| 20 Oct 2008 - 9:42 |
| Nuevas sospechas sobre los aportes de campaña |
| A la denuncia de Fondos de Campaña provenientes del Narcotráfico y presuntoa lavado de dinero , denuncia que se desprende del caso Forza .  |
| En la Legislatura presentaron proyectos para controlar y limitar los depósitos Si uno quisiera tener un negocio muy rentable que dure unos cuantos años, por lo menos una gestión de gobierno, podría juntarse con algunos amigos, conformar una sociedad anónima y ofrecer servicios de construcción. Si es de viviendas para el Plan Federal, mejor. A los problemas que le trajo al Gobierno nacional la relación que mantuvo el Frente para la Victoria con empresas vinculadas al tráfico de efedrina, también se sumó en el último tiempo la sospecha de que varias compañías que aportaron jugosos pesos para la costosa campaña del oficialismo ahora están siendo beneficiadas con contratos para obras públicas. Es decir que al primer escándalo, signado por lo mediático y las derivaciones del triple crimen en el que aparecieron acribillados los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, podría sumarse otro por la construcción de viviendas. En este sentido, el puntapié lo dio la Coalición Cívica, que elaboró un informe en el que, más allá de resaltar la no concreción de la totalidad de obras habitacionales proyectadas, dedica una parte del estudio a analizar la relación entre empresas constructoras y aportes de campaña. La especie no es nueva. Ya en 2006 el Ari había denunciado la connivencia ilegal entre los aportantes de la campaña del oficialismo de 2005 y las posteriores adjudicaciones de obras. La denuncia penal tuvo como objeto la presunta violación a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Esta norma prohíbe que los partidos reciban “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad”. En el medio, el negocio es millonario. Las obras son adjudicadas por un valor pero luego ese mismo valor se incrementa alrededor de un 100% del precio original, algo que también retrasa la ejecución de las obras. A la postre, terminarlas requiere cada vez más dinero que el estipulado. “En el subprograma federal de Construcción de Viviendas con Municipios, los ajustes de precios (o premios a las empresas que no cumplen con los contratos) han sido todavía aún mayores. El reajuste promedio ha sido del 98%. Y, de este modo, una vivienda que debía costar alrededor de los $ 30.000, lo hizo en promedio $ 59.344. Es decir, casi el doble: un 98% más”, sostiene el informe de la oposición. Ahora bien, ¿cuáles son las empresas beneficiadas por el Gobierno y cuánto aportaron en 2005? La lista es la siguiente: * José Cartellone SA $ 30.000. * Cavcom SA, $ 6.000. * Arqua SA, $ 3.000. * Calcaterra Sacifyc, $ 3.000. * ED. Tauro SA, $ 3.000. * Trevisiol Hnos., $ 3.000. * Marle Construcciones SA, $ 3.000. * Tecma SRL, $ 3.000. * Wayro Ingeniería SA, $3.000. En 2007, para la campaña Cristina Presidenta, también aparecieron algunos nombres conocidos . Según el informe de la Coalición, presentado por la diputada Maricel Etchecoin Moro, mediante la empresa Creaurban, Angelo Calcaterra -propietario de Calcaterra Sacifyc- aportó a la campaña $ 398.948. Creaurban es una desarrolladora inmobiliaria con inversiones en Puerto Madero que hasta febrero pasado pertenecía al Grupo Socma de Franco Macri, el padre de Mauricio. Franco se la habría vendido a su sobrino Angelo junto a la constructora Iecsa, que ostenta un frondoso historial de contratos de obra pública con la secretaría de Transporte comandada por Ricardo Jaime, y con el ministerio de Planificación, al mando de Julio de Vido. Con todas las pruebas del material presentado, Etchecoin junto al diputado Sebastián Cinquerrui elaboraron un proyecto con el fin de regular el financiamiento de los partidos políticos y las agrupaciones municipales, incluyendo normas específicamente aplicables durante el período de campaña electoral. Así buscan otorgar el mayor grado de transparencia posible en el manejo de los fondos de los partidos políticos, la publicidad de su origen y el destino de sus gastos, para de ese modo contribuir a una mejora del funcionamiento partidario. Según la diputada, la consecuencia de los pactos entre las empresas y los partidos “es la imposibilidad de tener una democracia gobernante, y la configuración de una democracia gobernada por intereses económicos, ajenos a los de la ciudadanía”. No es el único proyecto de la Coalición. En el Senado bonaerense también presentaron una iniciativa que establece limitaciones para la aceptación de donaciones o contribuciones privadas, tanto de personas físicas o jurídicas, “sin previa revisión de sus antecedentes laborales, impositivos, judiciales, policiales, pertenencia a grupos de presión o de interés, y de todo dato que el partido considere pertinente