: