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El país del Domingo/01-Oct-2006
SOLA CONFIA A FOSBERY LA FORMACION POLICIAL
Lo único que FASTAba
Mientras empuña la lupa sobre la bonaerense, en busca de resabios de la dictadura que no fue capaz de descubrir o que no le inquietaron en cinco años de gobierno, Solá confía a Fray Aníbal Fosbery la especialización de las nuevas generaciones policiales. El pasado no ha sido vencido, dijo Kirchner. Si mira alrededor, verá que ocupa posiciones decisivas desde las que apuesta a ser, también, el futuro.
//El gobernador bonaerense Felipe Solá pidió a la Legislatura una prórroga de la ley de emergencia policial que le permita depurarla, pero al mismo tiempo entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional que colaboró con altos jefes del gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy apoya a los grupos que resisten el avance de los juicios por los crímenes de entonces. La lupa con la que se buscan casos aislados de participación o complicidad con los hechos aberrantes del pasado (en forma algo tardía, ya que Solá va por el sexto y último año de su segundo mandato) distrae así la mirada de la preparación de nuevas camadas policiales imbuidas de la misma doctrina de la Seguridad Nacional, de la que son emblema Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Tanto el ex coronel como el comisario que lo secundó en la jefatura policial militaron en organizaciones integristas afines a FASTA. En 1986, cuando Etchecolatz y Camps fueron condenados por la Cámara Federal de la Capital, se produjeron una serie de atentados en el Gran Buenos Aires, incluyendo la colocación de explosivos en el jardín de la casa de uno de los jueces. Durante el proceso, en 1988, se detectó el nexo entre los policías detenidos y oficiales de las Fuerzas Armadas que acompañaron una tentativa de alzamiento de Mohamed Seineldín. En 2001, Etchecolatz fue procesado por amenazas a hijos de detenidos-desaparecidos. Su ingreso y salida de los tribunales correccionales de la Capital fue protegido por integrantes de la Agrupación Custodia al mando de los mellizos Jorge y Marcelo Gristelli, quienes atienden la librería Santiago Apóstol. En los forcejeos rompieron la cámara de un fotógrafo de La Nación.
Cooperación con los cruzados
El fundador y rector de la fraternidad escolástica Santo Tomás de Aquino es Fray Aníbal Fosbery OP. Este sacerdote dominico apoya a la Asociación que considera “presos políticos” a los militares y policías enjuiciados por su participación en lo que la Cámara Federal de la Capital llamó en 1985 “un plan criminal” y el Tribunal Oral de La Plata hace diez días “un genocidio”. El viernes 5 esta Asociación, presidida por la señora Cecilia Pando de Mercado, y la organización Memoria Completa, que conducía la señorita Karina Mujica hasta su renuncia por razones personales, realizarán una demostración pública de apoyo a la dictadura frente al club social Círculo Militar, para el cual la nueva zafra de amenazas a jueces y periodistas crea el clima. En los colegios de FASTA se han oficiado misas por los detenidos (ver Los milicianos).
Enterado de la preparación de este artículo, Carlos Arslanian negó que bajo su gestión hubiera habido ningún acuerdo con la organización integrista creada en 1962 por Fosbery y dijo que esos convenios habían sido firmados por sus antecesores Ramón Verón y Juan Pablo Cafiero. Verón fue designado por el ex gobernador Carlos Rückauf y Cafiero por el actual, Felipe Solá. Pero la documentación suministrada por el propio Arslanian indica que la cooperación se mantiene desde hace seis años, con independencia de la titularidad del ministerio, ya que el “Convenio de Colaboración Institucional”, suscripto el 27 de abril de 2000 por el comisario Verón contempla su prórroga automática cada dos años “salvo denuncia anticipada de cualquiera de las partes”. Ese convenio que sigue en plena vigencia sostiene que la Universidad de Fosbery está “consustanciada con los emprendimientos que en materia de seguridad viene desarrollando el Poder Ejecutivo provincial”. Por un protocolo adicional firmado en 2000, Verón acordó la realización de cursos de capacitación para 35 oficiales de la jefatura departamental de Mar del Plata, que insumirían sesenta horas de cátedra. Por otro, de 2002, Cafiero dispuso que los cursos serían de sesenta horas de cátedra para oficiales y rangos superiores de la jefatura departamental de Dolores y Necochea y de treinta horas para suboficiales y agentes. El 3 de setiembre de 2003, por el decreto 1509, Solá aprobó el Convenio, los protocolos ya firmados y “los sucesivos protocolos adicionales a celebrarse en el futuro con dicha universidad”. Hasta hoy la provincia de Buenos Aires no denunció el convenio ni rectificó aquel decreto.
