El juez federal Nº 4 de Rosario, Dr. Germán Sutter Schneider, por sentencia de fecha 24 de octubre de 2007, dispuso instar la indagación sobre la verdad real del asesinato del Cnel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en l974, torturado en reiteradas oportunidades y finalmente ahorcado cuando se negara a fabricarles explosivos. Sostuvo el magistrado que las nuevas presentaciones realizadas por el pretenso querellante, Arturo Larrabure, con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, con el fin de demostrar la responsabilidad de los Estados argentino y cubano en este aberrante crimen, habían abierto “un campo mucho más vasto y no del todo esclarecido” siendo necesario investigar la nota de estatalidad. Agregó que “ante el particular modo aberrante de comisión utilizado en el crimen (mas de un año cautivo con pérdida de gran cantidad de peso antes de su muerte), en el marco histórico del accionar de bandas terroristas (concretamente en la caso la de la organización llamada “ERP”) en que ocurrió, son razones suficientes como para reconocerle a Larrabure una instancia judicial en la que pueda averiguar en su mayor dimensión posible la verdad de lo acontecido en el crimen de su padre”, dejando abierta la posibilidad de que se abra una instrucción penal plena si así lo considera procedente el Fiscal General, Dr. Claudio Palacín, a quien remitió la causa insistiendo en su postura de que corresponde en exclusividad al Ministerio Público Fiscal promover o no el ejercicio de la acción pública, siendo la de los jueces juzgar o dirimir las controversias.
En una de las cartas escritas desde su horrendo cautiverio, el Cnel Argentino del Valle Larrabure, solicitó a su familia que aún cuando sucediese lo peor no debían odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla.
Al prologar el libro Ataque a la República -escrito por su abogado con el fin de esclarecer el concepto de crimen de lesa humanidad y relatar la batalla jurídica en que se encuentran empeñados- ha señalado Arturo Larrabure que “el dolor ante la pérdida de un ser querido es personal e intransferible, muchas veces ese duelo se mantiene toda nuestra vida, superarlo es nuestro estigma, hacer el bien después de haber recibido tanto mal nuestra consigna. “
Con ese espíritu – ya en la causa judicial que abriera para que se declare crimen de lesa humanidad el asesinato de su padre, ya en su libro “Un Canto a la la Patria”- ha resaltado el hijo del militar la grave responsabilidad institucional y moral que pesa sobre las espaldas de un Poder Judicial que debe contribuir a la reconciliación nacional juzgando a todos.
Plantear la “reconciliación sin impunidad”, cuando el terrorismo guerrillero queda impune, sólo puede contribuir a reavivar los odios y reiterar el drama.
Al incorporar como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano, Larrabure complica la estrategia defensiva de los ex guerrilleros centrada en considerar sus asesinatos, secuestros y torturas, como delitos comunes – por no haber mediado participación estatal- y, por ende, prescriptos.
A criterio de Larrabure el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26.5.73, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal que los había juzgado respetando la ley y la vida, y modificó el artículo 80 del Código Penal para que en el futuro el asesinato de un juez, fiscal o miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, no mereciera reclusión perpetua. Algunos de los liberados secuestraron al Cnel Larrabure.
Enfatizó que una atenta lectura de las crónicas parlamentarias prueba que la clase política contribuyó a la tragedia sobreviniente, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas, como “perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia”, y liberándolos sin desarmarlos. De inmediato retomaron su accionar criminal asesinando a José Ignacio Rucci, a Arturo Mor Roig, al Capitan Viola y su pequeña hija, asaltando cuarteles y generando un marco tal de terror que los propios legisladores se vieron obligados a reimplantar la legislación que habían derogado.
Remarca Larrabure la responsabilidad del Poder Ejecutivo, ejercido por Héctor J Cámpora – quien liberó a los guerrilleros antes de que fueran amnistiados, así como la del Poder Judicial que en el período l973-1976 no dictó una sola sentencia condenatoria contra terroristas pese a la gravedad de los hechos cometidos.
Respecto a Cuba, recuerda que Ernesto “Che” Guevara, en el Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, expuso la estrategia cubana de impulsar en toda América Latina el desarrollo de focos revolucionarios, abogando por inculcar en los guerrilleros “el odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar.”
“Nuestros soldados” – dijo entonces Guevara- “tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos: atacarlo donde quiera que se encuentre; hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo” ¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo, con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para este de dispersar sus fuerzas, bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo!”
La revolución cubana fue proyectada como modelo sobre el resto de Latinoamérica. Toda una generación fue convocada a luchar y morir en su instrumentación.
El líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, Enrique Gorriarán Merlo, reconoció ante el periodista Juan Carrá, del diario Página 12, haber viajado en l971, con Roberto Santucho a Cuba, conviniendo con las autoridades cubanas que treinta y pico miltantes del ERP fueran a entrenar por algunos meses en táctica guerrillera, urbana y rural.
Concluye recordando que sobre la base de indicios que hacían presumir la participación del Estado Iraní, la justicia consideró crimen de lesa humanidad el atentado a la AMIA, aplicando la legislación internacional a quien quiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado, ayudado o alentando su ejecución.
Resultaría incongruente eximir a Cuba de la responsabilidad emergente del Mensaje a la Tricontinental y de lo actuado en consecuencia. El odio intransigente al enemigo inculcado por Guevara puede palparse en el cadáver de mi padre- concluye Larrabure.