NOTIVIDA, Año VII, nº 458, 22 de julio de 2007
Buenos Aires, Argentina
EL GOBIERNO ARGENTINO ANFITRIÓN DE LA “CULTURA DE LA MUERTE”
Por Mónica del Río
Del 18 al 20 de julio sesionó en la Cancillería argentina el Comité de “expertas” de Belem do Pará. Fue la primera reunión operativa del Comité y el primer encuentro realizado fuera de Washington donde tiene su sede. Las “expertas” le tomaron examen sobre “violencia de género” a los Estados americanos que ratificaron el tratado. Tal como hace el Comité del CEDAW, en los meses previos recibieron los informes oficiales de los países y los contrainformes de la ONGs. Además de las delegaciones oficiales, por primera vez las organizaciones de la sociedad civil invitadas expusieron ante el Comité. El Comité devolverá a los Estados parte recomendaciones generales y particulares.
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Como advertimos en boletines anteriores la “Convención para Erradicar la violencia contra la mujer” (Belem do Pará) es la convención internacional “top” del feminismo abortista americano ya que, entre otras cosas, introdujo en la legislación regional el concepto de género (arts. 1º y 8º). A semejanza de la que intenta erradicar la discriminación contra la mujer (CEDAW), tiene, a partir del 2005, su Comité de Seguimiento. Lo integran 28 “expertas” que son designadas por los estados, pero desempeñan sus funciones a título personal. Su misión es –a similitud del Comité del CEDAW- evaluar los informes que periódicamente deben elevar los estados y emitir recomendaciones sobre las políticas públicas, legislación, etc, que están vinculadas a la “violencia de género”. La CEDAW es el instrumento jurídico de la ONU y Belem do Pará el de la OEA, para legalizar el aborto por imposición internacional.
El texto de Belem do Pará avanza más aún que el de la CEDAW, por ser de factura posterior y es la única herramienta jurídica internacional, que aborda específicamente la “violencia de género”. Como hemos reiterado, el de violencia -al igual que el de discriminación-, es un concepto ideologizado que se utiliza para excluir toda limitación legal o social que se considere lesiva a los llamados “derechos sexuales de las mujeres”, incluido el “derecho al aborto” (Vid Notividas 274, 298, 306, 323, 324 y 325).
Reunión del Comité en la Cancillería Argentina: La sesión inaugural
Expusieron el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, y el canciller argentino Jorge Taiana.
Taiana calificó de “inaceptable” el hecho de que “en nuestro país y en nuestro hemisferio la mujer no está segura ni en su casa y a veces muy especialmente en su casa” y manifestó la “preocupación del Gobierno argentino” por el tema y “la disposición para seguir trabajando a fondo en el tema de la violencia de género”.
Insulza subrayó la “importancia de la Convención” y calificó a la “violencia de género” como “lacra antidemocrática”, felicitó asimismo “al Gobierno argentino por organizar este encuentro internacional” y “por el entusiasmo que puso para ser anfitrión de esta importante reunión”.
Según la propia Cancillería se cursaron invitaciones a Amnesty Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH y CLADEM, entre otras organizaciones no gubernamentales; así como las responsables de las políticas de género del Estado Nacional y de las provincias, legisladoras, juezas y mujeres destacadas de distintos ámbitos de la sociedad argentina.
Entre los presentes estaban la jueza de la Corte Suprema de la Nación, Elena Highton de Nolasco; la diputada oficialista Juliana di Tulio (presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados); “Pimpi” Colombo (Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer) y las diputadas Patricia Vaca Narvaja y Diana Conti.
Entre los reclamos de las ONGs argentinas que expusieron ante el Comité estuvieron: la falta de una política de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres y la penalización del aborto (considerado hecho de violencia). Se denunció además la dificultad para acceder en Argentina a los “abortos no punibles en hospitales públicos”.
Los contrainformes: CLADEM juez y parte
Además de analizar el reporte oficial de cada país, el Comité recibe un contrainforme elaborado por las ONGs. El contrainforme argentino fue preparado en octubre del 2006 por la filial argentina del CLADEM (Comité de América Latina por la Defensa de los derechos de las Mujeres).