La escena del crimen
En 2004 las jornadas de la universidad tomista para efectivos policiales, funcionarios judiciales, abogados, médicos, miembros de fuerzas de seguridad nacional y de países limítrofes, trataron sobre nuevas tecnologías. En la resolución 1496 que las autorizó Arslanian mencionó “lo enriquecedor de sus contenidos”. En 2005 se dedicaron a la metodología de la investigación científica aplicada a la investigación criminal y este año a “La escena del crimen”. Se realizaron hace dos semanas en el hotel Costa Galana de Mar del Plata y también fueron autorizadas por Arslanian mediante la resolución 1621, del 12 de setiembre, según la cual su organización sería conjunta entre la policía y la Universidad FASTA. FASTA se propone integrar los distintos saberes técnicos en el marco de una visión de la persona humana y del mundo iluminada por el Evangelio para escapar del “pluralismo indiferenciado” que desde el Renacimiento y la Reforma Protestante considera que “todas las posiciones son igualmente válidas”. Según Arslanian, su ministerio firmó convenios similares con varias universidades no confesionales y de firmes valores democráticos, como la de Lanús.
El Superintendente de Policía Científica en Función Judicial, comisario mayor Daniel Salcedo encomió los resultados de esos cursos de especialización. “Contamos con más de quinientos inscriptos y la devolución que nos hicieron posteriormente fue muy positiva”, dijo dos días antes de la desaparición de Jorge Julio López. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de FASTA, Silvano Penna, anunció que a partir del año próximo su Universidad ofrecerá una nueva licenciatura para el perfeccionamiento de los técnicos de la policía de Buenos Aires en Criminalística y Seguridad Ciudadana. Según la publicación oficial de FASTA, Penna “agradeció el gesto de confianza del Ministerio de Seguridad de la provincia hacia la Universidad FASTA al posibilitarle la realización de cursos de capacitación policial y de ahora en más también de articular los estudios terciarios en Criminalística y Seguridad Ciudadana con la especialización universitaria”. Dijo que “lo primero que haremos será satisfacer la demanda insatisfecha más urgente, que es la de técnicos de la policía bonaerense que a partir del 2007 teniendo el título de Técnico en Criminalística o en Seguridad Ciudadana podrán acceder con un año o un año y medio más de carrera a la licenciatura en ambas especialidades”. Sentado junto a Penna estaba el comisario Salcedo y en las jornadas también participó el subsecretario de investigaciones en función judicial, comandante general Enrique Galesio. Ninguno desmintió a Penna. Arslanian integró la Cámara Federal que hace dos décadas juzgó a Camps y Etchecolatz. Cuando leyeron su condena, Etchecolatz amenazó a Arslanian y a los demás jueces, en un tono más vibrante que el que usó ahora contra los miembros del tribunal oral que volvió a condenarlo. Ante las críticas de Blumberg, Arslanian dijo que no le perdonan haber presidido el tribunal que juzgó a Videla. Esto hace más incomprensible que avale el convenio por el que Solá permite que esta fraternidad integrista intervenga en la deformación de las mentes de una nueva generación de policías e investigadores.
