| 17 de marzo de 2008 |
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| Declaración Pública-EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FRENTE A LOS SUCESOS DE TRELEW |
Ha tomado estado público que el Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre, emitió orden de captura contra algunos ciudadanos, entre los cuales se encuentra un destacado socio de nuestro Colegio el Dr. Eduardo Aguirre Obarrio, involucrándolos en un presunto homicidio ocurrido hace mas de treinta y cinco años en la Base Naval Almirante Zar, en Trelew. La única razón que se esgrime para tan grave medida, es que los citados formaban parte del Gobierno Nacional de esa época.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera importante recordar a la población que el hecho ocurrido en la Base mencionada en el año 1972, tuvo su origen en el copamiento del penal de Rawson por parte de un grupo de terroristas condenados por un Tribunal de Derecho como era la Cámara Federal. En dicha acción los subversivos habían asesinado a un guardia cárcel, reducido a la condición de rehenes al personal del penal, secuestrado un avión de línea donde se fugaron los principales cabecillas de las diferentes organizaciones delictivas y protagonizado un intenso tiroteo con unidades de la Marina luego del cual fueron reducidos y esperaban en la base mencionada ser traslados nuevamente al establecimiento penal. En dichas circunstancias, dentro de un confuso episodio se produjo la muerte de los diez y seis terroristas que ahora pretende mostrárselos a la sociedad como héroes.
Repudia este Colegio que se intente calificar a ese hecho bajo la cuestionable categoría de crimen de lesa humanidad. En primer lugar porque atenta contra elementales principios constitucionales como el de la irretroactividad de la ley penal y el de prescripción teniendo en cuenta el año en que ocurrieron los hechos. Pero lo mas grave es que los jueces estén utilizando el proceso penal como herramienta de venganza y revisionismo histórico. El hecho se enmarca en la represión legítima del delito donde, en todo caso, pudo haber ocurrido un exceso en los medios cuya responsabilidad solo podría haber recaído en los protagonistas directos y no sobre personas que ocupaban cargos políticos y se hallaban alejados de los acontecimientos, por lo que en manera alguna pueden ser involucrados en el reproche penal.
Este Colegio de Abogados alerta a la población sobre un modo de actuar, propiciado por funcionarios del Gobierno y periodistas que pertenecieron a las organizaciones terroristas en la década del setenta, signado por el propósito de venganza al cual se lo disfraza como una falsa búsqueda de Justicia removiendo odios que la sociedad desea superar.
En definitiva se trata de una criminalización de las ideas, considerando punibles a todos aquellos que formaron parte de gobiernos que sostenían posturas políticas diferentes a las de quienes, en diferentes manifestaciones, en la década del setenta, justificaron la violencia para imponerse y despreciaron públicamente los caminos de la democracia, enfrentándose con el propio partido al que decían pertenecer.
Con dolor puede verse que se está recorriendo el camino del terror como sistema de intimidación al adversario político extendiendo la responsabilidad penal -ya prescripta y extinguida- a todo aquel que, a juicio de los ahora acusadores, pudiera tener algún tenue vínculo funcional o de ideas con los gobiernos de facto que fueron propiciados y alentados, lamentablemente, desde todo el arco político partidario de nuestro país en el siglo pasado.
Héctor Huici