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| Persecución política en plena democracia | ||
| Agresiones y amenazas a Liliana Edith Isidori La defensa sectorial y parcial de los derechos humanos es una práctica cotidiana de varios organismos comprometidos en la acusación de ciudadanos argentinos que fueron víctimas de los terroristas que asolaron la Argentina en la década del 70. Liliana Edith Isidori de Amelong es esposa del Teniente Coronel Juan Daniel Amelog (hijo del ingeniero Raúl Alberto Amelong, asesinado por los Montoneros), detenido “por cumplir con su deber”, aseguraron sus familiares. | ||
| Liliana Edith Isidori, quien fue víctima de agresiones y amenazas dirigidas tanto hacia ella como a su hijo de tan sólo siete años de edad, recibirá hoy un “escrache" en Rosario por ejercer la legítima defensa legal de su marido. La manifestación estuvo precedida de llamadas telefónicas intimidatorias que fueron denunciadas ante las fuerzas de seguridad. Isidori denunció la persecución política de que es víctima a través de amenazas por parte de la agrupación “Unidad Antirrepresiva de los Derechos Humanos” (ver denuncia más abajo). Este párrafo fue extraído de la presentación realizada ante la justicia por Juan Daniel Amelong, abogado, quien denunció los graves hechos que están ocurriendo en perjuicio de sus familiares, solicitando que se adopten las medidas de seguridad necesarias para resguardar su integridad física. ”Resulta inaudito que hoy a casi un cuarto de siglo de la recuperación de la democracia, cuando lo lógico sería que la concordia entre los argentinos se fuera afianzando en pos de objetivos nacionales que permitan y tiendan a beneficiar a los más necesitados, a acrecentar las prestaciones que se merece la población en el ámbito de la salud, de la educación y en tantas otras cuestiones en las que la cada vez más desigual distribución de la riqueza hace mella, todavía parezcan estos nostálgicos del terror que nos tocara vivir en la década del 70, pretendiendo retrotraernos a esas nefastas vivencias”, escribió. “A la inseguridad personal –agrega- derivada de la acción de delincuentes comunes, se le suma la inacción de los elementos del Estado responsables de establecer pautas claras para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la misión de velar por la seguridad de la población, a ello se le agrega la acción de grupos no solamente amparados por el poder ejecutivo nacional sino también en este caso por el poder ejecutivo provincial y a los cuales la justicia ignora dejándoles continuar con la ejecución de delitos, impunemente”. En esta edición publicamos los documentos que respaldan la denuncia. | ||
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