Bussi, Galtieri, Priebke
El interés de Fosbery por la seguridad y sus instituciones no es nuevo. La primera universidad que condujo fue la del Norte Santo Tomás de Aquino y el primer colegio el Boisdron, ambos en Tucumán, con el propósito declarado de formar a la dirigencia católica de la sociedad. El ex diputado nacional Rodolfo Vargas Aignasse, cuyo hermano Guillermo fue detenido-desaparecido durante la dictadura, sostuvo en un programa de televisión que Fosbery se reunía con el hombre fuerte de la dictadura en Tucumán, Domingo Antonio Bussi, en el Comando de la Quinta Brigada de Infantería, para decidir qué personas iban a ser secuestradas. Luego de una visita al arzobispo Luis Héctor Villalba los hijos del ex dictador dijeron que la denuncia ofendía a los católicos tucumanos, pero no entraron en detalles. En 1982, durante la guerra de las Malvinas, Fosbery viajó a Libia por encargo del general Leopoldo Galtieri para conseguir misiles. La misión, que también integraba el entonces coronel José Dante Segudo Caridi, fue detectada por la inteligencia británica. Fosbery no es un marginal dentro de la estructura eclesiástica: presidió la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina y fue miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas. El Vaticano reconoció a FASTA como Asociación Privada Internacional de Derecho Pontificio. Si bien sus vínculos son más estrechos con el arzobispo de La Plata Héctor Aguer y con el ex Obispo Castrense Antonio Baseotto, también conserva la relación con el cardenal Jorge Bergoglio, con quien concelebró en 1999 una misa de acción de gracias por el perdón y la misericordia. Fosbery fundó otras dos sedes de FASTA en Mar del Plata y Bariloche y tiene 29 centros asociados. La sede de Bariloche funcionó durante sus primeros años en el colegio Primo Carraro, por un convenio con la Agrupación Germano Argentina que presidía Erich Priebke. Fosbery hizo un agradecimiento público a Priebke después de su extradición, concedida por la Corte Suprema de Justicia que presidía Julio Nazareno para que fuera juzgado en Italia por crímenes de guerra. Ante la protesta de fieles católicos y judíos, Fosbery se disculpó afirmando que no había sido su intención reivindicar el nacionalsocialismo ni desconocer el juicio al que fue sometido Priebke. A diferencia del Poder Ejecutivo Nacional, el provincial ha mantenido contactos frecuentes y estrechos con la cúpula eclesiástica, con un temario abierto a cuestiones que poco tienen que ver con la espiritualidad. En 2004, Solá invitó a Aguer y a otra docena y media de obispos bonaerenses a discutir políticas de seguridad. Entre ellos estaba el actual encargado de relaciones políticas del Episcopado, Jorge Casaretto. El encuentro se produjo días después de la primera marcha convocada por el empresario Juan Blumberg. Un vocero de los obispos dijo que era un llamado de atención que el gobierno debía escuchar, aunque disintió con que la solución fuera el aumento de penas.
El derecho injusto
La semana pasada la Universidad FASTA también realizó en Mar del Plata un congreso argentino e iberoamericano de Filosofía del Derecho, Política y Bioética para estudiantes y jóvenes graduados universitarios. En Filosofía del Derecho, el temario incluyó “El derecho injusto”, como este sector considera a las leyes y tratados internacionales que permiten juzgar los crímenes de la dictadura. También “el derecho de la guerra: guerra justa e injusta; guerra preventiva; guerra de guerrillas; religión y constitución; libertad de prensa; razonabilidad; tradición, constitución y tratados”. Esta corriente de pensamiento tradicionalista objeta el carácter consensual de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución en 1994 y sólo reconoce el derecho natural, que considera de origen divino. El Congreso también tuvo un capítulo sobre derecho penal: “Fines de la pena y garantías; solidarismo, absolutismo, garanto-individualismo y sus expresiones”. Las publicaciones de la Fraternidad y de los profesores de esos cursos son inequívocos. Guerra justa es la denominación que reservan para la represión dictatorial. En Filosofía Política, el Congreso versó sobre “Soberanía y nuevo orden mundial - Gramscismo y hegemonía cultural”. Uno de los intelectuales afines es el sacerdote jesuita Alfredo Saénz, quien en su trabajo “La estrategia ateísta de Antonio Gramsci” escribió que “estamos en guerra, una guerra que en el fondo es teológica. Gramsci ha trazado con aterradora lucidez la esencia, el camino y la meta de la revolución: la decapitación de Dios y el endiosamiento del hombre”. En Bioética hubo capítulos para la homosexualidad considerada como una enfermedad, la manipulación genética, la eutanasia y el “abortismo pretoriano”. Para estos defensores de la dictadura cualquier forma de aborto, aun luego de una violación, constituye “justicia por mano propia contra un tercero inocente”, según un folleto de 2004.