En ese contrainforme CLADEM cuestionó que en el país se hable “de violencia familiar, intrafamiliar y/o doméstica”, destacando que no es un conflicto hogareño, sino una violación a los derechos humanos. Remarcando que es la condición de género el factor de riesgo. Por no entenderlo así –afirman- “en casi todas las provincias, se ve una preferencia por los mecanismos de conciliación y mediación”, lo que demora las respuestas de los magistrados.
Para CLADEM, a pesar de existir leyes provinciales sobre violencia, “cuando está involucrada la violencia de género, el único recurso legal es el Código Penal Argentino”, cuyo articulado “carece de especificidad genérica”. Critican en particular el art. 132 del Código “que reconoce al avenimiento como una forma de ‘perdón’ o extinción de la acción penal”.
“De la misma manera –prosigue el contrainforme- no ha sido incluida la figura de violación dentro del matrimonio”. Destaquemos que con esta inclusión bastaría legalizar el aborto en casos de violación, para su liberalización irrestricta.
El Comité de “expertas”
La coordinadora es la brasilera Leila Linhares Barsted de CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informacao e Acao), designada la experta de Brasil con el apoyo de CLADEM-Brasil.
La vicecoordinadora, designada por el Gobierno de Kirchner, es la abogada rosarina Susana Chiarotti Boero, Coordinadora Regional del CLADEM.
Entre las demás están Luz Rioseco Ortega, Coordinadora de CLADEM-Chile y Sergia Galván, Coordinadora de CLADEM-República Dominicana. Directa o indirectamente también está vinculadas a CLADEM las delegadas de México, Bolivia, Costa Rica y Ecuador.
Evidentemente el Comité está copado por CLADEM, la Red abortista más grande del mundo, según las propias feministas.
Sectarismo anticatólico de CLADEM
CLADEM fue una de las instituciones que pidió que la Santa Sede fuera reducida en las Naciones Unidas al estatus de simple ONG.
“La defensa del Estado laico es la defensa de los derechos individuales, como el derecho al aborto, y debe ser una defensa intransigente; es defender la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos, incluso por parte de la Iglesia Católica”, declaró en el 2005 la brasilera Leila Linhares Barsted, coordinadora del Comité.
También es frecuente encontrar en los discursos de Chiarotti, la delegada argentina, alusiones a la Iglesia, a la que le reprocha alentar la "hipocresía" que impide la promoción de la agenda feminista.
Recordemos finalmente que CLADEM-Argentina acudió, el 30 de noviembre de 2001, al Comité del CEDAW denunciando a la Conferencia Episcopal Argentina por querer añadir en la ratificación del Protocolo del CEDAW una declaración interpretativa que intentaba preservar el derecho a la vida (vid. Notivida 65).
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La amplitud de la expresión “violencia”
En declaraciones formuladas a Página 12, Susana Chiarotti, la “experta” argentina que integra el Comité de la OEA aseguró que la ley que promulgó Chávez en Venezuela en marzo de este año “es la más avanzada en violencia de género del continente”.
Aclaremos que la ley venezolana contempla 19 formas diferentes de “violencia de género”: Violencia psicológica, Acoso u hostigamiento, Amenaza, Violencia física, Violencia doméstica, Violencia Sexual, Acceso carnal violento, Prostitución forzada, Esclavitud sexual, Acoso sexual, Violencia laboral, Violencia patrimonial y económica, Violencia obstétrica (trato jerárquico deshumanizador por parte del personal de la salud), Esterilización forzada, Violencia mediática (la que directa o indirectamente explote, discrimine, deshonre o humille a la mujer con fines económicos, sociales o de dominación), Violencia Institucional (acciones u omisiones institucionales que retarden u obstaculicen el ejercicio de los derechos de las mujeres), Violencia simbólica (acciones y omisiones que establecen como normal, natural o cotidiana la subordinación de la mujer), Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, Trata de mujeres, niñas y adolescentes. En este abanico encuadran desde un violador hasta aquel que predique la epístola de San Pablo a los efesios 5,22-24 (“que las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia..) FIN
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NOTIVIDA, Año VI, nº 458, 22 de julio de 2007
Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río
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