| NOTICIAS | OpiniónLa inmoral campaña del oficialismo
Una de las muchas contradicciones de quienes desde el gobierno de Néstor Kirchner proclaman que ahora vivimos en "un país en serio" es el recurrente uso electoral de cuantiosos fondos públicos. Menos serio aún es que ciertos funcionarios se mofen de los pedidos de informes acerca de esos abusos que les formulan tanto la oposición como la prensa.
El uso de aviones y helicópteros de la Presidencia de la Nación para la campaña electoral de la senadora Cristina Fernández de Kirchner es uno de los casos más notables de la desvergonzada utilización de recursos del Estado para el provecho personal de la candidata presidencial. Pero de ninguna manera es el único ejemplo.
La virtual transformación de despachos de la Casa de Gobierno en un comité de campaña de la principal postulante del Frente para la Victoria; el empleo de personal de la Presidencia, del área de prensa de la Casa Rosada y de la Secretaría de Medios como auxiliares de la senadora Kirchner en sus viajes proselitistas por el interior del país y en sus giras al exterior, al igual que en la organización que demandan los actos preelectorales; los abultados viáticos que exigen tales acciones, y la impresionante cobertura que le dedica el canal de televisión estatal a cada discurso que pronuncia la candidata del oficialismo, distinción que no se hace con ninguno de sus adversarios, son otros casos ilustrativos.
La inmoralidad de la campaña oficialista no requiere demasiados elementos para ser demostrada. Está a la vista de todo el mundo y las declaraciones con que algunos funcionarios gubernamentales intentan justificar estos actos obscenos no hacen más que aumentar la indignación de la opinión pública.
Por caso, el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, días atrás, al defender el hecho de que Canal 7 transmitiera todos los actos de los cuales participa la senadora Kirchner, explicó que si los restantes candidatos presidenciales "no salen" por esa emisora de televisión oficial con la misma frecuencia que la primera dama es "por la propia incapacidad de hacer campaña y de mostrarse".
El mismo funcionario, al referirse al uso de vehículos oficiales por parte de la postulante oficialista en su campaña, dijo que "es imposible disociar su rol de candidata, primera dama y senadora".
Esta última justificación no sólo resulta inadmisible de acuerdo con las normas argentinas. Causaría risa en cualquier democracia del Primer Mundo.
Basta recordar el escándalo que provocó, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2000, el hecho de que el entonces vicepresidente Al Gore -flamante premio Nobel de la Paz- usara las líneas telefónicas de la Casa Blanca para efectuar llamadas vinculadas con actividades proselitistas. No sólo el ex funcionario norteamericano debió pagar de su bolsillo la modesta suma de dólares que costaron esas comunicaciones, sino que si un presidente de ese país usa el avión presidencial para la campaña, su partido político está obligado a abonar el precio de mercado de los correspondientes pasajes.
Si bien en la Argentina no parece existir conciencia suficiente sobre estas cuestiones, la ley es muy clara y no puede ser desconocida por el presidente Néstor Kirchner ni por su esposa. El artículo 261 del Código Penal tipifica como un delito, que deberá ser sancionado con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el hecho de que un funcionario "empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública".
Más aún, cada vez que el primer mandatario habla sobre su esposa en actos oficiales y convoca a apoyarla en las urnas estaría violando el artículo 64 del Código Electoral Nacional, por el cual la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio en favor de ningún candidato.
Dirigentes opositores y no pocos especialistas en derecho constitucional y penal sostienen que estamos ante una situación de extrema gravedad, pasible de ser considerada como malversación de fondos públicos.
La candidata presidencial del oficialismo debería saber que la calidad institucional de la que tanto habla últimamente, pero por la cual tan poco se ha preocupado a lo largo de la gestión de su marido, también pasa por la transparencia republicana. En ese sentido, antes de que avancen en la Justicia las justificadas demandas por el indebido uso de fondos de todos los argentinos en su campaña proselitista, debería admitir su error y hacerse cargo de esos gastos, al igual que quienes desde el Estado privilegiaron mezquinos intereses partidarios por encima del interés general.