La doctrina del exceso
Fosbery pronunció la conferencia de apertura en Costa Galana. Entre los panelistas estuvieron:
- Enrique Díaz Araujo, uno de los organizadores de las giras por Cuyo del ex Coronel Mohamed Seineldín;
- Vicente Massot, viceministro de Defensa durante la presidencia de Carlos Menem, ex editor de la revista Cabildo y actual director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Massot debió renunciar al ministerio luego de hacer la pública defensa de la tortura en un reportaje de Ernesto Tenembaum publicado en este diario;
- Héctor Hernández, defensor oficial de San Nicolás, en cuyo poder reapareció luego de una larga ausencia el expediente por el asesinato del obispo Carlos Ponce de León. Durante la dictadura, Hernández trabajó en la delegación de la fiscalía de Estado provincial, cuyo titular era Roberto Durrieu, el principal asesor de Blumberg. Colaborador habitual de la revista integrista Mikael, que editaba el Arzobispado de Paraná a cargo del vicario general castrense Adolfo Tortolo, Hernández es el defensor oficial del policía Carlos Alberto Azzaro en la causa “Novoa”. Se trata del homicidio en 1976 de Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijitos de cuatro y dos años, y de Ana María del Carmen Granada, en un enfrentamiento simulado. El único sobreviviente fue el bebé de Granada, Manuel Goncalves, quien fue dado en adopción y durante un cuarto de siglo ignoró su identidad. En junio de este año Hernández presentó un escrito en el que aduce que la responsabilidad por la muerte de los chicos fue de sus padres porque no se rindieron ante la intimación policial. No se trataría, en consecuencia, de un delito de lesa humanidad, por lo que estaría prescripto aun cuando hubiera habido “cualquier tipo de exceso que ilegitime el operativo”. En agosto, en un artículo publicado en la Revista El Derecho, Hernández atribuyó al ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y a ciertos fiscales y funcionarios “manodurismo” y “tolerancia cero” contra los policías “en nombre de supuestos derechos humanos falsos de los delincuentes”.
Adoctrinamiento
En junio de este año el diario El País abrió una fuerte polémica con un artículo publicado en su edición valenciana, sobre el adoctrinamiento y la presión psicológica que se ejercía sobre los alumnos de los colegios que FASTA administra en España. El artículo relata que en la instrucción los adolescentes entonan canciones que incluyen frases como “Escudero yo me llamo, Escudero de la FASTA” o “yo hago milicia en cada batalla, milicia de Cristo, milicia de FASTA”. La Consejería de Educación valenciana inició tres expedientes a raíz de las denuncias de algunos padres. Según el diario español, FASTA desarrolla sus actividades en 22 diócesis de la Argentina, España, Chile, Brasil y Perú. Congregaciones como las Hijas de María Auxiliadora, las Siervas del Espíritu Santo y las Hermanas Adoratrices vendieron a FASTA sus colegios de Buenos Aires, Mar de la Plata, Tucumán, Córdoba, Neuquén, Valencia y Barcelona, con el compromiso de que conservaran su carácter católico. El grupo parlamentario del PSPV-PSOE solicitó que se realizaran una auditoría y una investigación “acerca de qué hay detrás de la enseñanza y la doctrina que se imparte en ese colegio”, con el propósito de determinar si el reglamento de ese “movimiento ideológico ultraconservador” contraviene “aspectos constitucionales”. Los padres también denunciaron que FASTA les exigía pagos adicionales además de los subsidios estatales. “FASTA nefasta, bajo el manto de la religión están la manipulación y la pasta”, escribió en respuesta a la nota de El País la madre de un estudiante. Una ex alumna narró el poder psicológico que ejercía FASTA sobre los alumnos. “Una vez, durante una clase de religión impartida por la directora, esta mujer nos dijo que los homosexuales eran enfermos mentales.” FASTA sostiene conocer la curación para esa enfermedad, tema que hasta ahora no formó parte de los cursos para policías bonaerenses.
