ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA: UNA OFENSA A LOS DERECHOS HUMANOS
El Servicio a la Vida, del movimiento universitario Fundar, consideró que la reciente sanción de la ley de anticoncepción quirúrgica, que autoriza la ligadura de trompas y las vasectomías gratuitas en el servicio del sistema de salud, constituyen “una grave ofensa contra el derecho a la integridad corporal, que aparece reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos”. También expresó su deseo de que “esta ley sea vetada y no se instrumente, sino que se buquen “soluciones no mutiladoras sino caminos de solidaridad y de promoción humana”.
Buenos Aires, 11 Ago. 06 (AICA)
El Servicio a la Vida, del movimiento universitario Fundar, consideró que la reciente sanción de la ley de anticoncepción quirúrgica, que autoriza la ligadura de trompas y las vasectomías gratuitas en el servicio del sistema de salud, constituyen “una grave ofensa contra el derecho a la integridad corporal, que aparece reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos”.
Tras señalar que la norma “resulta incompatible con el artículo 91 del Código Penal, que tipifica como ‘lesión gravísima’ a la esterilización”, recordó que la comunidad científica acepta que se trata de operaciones “altamente irreversibles y que la posibilidad de reversibilidad es remota y costosa”.
“Particularmente grave es -advirtió- la inclusión de estas intervenciones entre las prestaciones del programa de salud sexual. Debe tenerse presente que el programa de Salud Sexual está diseñado e implementado desde una lógica de ‘monitoreo y seguimiento’, con cupos y metas bien precisos”.
Fundar sostuvo que “como sucedió en países como Perú, en orden al cumplimiento de dichas metas, la acción de los ‘efectores’ reduce considerablemente el margen de libertad de las personas, especialmente en los llamados ‘grupos de riesgo’. Justamente en Perú se ha denunciado una campaña de esterilizaciones forzadas que afectaron a más de 300.000 mujeres y 24.000 hombres”.
“El caso peruano es paradigmático y ha sido motivo de denuncias en ámbitos internacionales, llegando el estado peruano a reconocer su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe de esta Comisión se afirma sobre Perú: ‘En septiembre de 1995 se promulgó la Ley N° 26530 que estableció el Programa Nacional de Planificación Familiar e implantó la esterilización como método de planificación familiar. Con base en esta ley, el Ministerio de Salud comenzó una campaña intensa de sensibilización por medio de festivales de salud, para inducir el uso de métodos anticonceptivos irreversibles y tratar de controlar de tal manera la tasa de natalidad, sobre todo entre las mujeres campesinas”
Fundar recordó que la Conferencia Episcopal Argentina dijo que “la responsabilidad social del legislador ante esta decisión es muy grande, pues nos encontramos frente a una ley con efectos permanentes y duraderos” y expresó su deseo de que “esta ley sea vetada y no se implemente, sino que se buquen “soluciones no mutiladoras sino caminos de solidaridad y de promoción humana, que sean instrumentos útiles para trabajar por el bien común y el desarrollo de las personas y las familias, respetando la dignidad e integridad del ser humano”.+
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