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Asunto: LOS MITOS DE LA REPRESION ILEGAL - Agustín Laje
Fecha: Sat, 8 Sep 2007 23:32:36 -0300
Les mando un artículo un poco largo, que no pensaba mandar porque más de dos páginas, al final pocos lo leen, pero lo hago por la siguiente frase que cita el autor:
Inmediatamente viene a mi mente aquella célebre frase de Perón, “les pongo un caballo y me lo votan”.
Que los peronistas son incorregibles, ya lo sabemos, y que cualquier caballo (pude ser del sexo opuesto) que le digan que voten lo van hacer, por más que mandemos e-mail y nos demos manija , pidiendo votar con memoria el 28 de octubre, por lo menos es así fuera de los centros urbanos, donde hay mayoría de gente de clase media, como ha sucedido en la ciudad de Córdoba y Santa Fe y Buenos Aires que tuvieron memoria.
A leer , no sean vagos!!!!!!!!!!!
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Les hago llegar mi nuevo artículo publicado por la fundación Atlas 1853.Link: http://www.atlas.org.ar
Difundamos el presente por todos los rincones de la república. Difundamos la verdad histórica.
Cordialmente,
Agustín Laje
LOS MITOS DE LA REPRESION ILEGAL
“¿Por qué los milicos no reprimieron por la ley?” Supo objetar un compañero de la facultad, ante un debate generado entre el curso.
Cual domesticado autómata, el estudiante repetía uno de los tantos latiguillos difundidos por el izquierdismo revanchista y repetido por sus involuntarios títeres.
Muchas veces he tenido la oportunidad de ser consultado sobre temas relacionados con la década del ´70 y la guerra que le tocó enfrentar a nuestro país, y este enigma vuelve una y otra vez. ¿Por qué no se reprimió al terrorismo con métodos legales?
Para contestar el interrogante, no podemos soslayar el acaecimiento de cinco episodios clave (que constituyeron la destrucción de las vías legales para combatir al terrorismo) que se sucedieron con anterioridad a la llamada “represión ilegal”.
- Ley de amnistía
- Disolución de la Cámara Federal en lo Penal
- Derogación de las leyes antisubversivas
- Vaciamiento de la Justicia
- Actuación del terrorismo para eliminar las vías legales
Entre 1966 y 1973, un gobierno provisional conformado por una coalición cívico militar gobernó a la Argentina. Con el correr de la gestión, en el marco de la guerra fría y de un terrorismo marxista creciente en toda América Latina (y en particular en nuestro país), las autoridades locales se vieron en la obligación de instalar mecanismos legales e institucionales para combatir a las organizaciones homicidas cuyos crímenes y creciente accionar se observaba con no poca preocupación.
El gobierno militar, presidido en ese entonces por el Grl. Alejandro Agustín Lanusse, ante el desconcierto general creado por el terrorismo, el 28 de mayo de 1971, creó por Ley 19.053 la Cámara Federal en lo Penal, destinada a combatir legalmente a la subversión. Queda a la vista que las intenciones fueron desde un principio el combate bajo el imperio de la ley y la institucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas. De esta manera, entre 1971 y 1973, se llevaron adelante 8927 causas, y aproximadamente dos mil terroristas se vieron tras las rejas, de los cuales 600 ya tenían condenafirme.(1)
El diálogo con los partidos comenzó a fluir, y se decidió retomar la institucionalidad del país con la vuelta de la democracia mediante el llamado a elecciones, que tendrían lugar el 11 de marzo de 1973.
La organización terrorista Montoneros y otras fuerzas menores forjaron alianzas políticas con el candidato-títere de Perón (quien se encontraba exiliado): Héctor J. Cámpora, personaje estrechamente vinculado a las hordas guerrilleras, quien supo afirmar que “la acción de FAR y Montoneros es tan respetable como la de quienes estamos en el camino de la persuasión”(2). Inmediatamente viene a mi mente aquella célebre frase de Perón, “les pongo un caballo y me lo votan”.