El pasado no ha sido vencido, dijo Kirchner. Si mira alrededor descubrirá que también ocupa algunas posiciones decisivas desde las que apuesta a ser, también, el futuro.
La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino fue fundada en 1962 como una comunidad de fieles laicos ordenados en agrupaciones, colegios, institutos, residencias universitarias, milicias juveniles, comunidades apostólicas, convivios y fundaciones encaminadas a la perfección personal de sus miembros y a la evangelización de la cultura, la familia y la juventud. En 1985, fue autorizada a formar también sus propios sacerdotes. Sus denominadas milicias juveniles funcionan en casas o rucas y algunas de sus actividades se realizan en los liceos militares. En sus colegios se imparte una instrucción militarizada a los adolescentes que reciben la denominación de Escuderos, Milicianos, Templarios o Adalides y cuyos torneos se denominan Cruzadas o Heroica Argentina. Ex milicianos han narrado el trasfondo castrense que tenían las actividades al aire libre de FASTA, sus campamentos, liturgia y misas. Cada jornada comenzaba y terminaba con una formación, en la que se entonaban himnos y se izaban banderas argentinas, y luego todos oían misa. Tanto chicos como chicas vestían un remedo de uniforme, con camisa azul plomo, zapatillas oscuras y boina azul. Cuando el jefe de una escuadra, sección o agrupación llamaba a un miliciano, la respuesta debía ser “a tus órdenes”, luego de hacer la venia en posición de firme. Los milicianos practican tiro al blanco con armas de fuego a partir de los doce años. Cuando un miliciano es castigado, debe tenderse en el suelo para que los demás caminen sobre su cuerpo y luego lo golpeen, actividad que denominan “Capotón”.
Milicia se llamó la principal organización integrista católica que colaboró con la ocupación nazi de Francia. Fue también el nombre de un grupo que, desde la SIDE, participó en el plan Cóndor. Uno de sus miembros fue Federico Rivanera Carlés, quien editó en 1982 en talleres de la Armada una historia del partido nazi alemán, con tapa en letras de oro y noventa fotografías de Hitler. El ya fallecido Rivanera Carlés fue secretario del último jefe de la Policía de Buenos Aires durante la dictadura, general Fernando Verplaetsen, quien en los peores años de la represión había sido jefe de Inteligencia de Campo de Mayo. El año pasado, Verplaetsen invitó a rezar el Vía Crucis en la capilla de uno de los colegios de la Fraternidad de Fosbery, el Santa Catherina (Soler 5942 entre Ravignani y Arévalo), “por los camaradas de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales caídos en la justa guerra contra la guerrilla marxista-leninista” y también “por los inocentes argentinos asesinados antes de nacer; por el Obispo Castrense, Monseñor Baseotto y por todo el Clero Castrense”. Verplaetsen es el fundador de la Asociación Unidad Nacional Argentina (Aunar). En 1995 desafió al entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército Martín Balza por la autocrítica militar, exigió “reivindicar la lucha contra la subversión” y denunció por privación ilegítima de la libertad al juez español Baltasar Garzón. En 1983, Verplaetsen asumió la responsabilidad por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, detenidos en un bar de Rosario. El ejecutor directo fue Luis Patti, a las órdenes del entonces jefe de Inteligencia del Cuerpo II de Ejército, el ahora detenido coronel Pascual Guerrieri. Vinculado con Herminio Iglesias y con el ex arzobispo de La Plata Antonio Plaza, Verplaetsen fue uno de los protagonistas del pacto militar-sindical que Raúl Alfonsín denunció durante la campaña electoral de 1983. En 1985 fue citado a declarar sobre el plan intimidatorio con explosivos en vísperas de las elecciones nacionales, pero no llegó a ser imputado.