DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA
¿JUSTICIA O VENGANZA?
“La corrupción de la justicia tiene dos causas: la falsa prudencia del sabio y la violencia del poderoso”.
Santo Tomás de Aquino
Una resolución de la Cámara Penal de Casación, que ordenó la excarcelación de unos pocos militares y ex integrantes de las fuerzas de seguridad, ha provocado una reacción entre histérica y atrabiliaria de ciertos personajes, que incluyó una inusitada amenaza de la Presidenta de la Nación contra los jueces firmantes de la resolución, extendida rápidamente a sus familiares por Hebe de Bonafini. El periodismo rocambolesco que padece la Argentina no les fue en zaga, habiéndose escrito en el diario de mayor circulación que la resolución de marras era jurídicamente inobjetable pero políticamente incorrecta y también que era jurídica, pero no ética.
Frente a estos nuevos agravios, no ya a las instituciones o a los jueces, sino antes bien a la inteligencia y al más añejo sentido común, el Instituto de Filosofía Práctica siente otra vez el deber de pronunciarse públicamente, asumiendo el riesgo de pasar por una “voz del que clama en el desierto”[1].
Sin embargo, esa voz, aunque fuere crítica, no puede diluirse en la reiteración de tópicos y lugares comunes. La gravedad de la situación exige diagnósticos profundos, aún cuando ello conduzca al terreno mismo de la política, porque es desde la política que se nos ha puesto en peligro, como señala Ramiro de Maeztu, “lo normal es que, cuando los regímenes parecen estables, tiendan los intelectuales a recogerse en su torre de marfil y que cuando amenazan grandes trastornos, se salgan de ella, antes de que se les pueda caer encima. Lo normal es que no les guste la política, porque no está en su mundo y les es difícil distinguirse en ella. Pero cuando se produce una inseguridad tan profunda, que amenaza, aunque sea lejos, la vida del espíritu, los escritores se salen de su mundo... para luchar por el orden social, que tienen que identificar con las condiciones de la vida del espíritu”[2].
Así, es bien cierto que las críticas e insultos no respetan la llamada “división de poderes”, que la resolución objetada aplica la ley vigente, que los fallos deben ser jurídicamente correctos, que no se debe confundir la imprescriptibilidad de un delito con la aplicación de la ley procesal, que la presunción de inocencia y el tipo penal son dos conquistas del derecho penal, que la igualdad ante la ley es una garantía constitucional, y así podría seguirse. Pero con todo eso no alcanza, porque más cierto es que a la situación presente se ha llegado a través de un proceso gradual pero continuo de destrucción del orden social (incluido el jurídico), cuyas peores consecuencias todavía no se han visto.
Sería imposible exponer aquí en forma completa los hitos principales de ese itinerario perverso, verdadero iter criminis que ha desfigurado el rostro de la Patria y sumido a enormes sectores de argentinos en la pobreza (tanto material cuanto espiritual), el escepticismo y la indiferencia. Pero comencemos por señalar algunos de ellos, al menos los más relacionados con el hecho que nos ha impulsado a hacer esta declaración:
q El desmantelamiento de la administración de justicia (o Poder Judicial, si se prefiere) y la persecución (primero sutil, más tarde ostensible) de jueces y magistrados, iniciada en 1983 por motivos político-ideológicos.
q La nefasta reforma constitucional de 1994, que destruyó y sepultó los restos del federalismo argentino, clausurando de paso los últimos vestigios de subsidiariedad y haciendo de los gobernadores de provincia súbditos y mendigos del poder concentrado en Buenos Aires.
q La legitimación de la acción directa, preferentemente atemorizadora, para conseguir objetivos socio-políticos o, más crudamente, como estrategia de formación de una conciencia y una praxis revolucionarias.
q El reemplazo del Gabinete de Ministros por un conglomerado de hombres y mujeres, cuyo único rasgo común es la obsecuencia.
q La transformación del Congreso en un rebaño sumiso que pastorea un mandamás inculto y rudimentario, y que periodistas ignorantes continúan confundiendo con una escribanía.
q La proliferación de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, directivas, circulares, instrucciones, etc. etc., que en su aspecto más grave han subvertido los principios y costumbres más raigales de los argentinos, sin perjuicio de lo cual han engendrado además un claro escepticismo (cuando no palpable desprecio) por la ley positiva, a la que tienen como mera expresión de una voluntad de poder sin límites[3].
Esta mínima recordación de hechos que fueron minando el orden de la Patria, tuvieron su particular expresión en el ámbito de la administración de justicia. El obrar desconstructivo iniciado en 1983 hizo carrera. Fue retomado por Menem y Duhalde y convertido en éxito por Kirchner, quien impuso la destitución de los ministros de la Corte Suprema a partir de la revisión política de sus sentencias y logró conformar un nuevo tribunal con parentesco ideológico. Esta Corte pasará a la parte peor de la historia judicial argentina, por haber violado o desconocido directamente los principios de non bis in idem, de legalidad o de reserva, de cosa juzgada, de igualdad ante la ley, de congruencia, sin olvidar sus fallos esperpénticos, sus errores técnicos y las declaraciones inmorales (cuando no protervas) de algunos de sus miembros.
En estricta correspondencia con el obrar de la Corte Suprema, asistimos a juicios públicos conducidos por jueces prevaricadores, que convierten sus juzgados en remedos de tribunales revolucionarios, donde una plebe debidamente organizada grita sus consignas ideológicas e insulta y amenaza a acusados y testigos de la defensa.
Tal vez sea innecesario advertir que no se trata aquí de la culpabilidad o inocencia de esos acusados, sino de algo mucho más trascendente, más arriesgado y, si se quiere, más peligroso. Se trata de un retroceso histórico y cultural grotesco, tal vez sin parangón en la historia de Occidente, porque en la Argentina, al cabo de siglos de derecho romano y principios cristianos, hemos tomado la decisión de sustituir a la justicia por la venganza.
El Instituto de Filosofía Práctica cree que a esta situación que se intenta describir se llega cuando el Derecho y la Justicia pasan a tener como único fundamento la voluntad del legislador y el poder del Estado. Ambos quedan sometidos entonces al absolutismo de la ideología imperante, con lo que sucumben tanto la libertad como la seguridad. Ya no tendrá sentido discurrir acerca de la división de poderes, la independencia de los jueces o la supremacía de la ley constitucional. Sólo importará la voluntad prepotente, vociferante, arbitraria e ideologizada de la facción adueñada del poder político, que no tolerará jamás que jueces probos y libres contradigan sus dictados y hará que en todo momento se adecuen a ellos sentencias, leyes y hasta la misma Constitución.
Como puede advertirse, no se trata de un gobierno o de grupos de presión que cometen errores ni, mucho menos, de una discusión sobre la interpretación de las leyes. En ésta, como en otras graves cuestiones de la hora presente, se han puesto de un lado el Derecho y la Justicia, y del otro el Estado: “Planteado un antagonismo entre el Estado y el Derecho, al lado y en defensa de éste debemos militar cuantos le reverenciamos como ideal, le practicamos como ministerio elevadísimo y le tomamos como inspirador, luminar y bandera, persuadidos de que sin su amparo la sociedad retrocedería a la barbarie y el alma se hundiría envilecida”[4].
Buenos Aires, diciembre 30 de 2008.
Gerardo Palacios Hardy
Vicepresidente