El 25 de mayo Héctor Cámpora, escoltado por decenas de terroristas, asumió la presidencia de la Nación. Entre tanta catástrofe orquestada por el fugaz presidente, me interesa hacer hincapié en la Ley de Amnistía, la disolución de la Cámara Federal en lo Penal y la derogación de las leyes antisubversivas.
El 26 de mayo de 1973, en el primer día del gobierno, fue dictada una ley de Amnistía general que echó un manto de olvido sobre todo lo ocurrido y que impediría luego, hasta límites extremos, el juzgamiento y sanción de los terroristas, habiendo así exculpado todos los delitos cometidos antes del 25 de mayo de 1973.
La amnistía, además de la injusticia y la justificación que implicaba, no representó ninguna solución. Las expresiones y discursos de los líderes guerrilleros, anticipaban las intenciones de no cejar en su agresión. Vale aclarar que el 52,5% de los ataques terroristas se cometieron en democracia.(3)
De esta forma, aproximadamente dos mil terroristas salieron en libertad para volver a cargar el fusil, y continuar con la lucha armada que habían desatado. Nicolás Márquez expresa al respecto que “La amnistía permitió que los terroristas deambularan como superhéroes por las calles, se ufanaran de los crímenes y atentados cometidos, dieran conferencias en las que narraban sus proezas y formularan instrucciones para reorganizar la guerrilla y el combate”.(4)
El periodista Carlos Manuel Acuña, explica que “la instrumentación de la amnistía fue doblemente valiosa para la estrategia guerrillera: por un lado puso en la calle a experimentados combatientes y planificadores de la insurgencia y, por el otro, la guerrilla afirmó la idea de que siempre superaría todas las instancias y jamás renunciaría a sus objetivos. Nada se le opondría y cualquier método resultaría válido”.(5)
Algunos años después el Dr. Troccoli, político radical, reflexionaba frente a la prensa: “…pudimos haber mal dimensionado el brote subversivo existente, pudimos haber cometido un error político en mayo de 1973”.(6) Lamentablemente, el error político de mayo del 75, no tardaría en dejar a la luz sus consecuencias.
Pero el primer día de gobierno peronista no culminó con la sanción de esta ley. Paso siguiente, el gobierno constitucional disolvió la Cámara Federal en lo Penal, responsable del combate legal contra la subversión. Respecto al destino de sus funcionarios, Carlos Manuel Acuña relata que “…todos sus integrantes fueron perseguidos, algunos redistribuidos a los destinos menos deseables del Poder Judicial o simplemente cesanteados como automáticamente se hizo con los jueces. Todos ellos estaban condenados a muerte desde el momento en que asumieron el cargo”.(7) Explicando las consecuencias que tuvo su disolución, afirma que “…tuvo implicancias muy serias y profundas… no sería exagerado señalar que marcaron el matiz, el estilo y el ritmo con que se desarrolló la etapa de la guerra que comenzó en marzo de 1976”.(8)
Como si esto fuera poco, la demagogia camporista se dio el lujo de derogar las leyes antisubversivas, que habían sido creadas para asegurar la represión legal contra los elementos terroristas. El diario La Nación, en su edición del 24 de mayo de 1983, comenta que “…una veintena de normas desaparecieron así, dejando inerme al aparato defensivo del Estado frente a nuevos tipos de agresión…”.(9)
El error fue de tal envergadura, que un año después, al ver al pueblo desprotegido frente a las runflas guerrilleras, superiores cuantitativa y cualitativamente que en aquel entonces, aquellos ingenuos que habían contribuido a derogar esa legislación llevaron a cabo un intento fallido de volver a dictarlas.
