G. SANZ | MADRID
Sábado, 18-10-08
El PSOE marcó ayer distancias sutilmente con la decisión del juez Baltasar Garzón de ir más allá de las exhumaciones de muertos en la Guerra Civil. Sus reflexiones sobre la impunidad en la Transición y la búsqueda de culpables generan incomodidad en el Ejecutivo, que se ve en la obligación de defender su política hacia las víctimas pero sin cuestionar la reconciliación nacional a partir de 1975.
Por eso, ayer, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernandez de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley de Memoria Histórica de la pasada legislatura quería dar su sitio a los represaliados. Y añadió un significativo comentario: «Ese sigue siendo su objetivo, y ningún otro». Se trata, insistió, de poner fin a una etapa de la historia «y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor y la dignidad debidos a la memoria personal y familiar, y además hacerlo en paz y sin rencor».
Más claro fue el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, quien dijo que la de Garzón es «una resolución judicial de carácter histórico», pero su «camino jurídico» es «dudoso». Entre otras razones porque la Fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, ha recurrido. Jáuregui explicó que «no es seguro» que esta causa tenga un recorrido en los tribunales debido a la posible prescripción de los delitos por la Ley de Amnistía de 1977 y porque la aplicación del concepto de «crímenes contra la humanidad» se viene realizando a aquellos cometidos tras el juicio en Nuremberg al nazismo, en 1945, cuando se estableció legalmente.
De la Vega: la Ley de la Memoria no tiene «otro objetivo» que reconocer a las víctimas
Asimismo, apuntó que la investigación para establecer las responsabilidades penales de los autores de los crímenes «no va a llevar a ningún lugar», en parte «porque los presuntos responsables han fallecido, que es lo que pretende «certificar» el juez al solicitar el certificado de defunción de Franco y de otros generales.
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, comentó que «hay que respetar la memoria de quienes murieron en condiciones indignas» durante el franquismo, aunque opina que «no hay que invocar aquellos hechos para remover de un modo en que el odio haga acto de presencia».
PP: Es «esperpéntico»
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó que el magistrado se dedique «a reabrir temas que se resolvieron durante la Transición», cuando en España «existen más de dos millones de pleitos judiciales pendientes». Por su parte, el presidente fundador del PP y ex ministro deFranco, Manuel Fraga, considera la iniciativa de Baltasar Garzón «un disparate» y un «error gravísimo» porque «ya hubo leyes de amnistía».
A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le parece «esperpéntica» la decisión de Garzón de pedir el certificado de defunción de Franco. «Ahora que estamos en el bicentenario del 2 de mayo, que se están publicando los bandos del general que mandaba aquí a las tropas napoleónicas, ¿por qué no piden el certificado de defunción de Napoleón? Porque es que ahí se decía con toda claridad que había que proceder a fusilar inmediatamente a todos los españoles que se sospechara que hubieran llevado un arma».