para garantizar la transparencia del aporte”. Por su parte, el senador Javier Mor Roig manifestó la necesidad de que los partidos políticos puedan “preservar su accionar del control de los grupos económico-financieros, de la corrupción, del tráfico de influencias, de los detentores de recursos ligados a actividades delictivas, y también de la negligencia o incompetencia de eventuales funcionarios”. Al respecto, el senador Fernando López Villa aseguró que “el proyecto también establece que tanto las personas físicas como jurídicas que hubieran realizado aportes de campaña no podrán celebrar contratos de ningún tipo con el gobierno provincial o municipal en los cuatro años siguientes a la fecha del aporte realizado”. Concentración empresaria Entre los varios problemas de las adjudicaciones a compañías involucradas con aportes de campaña al oficialismo, hay otros asuntos. Según el informe elaborado por la Coalición Cívica, a nivel general, tanto en los programas como en los subprogramas del Plan Federal de Viviendas, en la provincia de Buenos Aires las 5 empresas que concentran este negocio son Calcaterra SACIFI -una empresa del Grupo Macri-, Martínez de la Fuente SA, Ingenor SA, IECSA SA y Eduardo Colombi. Entre todas acaparan la mitad del Plan Federal. Y sólo el 20% está en poder de Calcaterra, o grupo Macri. En el subprograma de Terminación de viviendas, Calcaterra se queda con el 15% de las licitaciones, seguida de Acorde Ltda., Cavcon y Edificadora Tauro. Entre estas empresas concentran más del 34% de los negocios de terminación de viviendas, uno de los que más retrasos ha mostrado y, en consecuencia, más se ha encarecido con el paso del tiempo. “Si no aportan en blanco, seguirán haciéndolo en negro” Para Delia Ferreira Rubio, presidenta de la Fundación Poder Ciudadano y especialista en campañas políticas, el problema de la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos no puede solucionarse prohibiendo aportes empresarios. Según afirmó a Hoy, en última instancia eso no asegura que los aportes no vayan a efectivizarse, sino que no quedará registro de la erogación en ningún lado. Obviamente, desconocer que las empresas aportan no contribuye en nada a la transparencia de un proceso que está cada día más sobre la mira. -¿Se deben prohibir los aportes de las empresas a las campañas como algunos proponen? -Prohibir lisa y llanamente el aporte de las empresas lejos de solucionar el problema de corrupción y compra de influencia, lo acrecienta. Las empresas siguen aportando, pero lo hacen en negro o a través de testaferros. Este mecanismo dificulta la transparencia sobre el origen real de los fondos que es central como herramienta anti-corrupción. Cuando se conoce quién aporta a la campaña, se pueden detectar llamativas coincidencias entre esos aportantes y quienes ganan las licitaciones, obtienen permisos, privilegios o contratos del Estado. Si los verdaderos aportantes están ocultos, ese control se hace mucho más difícil. Como demuestra el caso de los empresarios vinculados a laboratorios y droguerías asesinados hace un par de meses, es importante que los medios y la ciudadanía en general puedan saber quién puso fondos para la campaña. A partir de esa información se pueden descubrir llamativas vinculaciones entre funcionarios y aportantes, y se puede investigar la acción de los funcionarios estatales. -¿Cómo estamos en materia de transparencia en el financiamiento político? -En Argentina hemos avanzado en materia de transparencia y control. La Cámara Nacional Electoral ha realizado un muy buen trabajo para facilitar el acceso a la información a través de internet y también en materia de auditoría de los informes presentados por los partidos. Hoy hay mucha información disponible, lo que nos falta es fortalecer la demanda de transparencia y honestidad por parte de la ciudadanía. El misterio de la efedrina A pesar de que su empresa tenía una deuda multimillonaria, el año pasado Seacamp, cuyo dueño era el empresario acribillado Sebastián Forza, donó 200 mil pesos a la campaña de Cristina. Aparte de esos cuatro cheques de 50 mil pesos, otras empresas del rubro farmacéutico hicieron su generoso aporte a la campaña oficial. Entre ellas se cuentan Bristol Park SA, Global Pharmacy Ser SA, Multipharma, Iter Medicina Global Pharmacy y Droguería Urbana, que donaron 310 mil pesos cada una. Además, una decena de compañías del sector aportó sumas que van de los 50 mil a los 100 mil pesos (ver Quienes aportaron...). “Es llamativo que el 20 o el 30 por ciento de los aportes declarados vengan del sector de medicamentos y farmacia”, había afirmado el diputado nacional Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Diario Hoy |
La Caridad sin Verdad sería ciega, La Verdad sin Caridad sería como , “un címbalo que tintinea.” San Pablo 1 Cor.13.1