Analizando las maniobras del caótico gobierno de Cámpora, el informe de FORES afirma que “Esta actitud (la derogación de las leyes antisubversivas), junto con la Ley de Amnistía y la disolución de la Cámara Federal en lo Penal dificultó notoriamente, cuando no imposibilitó, el combate legal contra la subversión”.(10) De manera premonitoria, el periodista del Buenos Aires Herald, Clive Petersen, expresó que “…a partir de ahora, ni aun los policías y militares respetuosos de la ley mandarían a la cárcel, para que allí esperen la próxima amnistía, a los terroristas que lograran capturar”.(11) De los nueves jueces que conformaron aquel tribunal, ocho tuvieron que exiliarse en el extranjero ante las amenazas y atentados y uno, el Juez Quiroga, fue asesinado por la espalda.
Para agravar aún más el estado de desprotección general por el que se atravesaba, el vaciamiento de la justicia constituyó un factor decisivo que dejó a la subversión parada frente a un país totalmente anarquizado. Una suerte de gol de oro para quienes se habían propuesto cambiar nuestro sistema a través de la violencia y la irracionalidad.
Al asumir el poder el gobierno peronista en 1973, la Corte Suprema de Justicia estaba vacante por que sus integrantes habían renunciado tan pronto conocieron los resultados de las elecciones. El peronismo manipulaba el Poder Judicial como botín electoral, y, para poder desmantelar lo poco que quedaba de él, se sancionó una ley que otorgaba la posibilidad de jubilarse sin haber alcanzado la edad legal, cobrando el 80% del sueldo que les correspondía, permitiéndoles además, ejercer la profesión libremente. Explica el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia que, “Para el caso que no optaran por ese beneficio en el plazo estipulado, se les aplicaba el régimen ordinario para funcionarios públicos muy desventajoso con respecto al que en ese momento les correspondía regido por la ley 18.464”.(12)
Los efectos de esta jugada sucia no se hicieron esperar, y la Justicia argentina comenzó a desmoronarse rápidamente quedando totalmente desmantelada al poco tiempo. Tal es así, que a partir de 1973 no se registró una sola condena por actos terroristas. Ilustrando el panorama de marras, la pluma del Dr. Márquez narra que “Para graficar el desmantelamiento al que estaba sometido el país, tengamos en cuenta que mientras estallaban bombas en todas partes y los crímenes conformaban la cotidianeidad nacional, durante todo 1974 la justicia federal y nacional de Buenos Aires trabajó formalmente tan sólo 54 de los 365 días del año…este clima de aniquilamiento institucional generalizado, se fue abriendo paso así a la utilización de métodos ilegales para contrarrestar la guerrilla”.(13)
Quienes pequen de ingenuos pensarán que la nulidad de condenas y detenciones a terroristas fueran consecuencia del cese de su accionar. Contrariamente, fue notorio el despegue subversivo a partir de la destrucción de la justicia. La publicación de Agosto de 1974 de Patria Libre, en su octava página cuenta que “…desde el 25 de mayo de 1973 y a pesar de que la actividad guerrillera siguió en aumento y la policía continuó su tarea…no se ha condenado a ningún extremista hasta la fecha”.(14)
La quinta y última variable que terminó por imposibilitar el combate con “ley bajo el brazo” al fenómeno terrorista, fue justamente el accionar de este para evitar la represión legal. La tesis es simple: la represión ilegal favorece a la subversión al descalificar el modo cómo se los combate. Si el método es legal, el terrorista siempre permanecerá en su condición de terrorista sin poder jamás dar aparente legitimidad a sus actuaciones. Sin embargo, si logra ser combatida desde la ilegalidad, de alguna forma justifica la irracionalidad de su accionar, convirtiéndose mágicamente de victimarios en víctimas.
