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Editorial I Es imperioso decir basta |
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| La nulidad de los indultos al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y a los funcionarios de su gobierno José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy revela que, lamentablemente, nuestra trágica historia continúa siendo un conflicto del presente y exhibe nuestra incapacidad para dejar de ser presos de ese pasado. Una de las primeras controversias que se plantean en la sociedad frente a hechos como el generado en los últimos días por el juez federal Norberto Oyarbide es si la Justicia argentina, al igual que muchos representantes del oficialismo, está actuando con la necesaria imparcialidad cuando dispone la anulación de algunos indultos y no hace lo propio con los jefes guerrilleros que también se beneficiaron con el perdón del gobiern de Carlos Menem. En el proceso de revisión de los delitos cometidos desde el gobierno militar iniciado en 1976, la Justicia de nuestro país viene sosteniendo que cualquier crimen cometido por funcionarios del Estado en el contexto de la represión es imprescriptible, en tanto que los indultos son nulos. Diferente sería, de acuerdo con el criterio de los jueces, la situación de quienes cometieron crímenes en nombre de las organizaciones guerrilleras que tuvieron en vilo a la Argentina en los años 70. Cabe recordar que, durante el gobierno de Menem, fueron indultados 57 miembros de organizaciones guerrilleras, encabezados por los integrantes de la cúpula de Montoneros Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Distintos estudiosos del derecho sostienen que las convenciones internacionales a las cuales adhirió nuestro país no declaran imprescriptibles los delitos de terrorismo en general, sino sólo aquellos cometidos con el apoyo del Estado. Esta doctrina fue tomada por la propia orteà Suprema de Justicia de la Nación cuando, el año último, declaró prescripto un delito del que se acusaba en España al líder de ETA Jesús Lariz Iriondo, que estaba refugiado en la Argentina. Sin embargo, habría que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas definió en 1996 como crímenes de lesa humanidad "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas". Destacó también que esos actos "son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlas". Estas precisiones habilitan a considerar como crímenes de lesa humanidad no sólo los cometidos por el terrorismo de Estado, sino también aquellos llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras que asolaron la Argentina. Como podá apreciarse fácilmente, esta controversia no hace más que reflotar viejos odios y reabrir heridas, al tiempo que divide a una sociedad que sigue hipotecando así su porvenir y postergando la necesaria reconciliación nacional. No se trata, entonces, de pedir que se juzgue a todos sin excepción. Por el contrario, habría que recordar que, desde los tiempos más remotos, la historia revela lo imperioso de decir basta, en determinado momento, frente a problemas como los señalados. Por otro lado, no puede observarse sino con inquietud que, a la hora de reabrir causas judiciales, se pretenda desconocer que la Constitución nacional no admite que se aplique una ley penal para incriminar hechos anteriores a su sanción, o que se tienda a criminalizar una política económica de hace treina años. Así como en las postrimerías del proceso iniciado en 1976 LA NACION se pronunció editorialmente en contra de la llamada autoamnistía con la cual el régimen militar buscó cubrir sus delitos contra os derechos humanos, años después del juicio a los ex comandantes este diario consideró que la familia argentina debía dejar de remover sin equidad las consecuencias de una década trágica. De ese modo lo han hecho sociedades que sufrieron crímenes tan graves como la argentina, o incluso peores, y que hoy se encuentran entre las naciones más cohesionadas y prósperas del planeta. Es imprescindible que, sin olvidar las crueles lecciones del pasado, nuestro país avance tomando el ejemplo del coronel Argentino del Valle Larrabure, víctima de una facción terrorista en 1974, quien durante su largo cautiverio, antes de morir, pidió por escrito a sus familiares que si acontecía lo que finalmente sucedió no odiaran a nadie y devolvieran la bofetada ofreciendo la otra mejilla. |
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