En tiempos como los que corren, donde no importan las consecuencias de los actos a la hora de juzgarlos, sino simplemente qué es políticamente correcto opinar y qué no lo es, el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal resulta acertado y valiente.
Es fácil sostener que si alguien quiere matarse ingiriendo drogas es su derecho y, en consecuencia, no puede ser castigado por la justicia; incluso, es "más políticamente correcto" hablar de adictos enfermos, víctimas, en definitiva, lo cual en muchos casos es cierto.
Sin embargo, ¿quién puede afirmar que el dinero que esta persona pagó por su gramo de cocaína o su cigarrillo de marihuana no terminó comprando la bala que alimentó el revólver con el que un narcotraficante mató a un inocente? ¿Puede el Estado ser cómplice de esto?