Para quien todavía no entienda el porqué de esta jugada, Jacobo Timermann, en su ensayo “Preso sin nombre, celda sin número” explica: “La guerrilla no pudo competir. Y sin embargo, no fue derrotada en el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la represión, el abuso del poder, la ilegalidad de los métodos. Y esa es su carta de triunfo”.(15)
Para perpetrar este objetivo, la subversión buscó desde sus comienzos ser reprimida ilegalmente, como explica el Dr. Tomás Oneto en la revista jurídica La Ley: “Examinando la naturaleza de las respuestas institucionales al terrorismo, no puede silenciarse que uno de los objetivos del terrorismo es la regresión de nuestro ordenamiento jurídico hacia formas no democráticas”.(16)
La estrategia subversiva (siempre con el auxilio del Presidente peronista Héctor Cámpora) se vio compuesta de dos partes que le permitió alcanzar los objetivos anteriormente señalados. La primera parte de su táctica, llevada a cabo de 1972 a 1973, consistió en desarticular la justicia mediante el ataque propagandístico dirigido a desprestigiar a la Cámara Federal en lo Penal y su presión para disolver tanto esta, como la legislación antisubversiva y, al mismo tiempo, atemorizar a los jueces y distintos funcionarios del Poder Judicial mediante amenazas y atentados, con el objetivo de crear terror en quienes administran la justicia de nuestro país. Tengamos en cuenta que técnicamente, la Cámara Federal favorecía a los guerrilleros garantizándoles un juicio justo.
Una vez disuelta esta, y derogada la legislación antisubversiva, la guerrilla abrió paso a la segunda fase de su estrategia: enloquecer a las Fuerzas Armadas.
El objetivo concreto era atemorizar a los encargados de reprimir, esperando una reacción irracional en estos que los sitúe de un momento a otro, parados fuera de la ley. El asesinato indiscriminado contra uniformados y sus familiares, totalmente ajenos al conflicto, como militares retirados e hijos de miembros de las fuerzas, marcaron el modus operandi del terrorismo para asegurar la reacción desmedida e inconsciente de sus enemigos.
El contraalmirante Mayorga, de gran prestigio en la Marina, declaraba a los periodistas en mayo de 1973: “…(la subversión) nos puede sumir en el proceso de matar, si los nuestros son muertos, y entonces será la ley de la selva”.(17) Apuntando a los resultados de esta jugada, el FORES cuenta que “…la sistemática campaña de atentados dieron resultado y cuando los militares asumen el poder…su reacción fue la de animales acosados y atemorizados, sedientos de venganza y exacerbados por las provocaciones”.(18)
Como anillo al dedo nos viene para concluir un pasaje del libro “La otra parte de la verdad”, donde se explica que “Durante el período 73/74/75, si las fuerzas de seguridad detenían a algún guerrillero, no tenían muchas opciones, pues tanto por falta de apoyo legal como por miedo a represalias, era dejado en libertad”.(19)
La suma de los factores explicados, desencadenaron la desprotección de un país entero frente a nuevas amenazas con magnitudes nunca antes vistas en nuestras tierras en el S.XX. Como vimos a lo largo del escrito, se eliminó toda posibilidad de un combate por vías legales, tornando la posibilidad de represión legal, desgraciadamente, totalmente ridícula si se pretendía hacerlo con alguna eficacia. Pero aún así se debió haber intentado.
Ahora bien, una vez entendido esto, es probable que el lector se pregunte ¿Cuándo se dio inicio formal a la represión ilegal? La respuesta oficial que gira en torno a esta interrogante, falta a la verdad descaradamente, poniendo de manifiesto de manera maliciosa y tendiente a demonizar aún más a las Fuerzas Armadas, que la represión ilegal nace el 24 de marzo de 1976(20), con el cambio de gobierno. Esta tesis instalada en la sociedad a partir de 1983 por la runfla alfonsinista, y difundida y repetida hasta el hartazgo por los gobiernos precedentes, se puede apreciar tanto en el famoso informe de la CONADEP, “Nunca Más”, como en libros escolares de educación media.
Contrariamente a lo que pregona la propaganda oficial, se da origen a la represión por fuera de los métodos legales, primero con la creación de la AAA, organización paramilitar, de raíz peronista, cuya finalidad era neutralizar el terrorismo, con más terrorismo, responsable de 476 homicidios (21). Pero luego del escape de su líder, López Rega, la organización cesa el fuego casi por completo. Formalmente, se abre el camino hacia la represión ilegal el 6 de octubre de 1975. Para ese entonces, la Presidenta Isabel Martínez de Perón había tomado licencia, y dejó como Presidente provisional a Ítalo Argentino Luder, quien convocó a los altos jefes de las FF.AA para buscar en conjunto soluciones para el problema subversivo.
El Dr. Florencio Varela, frente a una conferencia organizada por la fundación AUNAR, contó que “En la reunión…cuatro fueron las alternativas presentadas por el general Videla. Las dos más extremas eran las siguientes: una incluía un sistema operacional sumamente controlado que tenía como inconveniente el largo tiempo que iba a llevar el control del terrorismo. La otra estaba basada en la descentralización, otorgando una gran capacidad operativa a los niveles inferiores. Esta tenía el riesgo del debilitamiento del control en esos niveles operativos, pero en un año y medio, el terrorismo se controlaba. Esto fue lo que se aceptó”.(22)
Cuenta Juan B. Yofre en su libro “Nadie Fue”, que luego de la reunión con los altos jefes, “Luder promovió la formación del Consejo de Defensa Nacional, como una forma de frenar la violencia terrorista”.(23) Como resultado de estas maniobras, el 6 de octubre se dio lugar a la emisión del decreto 2772 que entre otras cosas decía: “Las FFAA, bajo el comando superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país”.
A partir de este momento, se abre paso a las famosas “desapariciones”, consecuencia de un modelo de represión adoptado por el gobierno constitucional peronista, y continuado posteriormente por el gobierno cívico-militar precedente. Entre octubre de 1975, y el 24 de marzo de 1976, se comprobaron 734 casos de desaparición de personas (24), nunca siquiera mencionados por quienes creen ser voceros oficiales de los “derechos humanos”. Nicolás Márquez explica que “(el gobierno de Alfonsin) manipularon la información ocultando intencionalmente todo aquello que se relacionara con los hechos ocurridos con anterioridad al 24 de marzo de 1976, a los cuales se pretendió quitar importancia para cercenar el camino hacia la investigación de la responsabilidad de las autoridades constitucionales anteriores al mentado 24 de marzo, que sin duda la tuvieron en forma plena, pues fueron ellas las que planearon, decidieron, y pusieron en ejecución el sistema para combatir al terrorismo que dejó la trágica secuela de los desaparecidos”.(25)
A modo de cierre, considero interesante citar a Nicolás Rodríguez Peña: “Que fuimos crueles… ¡Valla con el cargo! Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos salvarla. ¿Hubo otros medios?, nosotros no lo vimos, ni creíamos que con otros medios, fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen los resultados. ¡Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres”.(26)
Agustín Laje Arrigoni
agustin_laje@yahoo.com.ar
[1] “Por Amor al Odio”, Tomo II, Carlos Manuel Acuña
[2] “La Mentira Oficial”, Nicolás Márquez
[3] “La Mentira Oficial”, Nicolás Márquez
[4] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[5] “Por Amor al Odio”, Tomo II, Carlos Manuel Acuña
[6] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[7] “Por Amor al Odio”, Tomo II, Carlos Manuel Acuña
[8] “Por Amor al Odio”, Tomo II, Carlos Manuel Acuña
[9] “La Nación”, 24 de Mayo de 1983
[10] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[11] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[12] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[13] “La Mentira Oficial”, Nicolás Márquez
[14] Periódico “Patria Libre”, publicación del mes de agosto de 1974
[15] “Preso sin nombre, Célda sin Número”, Jacobo Timermann
[16] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[17] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[18] “Definitivamente Nunca Más”, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
[19] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[20] “Nunca Más”, Comisión Nacional de Desaparición de Personas
[21] “La Mentira Oficial”, Nicolás Márquez
[22] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[23] “Nadie Fue”, Juan Bautista Yofre
[24] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[25] “La otra parte de la verdad”, Nicolás Márquez
[26] “Subversión: La historia olvidada”, AUNAR
Agustín Laje Arrigoni